La recomposición de los haberes jubilatorios que puso a Javier Milei con los nervios de punta fue aprobada en la Cámara de Diputados con dos tercios de los presentes y la oposición se entusiasma con consolidar ese número y repetirlo en el Senado para revertir un probable veto presidencial. Para Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal y otros bloques que acompañaron, el resultado de la sesión fue auspicioso.
El proyecto recibió 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. Había 240 presentes de los 257 diputados totales. Si esta fuera la votación de insistencia ante un veto de Milei, podría ser más holgada aún porque la Constitución Nacional obliga a insistir con dos tercios de votos, y en ese caso se descuentan las abstenciones (un “no voto”) de la base de cálculo. Es decir, se tomarían 160 votos sobre la base de 232, que es la sumatoria de los votos positivos y negativos, y no sobre los 240 presentes.
Más allá de la matemática, también hay un dato político: los cinco diputados del Frente de Izquierda, que este miércoles se abstuvieron porque defendían su propio dictamen, pasarán a votar a favor de la ley de recomposición jubilatoria si el Ejecutivo la veta y vuelve al Congreso. “Si el presidente intenta vetar la ley, nuestros votos se transformarán en un voto contra el veto presidencial”, confirmó Myriam Bregman.
Por el contrario, las otras tres abstenciones que hubo corresponden a aliados del Gobierno y podrían transformarse en votos negativos: son la tucumana Paula Omodeo, del monobloque Creo, y dos sanjuaninos que responden al gobernador Marcelo Orrego, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno. Lo mismo podría suceder con algunos de los ausentes, como el caso de Silvia Lospennato (PRO).
Hay 41 antecedentes de leyes insistidas por el Congreso (total o parcialmente) desde 1983, según registros de la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso a los que accedió este medio. El último corresponde a un veto parcial del Presupuesto 2003.
La votación dejó demostrado, para preocupación de Milei, que los dos tercios no son imposibles de conseguir. Tampoco en el Senado: allí, si los 72 integrantes están presentes, se necesitarían 48 votos, un número alcanzable para el conglomerado de Unión por la Patria, la UCR y bloques provinciales.
Pero además de la insistencia en la ley, la oposición tiene otras alternativas que ya empezaron a analizarse tímidamente. Por ejemplo, la de convocar a una consulta popular, para lo cual solo se necesita mayoría simple. Si el pueblo vota afirmativamente la ley, el presidente no podrá vetarla.
Lo cierto es que al menos cuatro bloques que vienen de respaldar la “ley bases” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica) le propinaron esta vez un golpe al Gobierno, que pudo convertirse en realidad gracias a las presencias y votos de Unión por la Patria, que ostenta la primera minoría.
“Tiene que tomar nota el Gobierno de que no solo el presidente tiene poder; también el Congreso. Esto es para que el Gobierno entienda que el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo es una relación continua que se construye, no de episodios aislados”, evaluaron en el bloque radical que encabeza Rodrigo De Loredo.
Qué dijeron los cordobeses
De Loredo buscó despejar la versión de un “acuerdo” con Unión por la Patria. “El kirchnerismo, principal hacedor del colapso previsional, vino con recetas irresponsables y no tuvo más remedio que acompañar la iniciativa liderada por la UCR”, afirmó a La Voz, al recordar que el dictamen votado fue el del radicalismo, porque antes cayó el de UP.
“Lideramos una propuesta absolutamente responsable en el costo fiscal, que no rompe el equilibrio fiscal y es equivalente al costo del régimen de promoción de Tierra del Fuego”, aseguró el cordobés. Según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo del proyecto es del 0,43% del PBI.
Por su parte, Carlos Gutiérrez, del núcleo del gobernador Martín Llaryora, explicó que comparten “la necesidad de combatir el déficit fiscal”, pero aclaró que “eso no puede dar lugar a excesos” y también llamó a revisar los regímenes tributarios especiales.
“Nosotros ayudamos a que tuviera media sanción la Ley Bases. En lo que no se puede enojar el Gobierno es con que nosotros pretendemos corregir excesos. Una cosa es el espíritu de ayuda al Gobierno, dándole las herramientas que ha dicho que necesita para gestionar, y otra cosa es permitir o no corregir excesos”, insistió Gutiérrez.
En tanto, Oscar Agost Carreño, titular del PRO cordobés y también miembro de Hacemos, expresó: “Celebro el déficit cero y que mes a mes la inflación baje, pero no podíamos permitir que de cada 100 pesos que el Gobierno ajusta para lograrlo, 40 lo afronten los jubilados”.
“Esta no es una discusión de macroeconomía; es de prioridades y empatía, buscando que no sean los jubilados los que más se esfuerzan con el ajuste”, planteó el legislador, uno de los dialoguistas que trabajó duro para sacar adelante tanto la “ley bases” como la recomposición jubilatoria.
Además, consideró que “si no hay plata para jubilaciones” hay que “desarmar” el régimen especial de Tierra del Fuego, una propuesta que crece entre los bloques colaborativos pero que el Gobierno, hasta el momento, ni siquiera evalúa.
Por último, el demócrata cristiano Juan Brügge remarcó: “Desde Hacemos siempre planteamos la necesidad de discutir el atraso jubilatorio. Era hora de sacar una norma y no quedar a criterio del Poder Ejecutivo. Pagar a los jubilados no es un gasto, es una obligación del Estado”.
Para Brügge, la media sanción “fue un proceso natural que fue decantando dentro del Parlamento”. Agregó que “no es que nos juntamos entre gallos y medianoches ni que el kirchnerismo de repente se puso de novio con la UCR ni con Hacemos”, y destacó la necesidad de buscar “consensos en función de los temas, de la agenda, y no de las ideologías”.
