Los cambios en la ley de jubilación provincial comenzarán a aplicarse con los salarios y los haberes de enero, ya que el gobernador Martín Llaryora reglamentará antes de fin de año la nueva norma aprobada en la madrugada de ayer en la Legislatura.
Tras la sanción de las modificaciones previsionales –aprobadas por 38 votos a favor y 32 en contra–, las miradas se concentran ahora en la reglamentación de la ley que firmará el gobernador.
Será, precisamente, en la letra chica de esa reglamentación donde se despejarán las principales incógnitas que hoy despiertan los cambios previsionales en Córdoba: desde qué piso se incrementarán los aportes a los empleados públicos y cómo impactarán las subas y bajas en los haberes de los jubilados provinciales.
Estas variaciones dependerán de la aplicación de los mayores descuentos destinados a la Caja de Jubilaciones sobre los activos, de los cuales derivan los haberes del sector pasivo.
Más allá del áspero debate que se vivió en la Legislatura, y que se extendió hasta las 6 de la mañana de ayer, persisten profundas diferencias en las interpretaciones sobre los cambios que realizan oficialistas y opositores.
Para el peronismo, las modificaciones promovidas de manera personal por el gobernador generarán “justicia redistributiva” entre trabajadores y jubilados provinciales.
Así lo expresó Facundo Torres al cerrar el debate y lo ratificó ayer ante una consulta de La Voz. Según sostuvo el flamante presidente del bloque oficialista, cuando los cambios entren en vigencia, “la mayoría” de los estatales, tanto activos como pasivos, sentirá que “mejoraron sus ingresos”.
“Hay que esperar la reglamentación, pero estamos convencidos que todo el ruido que generó este debate en la Legislatura, y también afuera con las protestas, se va a calmar, porque por primera vez una mayoría se sentirá beneficiada con estos cambios, especialmente quienes cobrarán el 82% no remunerativo. Es cierto que otros, los menos, los de mayores ingresos, sentirán que deben hacer un esfuerzo mayor”, argumentó Torres.
Como durante el debate parlamentario, Torres ejemplificó el impacto de la medida, aunque aclaró que habrá que esperar la reglamentación para confirmar este caso testigo.
Según explicó, un jubilado provincial que este mes percibió un haber de $ 1,317 millones, con la aplicación del 82% no remunerativo, debería cobrar el mes próximo $ 1,457 millones. Esto implicaría un aumento de 140 mil pesos de bolsillo, es decir, un incremento del 12%.
Ese 82% no será móvil ni remunerativo. Se instrumentará como un bono que se actualizaría cada seis meses, en función de los aumentos que reciban los trabajadores activos.
Críticas opositoras
En la vereda opuesta, radicales y juecistas sostienen que el 82% al que hace referencia el oficialismo es “una estafa”. “Lo que reclaman los jubilados cordobeses es el 82% móvil. Pero esto del 82% del que habla el oficialismo es una estafa. Van a recibir un bono no remunerativo, cuyos aumentos serán definidos discrecionalmente por el gobernador, sin ningún tipo de garantía”, afirmó Matías Gvozdenovich, presidente de la bancada radical.
El dirigente radical, agregó: “Además, esos fondos saldrán de recortes a otros trabajadores públicos y jubilados con ingresos más altos. En definitiva, el gobernador hace política con la plata de otros”, cuestionó Gvozdenovich.
Mientras tanto, los gremios estatales también esperan conocer la reglamentación de la ley antes de definir los próximos pasos. Bancarios, judiciales, municipales capitalinos, jerárquicos y Luz y Fuerza ya dan por descontado que estarán entre los sectores más perjudicados por la reforma.
