Por primera vez en la historia, la oposición tiene el control del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Este nuevo escenario generó una disputa política entre la gestión del gobernador Martín Llaryora y el organismo de control en el cual el juecismo tiene mayoría propia.
En diciembre pasado, la Provincia presentó una demanda sobre el inicio del plazo de 15 días que tiene el Tribunal de Cuentas para visar un expediente, caso contrario, queda firme el gasto que el organismo debe controlar.
En este caso, lo que deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por ser un conflicto de poderes, es si el plazo de 15 días rige desde el momento en que el Poder Ejecutivo remite el expediente, o como sostiene la mayoría opositora en el Tribunal de Cuentas, desde que se avoca al análisis del expediente.
Según la presentación del Gobierno provincial, que lleva la firma del Fiscal de Estado, Jorge Córdoba, el Tribunal de Cuentas “debe expedir su recepción de manera inmediata, cuando recibió el expediente” que es en formato digital.
La presentación del Fiscal de Estado ocurrió en diciembre pasado, y el Tribunal Superior de Justicia le dio curso, por lo cual, este martes, la juecista María Fernanda Leiva, presidenta del Tribunal de Cuentas, presentó la respuesta a la demanda que realizó la Provincia.
En realidad, se trata de un plazo que no supera las 24 horas. Según la visión del oficialismo, cuando envía el expediente al Tribunal de Cuentas, ya comienzan a correr los 15 días hábiles que tiene el organismo de control para expedirse, caso contrario, el trámite quedará aprobado.
La versión del juecismo indica que el Gobierno busca “quitarle unas horas más al Tribunal de Cuentas para analizar los expedientes”.
“No tiene ningún sentido esta demanda. El Gobierno dice que el plazo de 15 días rige desde que envía el expediente, que generalmente lo hacen en la última hora hábil, y de ese modo le quita al Tribunal un día para analizar los gastos. Es irrisorio, no se puede creer que hagan ocuparse al TSJ por esto”, dijo la presidenta del Tribunal de Cuentas.
En este sentido, Leiva cuestionó la postura de la Provincia. “Los expedientes son electrónico y no hay demoras en la recepción. Lo que busca este Gobierno es determinar qué, cómo y cuándo el Tribunal de Cuentas Provincial revisa los gastos del Gobierno. En su momento hicimos una denuncia de inconstitucionalidad de la ley 7.630 que restringió las facultades del Tribunal de Cuentas que figuran en la Constitución”, argumentó la dirigente juecista.
Antecedente
La disputa judicial entre el Gobierno provincial y la mayoría opositora del Tribunal Superior de Justicia, comenzó en noviembre de 2023, cuando aún gobernaba Juan Schiaretti.
Como el resultado de las elecciones provinciales habían determinado que la oposición (Juntos por el Cambio) tendría mayoría en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, antes de asumir Martín Llaryora como gobernador, en una Legislatura con abrumadora mayoría del PJ, sancionó una ley que recortaba facultades del organismo de control provincial.
En aquel momento, los dos vocales electos de Juntos por el Cambio, pero ambos pertenecen al Frente Cívico, la mencionada Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán, realizaron una presentación de acción declarativa de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior de Justicia se expida sobre la ley 7.630, aprobada por la Legislatura.
Esa ley cambió la operatoria del Tribunal de Cuentas y la oposición consideró que recortaba funciones constitucionales de los tribunos en el control de los gastos.
Al presentarse en Tribunales para responder la última demanda del Gobierno provincial, Leiva recordó que el TSJ aún no se expidió por la presentación de inconstitucionalidad realizada en diciembre de 2023, pero se quejó que el máximo tribunal ya admitió la última demanda que realizó el fiscal de Estado de la Provincia.
