El regreso de las sesiones de la Legislatura de Córdoba estará marcado por los intentos de la oposición por “bajar” la suba de impuestos vigentes desde hace ya un mes. El incremento del Inmobiliario urbano generó numerosas polémicas, ya que abundan los casos en que las subas superan el 172,5%, que según informó la administración de Martín Llaryora es el tope del incremento. Esa suba corresponde a la actualización por Ripte, un indicador que refleja la suba de los salarios privados.
No obstante, se multiplican los casos de inmuebles con incrementos muy superiores a ese porcentaje y la oposición tomó la presión impositiva como principal bandera. Con el regreso de la actividad legislativa, desde este lunes ingresarán a la Unicameral varios proyectos.
El sábado el diputado nacional Rodrigo de Loredo anticipó que si en su discurso de apertura de sesiones Llaryora no anunciaba una reducción de los incrementos los legisladores radicales “van a llevar al recinto un proyecto de ley que ponga un tope a los aumentos inmobiliarios”. Consideró que esos aumentos –dijo que llegan al 1.000%– son confiscatorios y aclaró a los legisladores opositores que suelen apoyar al oficialismo que “se tendrán que hacer cargo los legisladores comprados por el peronismo de validar el mayor robo impositivo a los cordobeses de la historia”.
De Loredo también anticipó que en paralelo van a judicializar, “por inconstitucional y confiscatorio, un coeficiente tramposo y oscuro que aplica el gobierno sobre tus impuestos y que tiene como consecuencia la multiplicación exponencial del tributo”. No se informó si esa presentación judicial será hoy, cuando también se normaliza la actividad judicial tras la feria de enero.
Pedido de prórroga
En tanto, el legislador radical Dante Rossi solicitó que el próximo miércoles se trate en la Legislatura un proyecto de su autoría que dispone la prórroga del vencimiento del pago único del impuesto inmobiliario urbano por 30 días, estableciendo como tope máximo de actualización para todos los casos, sin excepción, del 172,51 %, tal como lo determina el Ripte.
Asimismo, se dispone que la Dirección General de Rentas de la Provincia en el plazo de quince días de sancionada esa norma, proceda de oficio a resolver los casos de actualización que superen ese índice.
El legislador Gregorio Hernández Maqueda también pidió el tratamiento sobre tablas en la primera sesión del año del proyecto de reforma tributaria que había presentado en abril del año pasado. Esa propuesta apunta a la eliminación del Impuesto a los Sellos y una reducción del 50% en todas las alícuotas de Ingresos Brutos.
Defensa oficial
Hasta ahora, el Gobierno se mantuvo inflexible frente a los reclamos y Llaryora recomendó que el que no pueda pagar solicite las facilidades que están vigentes. El Panal sostiene que apenas el 1% de las cuentas tuvo incrementos superiores al 172,5%, es decir unas 18.000 cuentas del Inmobiliario. Afirman que la inmensa mayoría de los casos son inmuebles que se encuentran en countries y barrios cerrados y que se encontraban subvaluados o en una categoría equivocada. También son numerosos los casos de playas de estacionamiento con subas muy altas.
Además, la Provincia asegura que el porcentaje de pago se incrementó respecto de 2024. Según los datos oficiales, a fin de enero habían pagado vencimientos del Inmobiliario 25% más de constribuyentes que en 2024 y 17% más en el caso del Automotor. Además hay un 27% más de contribuyentes que adhirieron al pago en seis cuotas.
En su discurso del sábado, Llaryora anunció un esquema de diferimiento del Inmobiliario para el sector industrial. Además oficializó un acuerdo con la Unión Industrial de Córdoba para elevar el mínimo no imponible. “De esta manera, aquellas empresas que hayan facturado menos de $ 2.513 millones quedarán exentas de pagar Ingresos Brutos”, explicó. Se trata de un beneficio muy importante para los establecimientos industriales pequeños y medianos.
En tanto, la defensa política frente a los cuestionamientos locales y nacionales por la presión impositiva de la provincia de Córdoba está en manos del titular de la bancada de Hacemos por Córdoba, Miguel Siciliano, quien pide rediscutir el sistema impositivo, ya que “el Gobierno nacional se queda con el 70% del dinero que los argentinos pagamos en tasas y en impuestos y solamente se encarga de las relaciones internacionales, de mantener un pequeño ejército y de prestar seguridad a través de la Policía Federal y las otras fuerzas nacionales, en CABA y en pequeños distritos”.
“Si la Nación nos dejase a Córdoba el dinero que es de los cordobeses, no solamente podríamos administrarlo mejor y con superávit, sino que estoy convencido que hasta podríamos bajar impuestos”, planteó Siciliano, que no se refirió a la suba del Inmobiliario.
