A diferencia de lo que ocurrió en la Legislatura provincial, el juecismo difundió la nómina de contratados y funcionarios del organismo sin que hiciera falta activar un pedido de acceso a la información pública, como sí ocurrió en el Poder Legislativo, caso que llegó hasta la Justicia provincial.
Los vocales Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán informaron sin dilaciones la lista de 278 funcionarios, empleados y contratados que se desempeñan en el organismo de control, lista en la que hay familiares de Luis Juez, su jefe político y a quien acompañan en la función pública desde que el actual senador era director de Vialidad Nacional, a fines de los años 1990.
El Tribunal de Cuentas fue un apéndice del Poder Ejecutivo hasta 2023, cuando, en el marco de la reñida elección provincial, quedó en manos del juecismo. La mayoría la integran Leiva y Beltrán Corvalán.
Por el oficialismo provincial, tiene una silla Silvina Rivero, histórica funcionaria de Juan Schiaretti.
Rivero también informó sin dilaciones quiénes son los contratados del organismo que dependen directamente de ella.
Los contratados del juecismo
El personal contratado por el juecismo asciende a 23 personas. Leiva, presidenta del Tribunal de Cuentas, defiende la incorporación de personas de su “confianza”. Dice que para analizar expedientes con gastos por miles de millones de pesos “hay una necesidad de estar cubierta con gente leal”.
Se anota como punto que fue la estructura ligada al juecismo la que detectó en las últimas horas un aparente sobreprecio en el alquiler de un conjunto de cocheras para funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, lo que derivó en el rechazo del expediente iniciado para que se autorizara el gasto.
En esa estructura aparecen, como se dijo, varios familiares de Juez, líder político del Frente Cívico. Están Ezequiel Andrada, su yerno, y sus sobrinos Gonzalo Sucheki y Lourdes Alcaraz Juez.
Los primeros están contratados, mientras que Alcaraz es jefa de área.
“Los contratados deben renovar su puesto año a año y los funcionarios políticos se irán con nosotros”, dice Leiva, quien agrega que desde que el juecismo tomó el control del Tribunal de Cuentas la planta total de personal aumentó en sólo tres personas (de 275 a 278).
Entre los 23 contratados, están Eugenia López Tulián, esposa de Julio Farías, a quien en 2023 Juez le prometió ser jefe de Policía si él llegaba a la Gobernación.
Como subdirectores del Tribunal de Cuentas aparecen los militantes juecistas Carola de la Vega y Mario Salvatierra, quienes se desempeñaron con Juez y luego con Carmen Álvarez Rivero en el Senado, y también Emerson Sampietro, referente juecista en Unión.
Además, se desempeña como directora del Tribunal de Cuentas Mabel Serafín, exlegisladora juecista entre 2015 y 2019, abocada a seguir los expedientes del Ministerio de Desarrollo Social.
En la nómina, está como jefe de departamento Gustavo Merletti, exfuncionario de Juez que acompañó a Daniel Giacomino hasta febrero de 2009, cuando se dio la ruptura entre el líder del Frente Cívico y su sucesor en el municipio de la ciudad de Córdoba.
En la Municipalidad capitalina, Merletti fue polémico: dijo que la zona del Abasto había sido liberada por la Policía para la venta de drogas.
La contratación de personas de “confianza” no es excluyente del juecismo.
Silvina Rivero, por caso, tiene bajo su ala a Julio Comello, exsecretario General de la Gobernación y expresidente de la obra social provincial, Apross, o Manuel Pirani, exfuncionario de Asuntos Legales de la Provincia.
La pata radical
Como se recordará, Juez fue candidato a la Gobernación en el marco de la hoy extinta alianza Juntos por el Cambio. Justamente su candidato a vicegobernador, Marcos Carasso, ocupa una de las direcciones y está asignado al control del Fondo Complementario de Obras para Municipios (Focom), lo que le permite el trato directo con jefes comunales del interior.
Destratado por su partido, Carasso es una de las espadas de Juez para la batalla que viene: la candidatura a gobernador por la oposición.
Desde la política, es más llamativa la presencia del mestrista Hugo Romero –exsecretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba y exdiputado nacional por la UCR–.
“No fue designado secretario del Tribunal de Cuentas por ser mestrista, sino por su notable conocimiento de las finanzas públicas”, dice Beltrán Corvalán, el otro vocal juecista.
Funcionarios de ley
A diferencia de otros organismos del Estado, el Tribunal de Cuentas le guarda por ley una silla clave a la minoría. Esta es para Luciana Signorini, quien ocupa la Secretaría de Fiscalización Legal desde que estaba el peronismo a cargo. No siempre fue así: el peronismo le garantizó un lugar estratégico a la minoría sólo cuando perdió la elección, en 2023. Antes, todos los jerárquicos eran puestos por la mayoría.
Pese a esto, el juecismo impone su mayoría en el resto de la estructura de conducción: la Secretaría de Fiscalización Presupuestaria está a cargo de Zorka Jure, quien se desempeñó como asesora de Juez y Ernesto Martínez en el Senado de la Nación y fue funcionaria de Oscar Aguad en el Ministerio de Defensa durante la presidencia de Mauricio Macri; y la fiscal del Tribunal de Cuentas es Malena Martínez, hija de Ernesto Martínez, presidente del Frente Cívico.
Como prosecretarios se desempeñan Mario Agüero, quien se inició en el juecismo como director de Tamse y ocupó numerosos cargos hasta ser elegido tribuno de Cuentas de la ciudad de Córdoba; Diego Redoni, quien fue director de Discapacidad en la gestión municipal de Juez, y el ya mencionado Romero.
Qué dice Leiva de los familiares de Juez
Leiva destacó que en 2023, cuando el juecismo tomó el timón del organismo, había 275 empleados, y en la actualidad son 278. Además, hay 15 becarios, a razón de cinco por cada una de las vocalías.
En el medio, recuerda Leiva, la planta jerárquica fue concursada por la conducción anterior meses antes del cambio de mando: “Nos dejaron toda la parte jerárquica de funcionarios designada por ellos”, dice Leiva al referirse a “la Línea”, el staff de 52 profesionales que audita el gasto de la Provincia.
Apunta, además, que hasta 2023 el promedio de revisión de cada expediente de gasto era de 90 días, mientras que ahora no puede extenderse más allá de 15 días. Fue otro de los cambios en la Ley Orgánica que hizo Hacemos por Córdoba antes de que el Tribunal de Cuentas cambiara a manos opositoras.
–Para que funcione el Tribunal de Cuentas y ejerza el control del gasto, ¿tuvieron que contratar gente afín políticamente?
–No. No hubo posibilidad de dar de baja a “la Línea”, porque no se habían cumplido los seis meses del concurso. Además, hubiese sido muy injusto, porque había entre quienes ganaron el concurso gente de muchos años de antigüedad en el Tribunal. Entonces, hay gente que viene de la política y del partido, pero también hay gente que no tiene nada que ver con la política. Tenemos un mix de gente del partido y gente de afuera del partido, pero con currículum.
Leiva dice que necesita “gente de confianza y preparada para ver los expedientes” del gasto. “A veces, las áreas técnicas del Tribunal de Cuentas considera que el expediente, desde lo legal, está bien, pero cuando se observa el expediente con otra mirada, se detectan cosas que no se habían detectado en el análisis técnico”, agrega.
–¿Los vocales del Tribunal de Cuentas deben contratar a funcionarios de su confianza, como ocurre en casi todas las reparticiones del Estado?
–Sí, claro, pero eso cuando nosotros llegamos ya estaba así. Yo tengo la misma gente que había antes de que asumiera. Es un grupo de gente que se va cuando se va el vocal.
–Entre los contratados hay familiares de Juez. ¿Por qué?
–Sí, no me parece una locura. Son profesionales que trabajan. Si tengo una empresa, trato de poner a mi hija, a mi yerno, a mi primo, a alguien de confianza. Son profesionales (por los familiares de Juez) que trabajan y que, además, son leales. No hay que olvidarse que se audita el gasto de miles de millones de pesos. Doy un ejemplo de estos días: una empleada contratada detectó un sobreprecio en el alquiler de cocheras por parte del Ministerio de Infraestructura. Pasaron un gasto por 145 mil pesos y cuestan a un particular 125 mil. A la vuelta, las mismas cocheras costaban 85 mil pesos. Esa contratada, que no es profesional pero sí tiene calle, le hizo ahorrar plata a los cordobeses.
