El caso de la supuesta estafa $Libra se reactivó con fuerza en el Congreso. La oposición volvió a citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien esta vez quedó contra las cuerdas: tanto ella como otros funcionarios podrán ser llevados a declarar por la fuerza pública, intervención judicial mediante. Así lo establece el reglamento aprobado este martes en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Además de Karina, convocarán al vocero presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y la excoordinadora de la Unidad Especial de Investigación creada por el Poder Ejecutivo, María Florencia Zicavo; entre muchos otros.
En paralelo, le enviarán un cuestionario escrito de nueve preguntas al propio Javier Milei, que será remitido en lo inmediato. El presidente tendrá cinco días hábiles para responder. Entre las consultas figura cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $Libra, que publicó en X el 14 de febrero, ya que esa información no era pública hasta ese momento.
Las citaciones a testigos aún no tienen fecha. Con Ferraro a la cabeza, la oposición elaborará un cronograma para las próximas semanas. El reglamento no especifica qué tolerancia habrá para solicitar la intervención judicial ante la reticencia de un testigo. La oposición irá tanteando el clima político antes de tomar esa decisión.
El reglamento fue aprobado con 14 votos afirmativos de los 28 integrantes de la comisión. Apoyaron los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Del otro bando, los representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Liga del Interior (“radicales con peluca”) e Innovación Federal (provinciales) optaron por no pronunciarse o abstenerse.
“Estar aquí no significa convalidar los métodos con que se eligió la presidencia”, aclaró la espada parlamentaria del PRO, Silvana Giudici. Los oficialistas y aliados no aportaron al quórum, con dos excepciones: el tucumano Mariano Campero (Liga del Interior) y el bonaerense Eduardo Falcone (MID), dos legisladores que supieron ser aliados incondicionales del Gobierno pero ahora toman distancia.
El artículo 8 del reglamento, titulado “Medidas de fuerza”, establece que “la comisión podrá requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación, fundando dichos requerimientos en la existencia de elementos de prueba vinculados directa y concretamente con el fin de la investigación”.
Y agrega que “en caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna”.
En nombre del oficialismo, el mendocino Álvaro Martínez, rechazó el reglamento: “Más que hacer un reglamento, lo que se pretende es un Poder Judicial paralelo, por las atribuciones que se le pretende dar a la comisión. Para las medidas de fuerza está el Poder Judicial. Lo que están intentando, además de ensuciar al Gobierno, es violar la división de poderes y buscar alguna excusa disfrazada de reglamento para ponerle palos en la rueda al Gobierno”.
La oposición rechazó esos argumentos. “El reglamento está dentro de los canones de los reglamentos de las comisiones investigadoras que hubo”, retrucó Mónica Frade, de la Coalición Cívica. “Nadie pretende ensuciar al Gobierno, porque el Gobierno está solito más sucio que una papa”, remató Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
Otras medidas de prueba
Además de los testimonios, la oposición avanzó con el pedido de numerosas medidas de prueba. A pedido del cordobés Oscar Agost Carreño, se librará un oficio a las exchanges involucradas en el pool de liquidez, el retiro de fondos y las 109 transferencias de fondos vinculados a $Libra. Son 16 billeteras, de las cuales cuatro fueron utilizadas para inyectar fondos y retirarlos. El objetivo es conectar billeteras y operaciones con personas.
Por su parte, el kirchnerista Rodolfo Tailhade puso el foco en el diputado libertario José Luis Espert, uno de los que había compartido la publicación de Milei y que luego promocionó otra cripto, $Libra V2, pero denunció que le habían hackeado la cuenta. Se librarán oficios por este tema al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2 y a la red social X. En este aspecto avanzan con cuidado, porque Espert goza de fueros.
También se solicitó información sobre los ingresos y egresos, tanto en la Casa Rosada como en la residencia de Olivos, de Hayden Davis (creador de $Libra), Terrones Godoy, Morales, y el conocido como “Julian Peh”, entre otros. A su vez, crearán una subcomisión de cinco miembros que se constituyan en el estrado de la jueza María Servini con el fin de que tengan acceso al expediente “in situ”.
