Tras el incendio del viernes pasado en la sede de la Apross, la oposición arma pedidos de resolución que apuntan a conocer no sólo qué fue lo que motivó las llamas y su alcance, sino también reclama saber el estado financiero de la obra social provincial.
La legisladora radical Brenda Austin, junto con el apoyo de su bloque, ingresó un proyecto de resolución en el que planteó 11 interrogantes dirigidos a Apross y al Gobierno provincial.
El pedido de informe solicita al Gobierno provincial datos de los ministerios de Salud, Gobierno y Seguridad vinculados con el incendio, pero también el estado contable.
El primer interrogante se basa en que se informe qué datos oficiales se cuentan sobre el incendio. “¿Cuál fue la causa, el área afectada y el nivel de daño estructural y documental registrado?“, preguntaron los legisladores.
“¿En qué sector del edificio se originó el fuego? ¿Qué funciones específicas se desarrollaban en esas áreas? ¿Qué documentación física y digital se encontraba resguardada allí? ¿Qué protocolos se activaron para el resguardo de la información?, se interrogó en el pedido de resolución.
También se pidió que las autoridades informen sobre “cuál es la evaluación preliminar sobre el volumen de datos que se perdió”.
“¿Existen copias de respaldo? ¿Dónde se almacenaban y en qué estado se encuentran? ¿Con qué sistemas de resguardo y respaldo de información cuenta Apross?“, se consultó.
Se solicitó, además, que se informe de manera detallada la totalidad de carpetas o expedientes en soportes en papel que se encontraban en la zona afectada por el incendio. “Pedimos que se informe si esa documentación contaba con respaldo en soporte digital, en cuyo caso dónde se encuentran alojados y remita”, solicitaron.
Los legisladores pidieron que se indique qué criterios adoptó el Ejecutivo para garantizar la conservación y la integridad de la información para el funcionamiento de Apross, junto con la investigación de presuntos delitos de defraudación en curso.
También se pidió información precisa sobre si existían alarmas, detectores de humo y matafuegos. “¿Cuál es la antigüedad del sistema? ¿Cuándo se instaló? ¿Se realizaron actualizaciones o modificaciones?“, se consultó.
En el mismo pedido se solicitó que se dé cuenta de qué recursos humanos y materiales cuenta Apross para el funcionamiento de la obra social provincial.
Y apuntaron directamente sobre si, en el marco de las causas abiertas en las Justicia, con denuncias que realizó Apross y que lleva unos 30 detenidos, se “apartaron funcionarios o responsables políticos”.
“Qué acciones tomó el Ejecutivo”
“¿Qué acciones tomó el Poder Ejecutivo respecto de las investigaciones sobre las denuncias públicas y judiciales de defraudación al Apross? ¿Qué funcionarios o responsables políticos fueron apartados, reasignados o investigados en el marco de las investigaciones en curso sobre estafas y defraudación?“, preguntaron.
Además, los legisladores preguntaron si se hicieron auditorías internas. “¿Qué medidas se han implementado para fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y supervisión de las prestaciones y para las prescripciones de medicamentos, en especial tratamientos crónicos y oncológicos?“, consultaron.
Al final del proyecto pidieron que se dé cuenta de la situación financiera. “¿Cuál fue el estado contable acumulado al cierre del ejercicio 2024 y cuál es la proyección presupuestaria para 2025?“, preguntaron.
“El incendio constituye un hecho de gravedad institucional no sólo por sus posibles consecuencias en la gestión administrativa, sino por la protección de datos sensibles y la investigación de presuntos hechos de corrupción. Apross se encuentra en el centro de múltiples cuestionamientos públicos e investigaciones judiciales por presuntas estafas millonarias”, expresaron en los fundamentos.
Los legisladores insistieron en que debe identificarse qué tipo de información pudo haberse perdido y qué protocolo se usó.
“Resulta imperioso saber si el edificio cumplía con las normas de seguridad, si existían advertencias previas o irregularidades edilicias, y qué tipo de respaldo existía sobre la documentación crítica”, insistieron.
Estado contable
En relación con el estado de las cuentas de este organismo provincial, dijeron que “es necesidad de esclarecer con precisión cuál es la situación financiera actual y cómo se proyecta su sostenibilidad en el mediano plazo”.
“La ciudadanía merece respuestas claras. Este pedido de informes busca garantizar el derecho a la verdad, la transparencia de la gestión pública, el resguardo de pruebas clave y la protección de los derechos de los afiliados”, insistieron.
