El Gobierno nacional atravesó otra semana difícil, por las derrotas legislativas en el Congreso y por el enfrentamiento con la oposición amigable, que colaboró en la sanción de iniciativas que comprometen las cuentas públicas.
Las operaciones a través de las redes sociales y el escaso manejo político del liberalismo no lograron revertir la actitud de los legisladores opositores en tres hechos clave que se sucedieron en el Congreso.
Con el kirchnerismo alentando los proyectos, aunque sin colocar sus figuras en primera fila, diputados y senadores del PRO, del radicalismo y del peronismo moderado derogaron el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que otorgaba $ 100 mil millones a los servicios de inteligencia.
Además, sancionaron una iniciativa para recomponer los ingresos de las universidades, de docentes y no docentes, sin el cálculo acertado del costo fiscal.
Derrota para el Gobierno
La derrota más significativa para el oficialismo fue la sanción de una nueva ley de movilidad jubilatoria, con un respaldo mayoritario en ambas cámaras.
El veto del Presidente podría ser dejado sin efecto a partir de la construcción de esa mayoría circunstancial, que supone los dos tercios de los miembros de Diputados y del Senado.
Nadie niega la necesidad de mejorar los ingresos de los jubilados. Dos de cada tres redondean apenas un haber de $ 300 mil mensuales. Ese monto no permite una alimentación saludable ni una atención digna de la salud.
Por contrapartida, el escarnio público obligó a los senadores a retrotraer un aumento que ¡multiplicaba por 30 el haber mínimo de los jubilados!
El costo fiscal de la nueva movilidad es incalculable, ya que no se trata sólo de restituir el desfase del 8% entre la inflación y el aumento otorgado en enero último.
El proyecto incluye múltiples actualizaciones, sin especificar en ningún artículo de dónde provendrán los recursos.
Si bien podría señalarse que esa tarea es responsabilidad del Poder Ejecutivo, llama la atención la actitud olvidadiza del peronismo-kirchnerismo, que en su momento aceptó el veto de Cristina Kirchner a la restitución del 82% móvil a los pasivos, que habían aprobado ambas cámaras.
Varios de los actuales diputados y senadores peronistas-kirchneristas también habían levantado la mano para sancionar la ley de movilidad de Alberto Fernández, que significó una pérdida real de 14% para los pasivos.
Nadie pareció preocuparse en ese momento por “la miseria que ganan los jubilados”.
Goles en contra
Pero el Gobierno también aporta lo suyo para generar incertidumbre y derrumbar la confianza de los consumidores, que en agosto mejoró 6%, la suba más alta de la actual gestión, según la medición de CIF-Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
El desprecio por la negociación política y la carencia de interlocutores para atemperar y moderar los proyectos de la oposición formaron parte de los tres cachetazos que recibió Milei, además de los incomprensibles enfrentamientos entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y con Mauricio Macri, el político más afín al ideario de La Libertad Avanza.
Tampoco Luis Caputo logra despejar definitivamente las dudas sobre cómo desarmar el cepo sin que ello implique una fuerte corrección del dólar oficial por la actual brecha cambiaria del 30%.
Una devaluación impactará en la inflación, el mayor capital político del Gobierno. Además, según el economista Ricardo Arriazu –uno de los más escuchados en los ámbitos empresariales–, con la devaluación “se acabó Milei, se acabó todo”.
Caputo confía en la reversión de déficit a superávit en materia energética (aportaría U$S 6 mil millones este año), en el blanqueo (las consultas de los particulares son intensas en los estudios contables) y en las inversiones en minería y en petróleo.
Ese combo aportaría los dólares necesarios para dejar atrás el cepo y permitiría pagar la deuda.
Pero un desliz del ministro sembró dudas: negó una negociación en marcha con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debería prestar dólares frescos, aunque un mes atrás dijo que esas tratativas estaban encaminadas.
Una oposición despreocupada por el déficit fiscal y sólo interesada en sancionar proyectos que le sumen votos en 2025, más los desaciertos políticos del Gobierno, empañan la confianza de consumidores e inversores.
El modelo que alienta Milei necesita de las iniciativas privadas para reactivar la economía y la mejora real de los salarios y de las jubilaciones.
Para ese objetivo, no son buenas señales las derrotas legislativas y las peleas internas.
