La Legislatura de Córdoba acaba de dictaminar en Comisión y tratará este jueves en sesión la creación de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba, un organismo que tendrá por objeto “la tutela, promoción y protección de los derechos y garantías de toda persona privada de su libertad”.
En la Unicameral se vive un escenario de máxima controversia y se anticipa para este jueves una sesión escandalosa, como cada vez que una propuesta del Ejecutivo provincial se trata a las apuradas y con escasa discusión en las últimas sesiones del año.
La oposición no da crédito todavía a la iniciativa, que apenas menciona a grandes rasgos las funciones del nuevo organismo, pero en cambio describe con precisión siete nuevos cargos públicos que gozarán del máximo nivel salarial provincial, y que además serán inamovibles. Hay apuestas sobre el nombre de los beneficiarios de semejantes atributos para supervisar el funcionamiento de las cárceles de Córdoba.
En la Nación y en varias provincias existen procuraciones penitenciarias, y Córdoba viene recibiendo sucesivos reproches institucionales por el estado en que se encuentra la población carcelaria. Lo que se objeta es la receta que eligió la administración de Martín Llaryora para realizar ese control que hoy es deficitario: una Procuración que dependerá del Poder Judicial y cuyos miembros son designados por el Ejecutivo –sin seguir las normas del Poder Judicial–, y sin más exigencia que tener 30 años y un título de abogado.
En las otras provincias que tienen controles similares para el sistema penitenciario, se trata de organismos del ámbito legislativo y una o dos personas con cargos importantes.
Sobre el final de la gestión de Juan Schiaretti, se dio una discusión similar a la hora de la creación del Ministerio Público de la Defensa, que también incluye cargos vitalicios para el Defensor Gederal y dos adjuntos. Ahora la Procuración Penitenciaria sube la apuesta: son siete cargos inamovibles y muy onerosos.
Sueldos VIP
El procurador cobrará como un vocal del Tribunal Superior de Justicia, los cuatro adjuntos cobrarán como el Defensor General del Ministerio Público de la Defensa y los dos secretarios cobrarán como jueces de primera instancia y también tendrán la jubilación de privilegio de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial (algo sobre lo que el proyecto abunda en precisiones). Todo esto, sin concurso público, sin antecedentes especiales para el cargo y sin más exigencias de formación que el título de abogado.
“La Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba goza de autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su organización económico-financiera y de recursos humanos depende del Tribunal Superior de Justicia”, consigna el proyecto de ley que el oficialismo intentará imponer este jueves. La iniciativa viene del Ejecutivo y fue ingresada a la Unicameral por la legisladora Nadia Fernández.
“Es un despropósito lo que hace Llaryora al crear siete cargos con jubilaciones de privilegio mientras intenta introducir más restricciones a los jubilados y más aportes a los trabajadores del Estado”, indicó la legisladora radical Brenda Austin, una de las más activas en el rechazo del proyecto del oficialismo. Señaló que la Provincia incumple normativas internacionales contra la tortura y que debe ponerse en regla, pero recalcó que para eso no hace falta crear una megaestructura política con salarios de alto rango como pretende imponer Provincias Unidas.
“Este proyecto es reflejo de la preocupación que nos sigue generando el sistema penitenciario. La Procuración Penitenciaria garantizará que se eviten abusos e improvisaciones, y será autónoma aunque tutelada por el Poder Judicial. Este proyecto viene a fortalecer la arquitectura en materia de seguridad y gestión penitenciaria en la provincia”, aseguró Nadia Fernández a La Voz días atrás.
El proyecto original incluía también el monitoreo de los centros donde están albergados los menores en conflicto con la ley penal, pero luego eso fue eliminado del texto. Pasó lo contrario con las procuraciones adjuntas: el proyecto inicial hablaba de tres cargos de ese nivel, pero se creó una cuarta procuración adjunta.
