Un hombre fue reducido por la custodia del gobernador Juan Schiaretti en un incidente que se registró el lunes pasado en Río Cuarto.
El caso se metió de lleno en la campaña y desde la oposición salieron a cuestionar al Gobierno provincial.
La UCR, Juntos UCR y Juntos por el Cambio, emitieron un comunicado en el que repudiaron la “desmesurada reacción” y afirmaron que se violó el derecho de protesta del ciudadano.
El comunicado completo
La Unión Cívica Radical de Córdoba, de forma conjunta con los bloques de legisladores Juntos UCR y Juntos por el Cambio de la Unicameral de Córdoba, expresan su más enérgico repudio a la desproporcionada reacción de la custodia al Gobernador de la Provincia, quienes ante una petición verbal de un ciudadano para que “redujera los impuestos provinciales”, fue sin más trámite, DERRIBADO por un grupo de policías de civil que, lejos de ser servidores públicos garantes, violaron con toda violencia los derechos que asisten a todo ciudadano de la provincia de peticionar a sus representantes y a no ser detenido sin justa causa.
Las medidas razonables de custodia y protección del gobernador Schiaretti de ninguna manera pueden usarse para vulnerar derechos fundamentales de todos los ciudadanos, salvo que en la provincia se haya instaurado una monarquía que prohíba molestar aún verbalmente a nuestros “reyes”.
Este acto requiere de las inmediatas disculpas por parte del Gobierno de la Provincia, pues tolerarlo o guardar silencio, constituiría un mensaje devastador para cualquier cordobés que en este presente o a futuro tenga necesidad de solicitar algo a nuestros gobernantes.
Hoy más que nunca ratificamos, pues adquiere una significación profunda, nuestra preocupación por la conculcación de libertades y la vulneración de derechos básicos. Resulta increíble que a esta altura de la vida institucional de la Provincia y de casi 40 años de democracia plena, el Estado tolere sin intervenir la violación de derechos constituyentes de la vida civil: el derecho a la libertad y a peticionar a nuestros representantes.
El ejercicio legítimo de un derecho NUNCA puede constituir un delito o falta, susceptibles de sanción.
Frente a estos acontecimientos instamos a los poderes constituídos a que se garantice de manera irrestricta el estado de derecho, derechos de los que gozamos todos los habitantes del suelo argentino consagrados en nuestra Carta Magna.
