Durante 68 días, en 10 hectáreas de la inmensidad serrana que rodea al ex centro clandestino de detención, desaparición y tortura de La Perla, maquinarias pesadas y manos especializadas movieron toneladas de tierra en busca de restos humanos. Los hallaron: numerosos fragmentos que ahora comienzan un proceso de datación, clasificación y análisis genético, en procura de establecer las identidades de personas que hace casi cinco décadas habrían sido enterradas clandestinamente en ese sitio.
Loma del Torito se denomina el lugar. Una zona de monte espeso desde donde se pueden ver varias urbanizaciones de La Calera que no existían cuando habrían ocurrido los enterramientos clandestinos que la Justicia trata de corroborar en terreno. La Perla operó como centro de tortura y muerte desde el golpe de Estado de marzo de 1976 hasta fines de 1978 y aunque las estimaciones son muy variables, la Justicia federal considera que como mínimo pasaron por ahí 600 personas y como máximo, unas 2.500. Fue altísima la letalidad de ese centro, uno de los más grandes y más brutales del país.
Los trabajos de búsqueda son conducidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), bajo las órdenes del Juzgado Federal 3, que encabeza el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. “Estamos apareciendo a los desaparecidos”, dijo el magistrado, integrante de una de las familias cordobesas más lastimadas por la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.
El principal objetivo de este proceso es brindar certezas a quienes buscan a sus familiares desde hace casi cinco décadas, para que termine esa búsqueda y se cierre el duelo hasta ahora inconcluso.
El expediente judicial se inició en 1998, por una presentación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de la abogada María Elba Martínez y del periodista Horacio Verbitzky, quienes denunciaron enterramientos clandestinos en La Perla y pidieron la búsqueda de los restos. En abril pasado, 26 familias de desaparecidos se constituyeron como querellantes en la causa que ahora tiene un avance sustancial.
En todos estos años hubo 12 campañas del EAAF en esas 14 mil hectáreas de tierras del Tercer Cuerpo: ésta que acaba de terminar fue la más importante. En el año 2003 hubo excavaciones muy cercanas al punto donde ahora de encontraron restos óseos. Hace 10 años, se encontraron en la zona de hornos Ochoa los restos que permitieron identificar a un grupo de estudiantes de Medicina asesinados en 1975.
En terreno
Los trabajos que comenzaron en septiembre pasado se concentraron en el 60 por ciento de una fracción de 10 hectáreas que fueron desmontadas. Ahí se cavaron cerca de 10 kilómetros lineales de trincheras de 1,20 metros de ancho por 1,80 de profundidad: son más de 200 fosas de 50 a 150 metros de largo.
Tras la excavación mecánica –se usaron una topadora de ocho toneladas, una retroexcavadora y una Bobcat–, los geólogos practicaron estudios de sedimentos del fondo y las paredes de esas fosas, y ante indicios de posibles hallazgos, la tierra extraída fue tamizada y revisada manualmente por el equipo de 14 personas, que sumó también a los integrantes de una cooperativa de trabajo y a estudiantes universitarios avanzados.
No se hallaron restos óseos de cuerpos completos, sino partes. Muchas partes, en dos puntos diferentes. En su mayoría, pequeñas.
La principal hipótesis de Vaca Narvaja y del secretario de Derechos Humanos, Trata y Género del juzgado, Miguel Ceballos, surge de dos testimonios obtenidos durante los juicios de La Perla.
El primero es el de José Solanille, un peón rural que habló de los camiones que se iban hacia la Loma del Torito, las explosiones que se escuchaban después, y de enterramientos en el lugar.
En segundo testimonio es el del entonces teniente coronel Bruno Laborda, quien en un reclamo administrativo mencionó que había participado en dos fusilamientos y dijo que a comienzos de 1979, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país, habían removido los cadáveres que estaban enterrados en las inmediaciones de La Perla. Mencionó que hubo unos 200 militares abocados a “limpiar” la zona de los entierros y que lo habrían hecho con máquinas retroexcavadoras.
Para la determinación del lugar de las excavaciones hubo otros elementos determinantes. A los trabajos del EAAF se sumó el uso de tecnología Lidar, que desde aviones permite detectar movimientos de tierra y señaló que en Loma del Torito habían existido procedimientos de ese tipo. Finalmente, fue el cotejo de dos fotografías lo sumó certezas: una de junio de 1979 y otra de agosto del mismo año, aportada por Catastro de la Municipalidad de Córdoba, que permitió ver que hubo alteraciones del terreno en ese lapso de tiempo. La Justicia sospecha que en ese momento se intentaron remover los cuerpos que ya estaban enterrados clandestinamente en esa zona.
Sobre esas imágenes hizo su trabajo Guillermo Sagripanti, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto: fue quien delimitó el área de búsqueda y asistió en todo el operativo. El trabajo del EAAF estuvo liderado por Anahí Ginarte y por Silvana Tarner. En el proceso de identificación que comienza ahora será central el Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
Además de los aportes de la Justicia Federal, colaboraron con fondos, recursos y asistencia el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (dispuso vehículos), la Municipalidad de Córdoba (solventó a miembros de una cooperativa de trabajo que realizó muchas de las labores operativas), el Gobierno de Córdoba (proveyó fondos a través del Ministerio de Desarrollo Humano y maquinaria pesada a través de la Secretaría de Minería) y fue crucial también la colaboración del Ejército Argentino.
“En otras ocasiones, el Ejército no obstruía; en esta ocasión podemos decir que el Ejército colaboró activamente”, indicó Ginarte, la más experimentada del EAAF. El dato fue señalado también por Vaca Narvaja: durante las excavaciones fue necesario detonar 16 obuses que se encontraron en ese sector militar y esa tarea fue desarrollada por el Ejército.
“Estamos terminando con una de las secuelas más perversas de la dictadura, que es la desaparición de las víctimas. Son 30 mil los desaparecidos”, recalcó Vaca Narvaja.
“La investigación tiene un rumbo que nos entusiasma”, indicó Miguel Ceballos, secretario del Juzgado, a cargo de todos los pasos operativos de la causa. Explicó que ahora comienza una etapa crucial del proceso, que es la de laboratorio: desde el jueves se inician las tareas de datación y análisis, en busca del ADN de los restos.
Luego vendrá etapa la identificación. Para ese proceso es crucial que existan datos genéticos de las familias que buscan personas desaparecidas durante la dictadura. No es una trea sencilla y en Córdoba hay un ejemplo cabal de esas dificultades: el EAAF halló 86 cuerpos en la fosa común del Cementerio San Vicente y solo pudieron identificarse 17. En cambio, los restos hallados en 2014 en los hornos de la estancia La Ochoa, permitieron identificar a cuatro estudiantes universitarios que habían sido secuestrados en diciembre de 1975, cuando La Perla todavía no estaba en funcionamiento.
Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano, fue quien hizo operativa la colaboración del Gobierno de Córdoba. “Lo que estamos observando son 50 años de historia, de lucha y de trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos. En Córdoba existe la decisión política de que la memoria realmente sea una política de Estado”, indicó. Recalcó que se trata de “un compromiso ético, legal y político para que los cordobeses y los argentinos puedan hacer el duelo y terminar esos procesos tan dolorosos”.
También recalcó que ahora urge la tarea de convocar y facilitar la realización de los análisis genéticos a los familiares de personas desaparecidas y comprometió el apoyo oficial.
Querellantes presentes
Patrocinadas por el abogado Ramiro Fresneda, 26 familias que reclaman que continúe la búsqueda de padres, madres, hermanos o hijos desaparecidos el 11 de abril pasado se constituyeron como querellantes en la causa “enterramientos clandestinos”. Muchos de ellos estaban ayer en La Perla, donde hubo se dieron a conocer los resultados de la campaña 2025 del EAAF.
“Allí están miles de desaparecidos secuestrados en Córdoba, en esa loma y en otras. No solo los escondieron: los cuerpos no están enteros, están revueltos en la tierra, desarticulados, profanados”, dice un comunicado que distribuyeron los querellantes.
No obstante, valoran: “49 años después, por fin pisamos el suelo donde están. Cada palmo de tierra removida nos mueve el corazón. Este predio, Loma del Torito, es para nosotros un camposanto”, sostienen.
