Mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindaba su informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición activó tras bambalinas una negociación contrarreloj para sesionar la semana próxima con el fin de insistir con la ley de movilidad jubilatoria que el presidente Javier Milei vetó el lunes.
En simultáneo, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó una reunión de Labor Parlamentaria donde no hubo acuerdo para sesionar este jueves, pero Unión por la Patria avisó que igual bajará al recinto para tratar la ley de presupuesto universitario y el DNU 656/24, que aumentó los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia (Side).
La de este miércoles fue una jornada frenética en el Congreso. Diputados de Unión por la Patria, la UCR y Encuentro Federal entablaron conversaciones para pedir una sesión especial para la semana que viene, con apoyo multipartidario, con el fin de rechazar el veto total a la ley previsional, que según Milei compromete las cuentas públicas.
La mirada predominante en la oposición, según distintas fuentes consultadas, es la de ir al recinto a pesar de no tener garantizados los dos tercios de los votos necesarios para rechazar el veto. En la primera votación, habían tenido 160 positivos. De estar ahora los 257 diputados presentes, precisarán el apoyo de 172. El Gobierno apuesta a revertir votos y a forzar ausencias.
El éxito de la sesión requiere de al menos dos factores: la presión que puedan ejercer los gobernadores del peronismo y la ex alianza Juntos por el Cambio sobre diputados de la oposición para que no acompañen; y un viaje de un grupo de legisladores a China en una misión diplomática, que podría suspenderse para evitar ausencias.
El bloque conducido por Rodrigo De Loredo abordó el tema en una reunión realizada este martes, y el cordobés dijo a La Voz que hay una intención mayoritaria de insistir con la ley. Sin embargo, hay un grupo minoritario que no quiere ratificar la norma, y otro que espera órdenes de gobernadores.
En esas filas, hay quienes sugieren una salida intermedia: que el Congreso insista con una parte de la ley (la fórmula de ajuste mensual de los haberes por IPC y la recomposición del 8% por la pérdida contra la inflación de enero) y acepte el veto de los demás artículos, entre los que figuran una garantía del haber mínimo y la cancelación de deudas con cajas provinciales.
Esa posibilidad fue alentada en la red social X por la cordobesa Soledad Carrizo (que, junto a su par Luis Picat, se mostró con Menem en la provincia a fines de agosto). Según Carrizo, hay un antecedente del año 2002, cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa vetó totalmente la Ley 25.471 de Programa de Propiedad Participada de los ex agentes de YPF y el Congreso insistió con una parte de su proyecto original.
En Encuentro Federal admitieron que la opción es constitucionalmente posible y lo barajaron como “plan B”, pero es difícil que esta opción prospere debido al rechazo de Unión por la Patria, que es el bloque más numeroso con 99 miembros. Al ser sondeado, el bloque de Germán Martínez contestó que la única salida posible es la insistencia total de la ley, sin medias tintas.
En la sesión informativa de este miércoles, tanto De Loredo como Miguel Pichetto le transmitieron a Francos su malestar por que el presidente haya optado por el veto total en lugar de hacerlo parcial, lo que abría una ventana de negociación con el Congreso.
Otro factor tan importante como inesperado de cara a la sesión es el viaje que un grupo de diputados emprenderá este viernes a China. La comitiva es encabezada por la libertaria Juliana Santillán y el oficialismo necesita que esté presente para que vote negativamente. Lo mismo con otro integrante de la comitiva, Martín Ardohain (PRO).
Del mismo modo, pero desde el lado de la oposición, también tenían previsto viajar los diputados Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Juan Marino (Unión por la Patria).
Senado
En la Cámara alta, Villarruel encabezó una reunión de Labor Parlamentaria con jefes de bloque y no hubo acuerdo para sesionar este jueves. El oficialismo no tenía los votos asegurados para avanzar con la reforma electoral que busca implementar la Boleta Única de Papel (BUP). El proyecto sufrirá cambios, pero no hay consenso cerrado en torno a cuáles.
Villarruel no convocó a sesionar y apunta a hacerlo el 12, pero Unión por la Patria avisó que igual bajará al recinto este jueves para intentar sancionar la ley de financiamiento universitario (que el presidente Milei podría vetar) y voltear el DNU que aumentó los fondos reservados para inteligencia.
Los senadores del peronismo/kirchnerismo, encabezados por José Mayans, presentaron una nota ante Villarruel para que “arbitre los medios necesarios en orden a garantizar las condiciones necesarias para la celebración de una sesión ordinaria a celebrarse el jueves 5 a las 14″. Tienen pensado bajar al recinto aunque no haya convocatoria oficial; argumentan que pueden hacerlo porque el Congreso se encuentra en sesiones ordinarias.
La bancada busca acarrear a un grupo de radicales para que den quórum. “Esperamos poder contar con la presencia de los otros bloques para poder darle repuesta a todos las universidades del país y ponerle un punto final al despilfarro que hizo este gobierno con los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia”, expresó Unión por la Patria.
Respecto de la boleta única, las negociaciones para modificar el proyecto de Diputados se intensificaron en los últimos días, pero aún no estaban lo suficientemente maduras. Entre las opciones se baraja la de cambiar el diseño de la boleta, y reemplazar el modelo cordobés por el mendocino, que divide las categorías de forma vertical en lugar de horizontal.
También había discusión en torno al casillero de voto por “lista completa”, algo que era resistido desde el oficialismo de Río Negro, que suele competir con “boleta corta”, sin engancharse a candidato presidencial. En el Senado se traduce en un voto clave, de la legisladora Mónica Silva.
