Bajo el lema “más oportunidades que penas, la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina sentó posición pública por el debate que se está llevando adelante en el Congreso con el tratamiento de proyectos que buscan bajar la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. “NO se trata de bajar la edad de imputabilidad, SÍ de asumir cambios profundos”, afirma el órgano dependiente de la Iglesia.
Al exponer su posición, la Pastoral Social traza un panorama del complejo cuadro de situación que atraviesa a la sociedad argentina: crisis económica, aumento de la pobreza y desigualdad, deserción escolar y aumento del consumo de drogas en menores y adolescentes. También se preocupa por transmitir “solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”.
De todas modos, el documento concluye: “Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”.
Al sentar postura, la Iglesia apela a estadísticas de criminalidad juvenil. Y plantea que antes hechos de violencia en los que los menores son victimarios “se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”. “Lo que sabemos por la estadística oficial –prosigue– es que los menores no son los que más delitos cometen”.
Al contextualizar el estado de situación, la Pastoral Social pone en el centro del debate al narcotráfico, el consumo de drogas y la ”falta de oportunidades”.
Pide, además, más lugares para la contención social y la educación. Así lo plantea: “Nos preguntamos: si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”.
