El debate sobre la crisis financiera del sistema universitario se reinstala con fuerza en la Cámara de Diputados tras el veto presidencial del año pasado. Rectores de todo el país nucleados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) presentaron este miércoles su nuevo proyecto de presupuesto para las casas de altos estudios y la oposición buscará aprobar un texto consensuado el próximo 18 de junio.
La fecha fue anunciada por la vicepresidenta de la Comisión de Educación, la kirchnerista Blanca Osuna, en el marco de un nutrido encuentro entre autoridades universitarias, sindicalistas docentes y no docentes, representantes de estudiantes y legisladores de Unión por la Patria, la UCR, el Frente de izquierda, Democracia para siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
La estrategia opositora para destrabar el debate ante la resistencia del oficialismo es aprobar en la sesión prevista para el próximo miércoles un emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto, para realizar dos reuniones de debate el 10 y 11 de junio, acordar un proyecto en base a las distintas propuestas y llevarlo al recinto el 18.
Además del proyecto del CIN, hay proyectos presentados por los diputados Danya Tavela (del sector de Evolución Radical, con acompañamiento de Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica); el cordobés Pablo Carro (Unión por la Patria) y el Frente de Izquierda.
“Garantizar el financiamiento universitario es garantizar el futuro de nuestro país. Estamos presentes rectores de universidades públicas de norte a sur que, junto con estudiantes y sindicatos, consensuamos un texto que hoy compartimos”, destacó durante el encuentro de este miércoles el presidente del CIN, Oscar Alpa.
La diputada Osuna advirtió que “en momentos donde la crueldad y la violencia intentan imponerse, es necesario lograr los mejores acuerdos y las mejores leyes por los estudiantes, docentes y no docentes de las universidades y de todo el sistema educativo”.
Por su parte, Tavela sostuvo que “la sociedad argentina tiene un gran compromiso con el sistema de educación pública y estamos acá para defender ese valor y tener la herramienta de igualdad y justicia que representan las universidades de cada rincón del país”.
Según cifras aportadas en el encuentro, en el presupuesto de las universidades nacionales se registró una caída del 22,1% en 2024 y se proyecta una reducción adicional del 29,9% en 2025, lo que implicaría una disminución total del 45,3% en términos reales respecto a 2023.
“La universidad no tiene que ser una variable de ajuste. Las universidades públicas ayudan a achicar la desigualdad, dando a muchos jóvenes la chance de estudiar y tener un futuro mejor. Por eso tienen que haber más Becas Progresar y de mayor monto. Los estudiantes no deben elegir entre viajar, comprar apuntes o comer”, planteó el presidente de Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho.
El secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos De Feo, coincidió en que “en el Congreso se deben discutir los proyectos sobre financiamiento universitario para seguir defendiendo la educación y garantizar salarios dignos para los trabajadores”.
Como informó La Voz, el proyecto del CIN incrementa progresivamente la inversión en educación superior, pasando del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
Uno de los puntos nodales es que garantiza anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por la variación anual del año anterior del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Asimismo, encomienda al Poder Ejecutivo Nacional convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
El proyecto del CIN agrega que todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente.
Hacia adelante, obliga a convocar a paritarias con una periodicidad no mayor a tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para los trabajadores.
Por otra parte, crea un fondo anual de $10.000 millones, actualizable anualmente por IPC, para generar o incrementar carreras estratégicas. Y además amplía anual y progresivamente el monto de las becas universitarias. Proponen financiar ambos puntos con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos.
