En medio de la tormenta política por las cinco mil toneladas de alimentos almacenados y no entregados por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en Córdoba, el grueso de la asistencia alimentaria nacional y también la que depende del Gobierno provincial se hace sin intermediarios. La ayuda llega a través de dos tarjeta que tienen más de 364 mil beneficiarios, que les insumen a ambas administraciones una inversión mensual que supera los 17 mil millones de pesos.
La polémica política que envuelve a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pasó a tribunales federal, en una voluminosa causa judicial que investiga el juez Sebastián Casanello.
En Córdoba, si bien tanto la Nación como la Provincia, también entregan módulos alimentarios a comedores populares, sobre todo en la ciudad de Córdoba, en realidad, el grueso de la asistencia alimentaria estatal llega a través de dos tarjetas magnéticas que poseen directamente los beneficiarios.
En una política que proviene de anteriores gobiernos nacionales, en Córdoba, el mayor aporte lo hace el Gobierno nacional a través de la Tarjeta Alimentar, que tiene 318.113 beneficiarios en la provincia.
Esta tarjeta es administrada y financiada por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
Con un monto que va desde los 52.250 pesos para las familias carecientes con un hijo, y hasta los 108 mil pesos para las que tienen más de tres hijos, con la Tarjeta Alimentar, el Gobierno nacional distribuye en la provincia 16.621 millones de pesos, cada 30 días.
Mientras que el Gobierno provincial también entrega asistencia alimentaria a través de la Tarjeta Social, que tiene 45.866 beneficiarios.
El monto es fijo: 25 mil pesos mensuales, lo que hace una inversión para las arcas provinciales de 1.146 millones de pesos.
A esta ayuda a las familias más carecientes, el Gobierno de Córdoba también incluye a adultos mayores pobres. Son 13.568 beneficiarios en toda la provincia que reciben 25 mil pesos mensuales.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba que conduce Laura Jure, de los 32.298 beneficiarios de la Tarjeta Social (sin incluir a los adultos mayores), 16.377 viven en la ciudad de Córdoba, mientras que 15.921 son del interior.
En síntesis, en toda la provincia hay 363.979 beneficiarios que reciben asistencia alimentaria a través de las dos tarjetas que entregan fondos sólo para la compra de alimentos.
La ayuda de los dos Estados demandan una inversión mensual de 17.767 millones de pesos, siendo el Gobierno nacional el que hace el mayor aporte para esta asistencia.
Sin intermediarios
Desde que el presidente Javier Milei llegó al poder, el 10 de diciembre pasado, una de las prioridades que marcó para sus políticas sociales fue que la asistencia del Estado nacional llegue a los beneficiarios, sin intermediarios.
Precisamente, es lo que sucede con la Tarjeta Alimentaria nacional que depende de la Anses, y la Tarjeta Social que administra el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba.
En diciembre pasado, una de las primeras medidas que tomó el nuevo Gobierno nacional fue aumentar un 100 por ciento el monto que se entrega a través de la Tarjeta Alimentar.
Aunque por otro lado, el nuevo Ministerio de Capital Humano de la Nación, que reemplazó al Ministerio de Desarrollo Social, también entrega alimentos a comedores populares, en su mayoría administrados por organizaciones piqueteras.
El objetivo político fue evitar la intermediación de los piqueteros en la asistencia alimentaria.
No obstante, de manera inexplicable, el ministerio de conduce Sandra Pettovello no entregó más de cinco mil toneladas de alimentos, gran parte que había sido adquirido por el anterior gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Esa situación fue denunciada en febrero pasado por el dirigente social Juan Grabois, polémica política y judicial que puso en la cuerda floja a la ministra Pettovello.
Intimación
Alimentando la discusión política entre el Gobierno nacional y las organizaciones piqueteras, el juez federal Sebastián Casanello consideró “insuficiente” el plan que ya puso en funcionamiento la ministra del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, para distribuir los alimentos almacenados en dos depósitos, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Tucumán.
Luego de la denuncia en febrero pasado, del dirigente piquetero Juan Grabois, sobre que el ministerio de Pettovello tenía alimentos sin entregar que tenía fecha de vencimiento, hace 10 días el juez Casanello le ordenó a la ministra Pettovello que distribuyera más de cinco mil toneladas de alimentos.
Esto generó una crisis en la cartera de Pettovello, con al renuncia de varios funcionarios, entre ellos, su segundo Pablo de la Torre.
La respuesta de la ministra fue que iba a distribuir más de 460 mil toneladas de leche en polvo, que vencen el 30 de julio. La entrega se haría a través de Ejército, con planificación de la Fundación Conin.
Esa leche en polvo se está distribuyendo desde el martes de la semana pasada, en varias provincias. No todas. Porque Conin tiene delegaciones en 17 distritos.
A Córdoba, por ejemplo, llegaron 34 toneladas, que se están distribuyendo a través de las cinco delegaciones de Conin en la provincia.
Sin embargo, más allá de la leche en polvo, el juez Casanello intimó este viernes a la ministra Pettovello para que presente un plan “concreto” para distribuir el resto de los alimentos que están almacenados.
En una presentación ante el juzgado de Casanello que hizo la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano aseguró que al resto de los alimentos se distribuirían a través de “escuelas vulnerables de todo el país”.
La cartera nacional no presentó un listado de esas escuelas “vulnerables”. Es lo que le reclama ahora el juez Casanello.
Francos criticó al juez
En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió este viernes a cuestionar al juez Casanello por la nueva intimación que le hizo a la ministra Pettovello.
“Lo de Casanello es ilógico y se está metiendo en otro poder del Estado. Está haciendo política”, fustigó este viernes el nuevo jefe de los ministros libertarios.
“Es un juez que tiene varios cuestionamientos, tenía varios apodos antes, como que demoraba demasiado, más que lo normal, algunas causas, pero ahora veo que ejecuta con una rapidez inusitada”, dijo Francos sobre Casanello, apuntando a que al magistrado le dicen “tortuga” por –supuestamente– demorar causas judiciales
