Era 2008. Ley de Emergencia Previsional N° 9.504. La Nación no mandaba un peso para la Caja de Jubilaciones y el gobernador Juan Schiaretti dispuso, en la desesperación, aplicarles un recorte a los haberes más altos. Iban a estar afectados 11.497 beneficiarios, el 13% del total, que por entonces percibían por encima de $ 5 mil. El recorte iba a ser del 22%, del 25% y del 27%, según la escala de haberes, y a cambio recibirían un título de cancelación previsional (a dos, cuatro, seis y ocho años), según la edad del afectado.
No llegaron ni a la esquina. La catarata de amparos que llovió sobre la Caja hizo que no se pudiera aplicar la norma, en la que se inspira la que propuso el legislador socialista-oficialista Matías Chamorro. Peor aun: la pretensión de Chamorro es que, con la plata que se les recorte a los de arriba, se pueda devolver el 82% móvil a los de abajo. “Que 20 mil hagan el esfuerzo para que los otros 100 mil tengan el 82%”, dijo Chamorro. Varios funcionarios repiten este discurso, lo que, antes que nada, revela una ignorancia mayúscula en cuanto a números.
Si Chamorro imagina restaurar el 82% que originalmente pensó Eduardo Angeloz, debiera saber que nunca se pudo pagar: Ramón Mestre lo limitó con el decreto 1.777 y luego ese límite lo plasmó Schiaretti en 2015, cuando dispuso que se pagara el 82% del 89%, que equivale al 73%. En 2020, lo extendió incluso a quienes tenían aportes más altos, que cobran el 67% o el 69%.
Hagamos el ejercicio: si a los 12.677 jubilados que ganan hoy por encima de los $ 4 millones se les quitara el ¡30%! de su haber y se repartiera esa plata entre todos los demás, alcanzaría para dar $ 165 mil al mes por jubilado. Si el esfuerzo lo hicieran quienes están por encima de los $ 2,5 millones, supongamos, alcanzaría para arrimarles $ 250 mil pesos por mes a los demás. Es buena plata, pero el déficit seguirá estando. Tampoco es el 82% móvil, dado que eso, según cálculos previsionales, duplicaría el rojo de la Caja.
Además, el problema de la propuesta de Chamorro está en que quiere sacarles a los de arriba para repartirlse a los de abajo, un déjà vu del kirchnerismo de 2003, que derivó en una catarata de juicios de quienes estaban por encima de la mínima. No sólo eso generaría un pasivo para quien gobierne en unos años, sino que no solucionaría el problema del agujero previsional que hoy desvela a Martín Llaryora. Sería patear el hormiguero para no solucionar nada.
Bah, Llaryora quiere reconciliarse con los jubilados enojados con Schiaretti e imagina recuperar votos en esa cantera, pero suena demasiado temerario ese camino, porque te podés quedar sin el pan y sin la torta.
Otra opción
La otra opción sería recortarles a los de arriba y no repartir abajo: aguantar el destierro previsional al que nos ha condenado Nación, achicar el déficit y seguir pataleando hasta que Javier Milei se conmueva. Llaryora está obsesionado con poner topes y pagar la diferencia con un bono algo más lindo que el de 2008.
En el Panal repiten que Anses ya paga jubilaciones con tope, lo que es cierto. Pero también es cierto que hay un salario máximo sujeto a aportes. Anses hoy no paga jubilaciones por encima de los $ 2,29 millones, pero los salarios que superen los $ 3,7 millones tampoco pagan aportes por el excedente. Eso, que se piensa para los magistrados, no aplica porque el aporte personal es del 22% sobre todo el salario.
Pero esta vía del tope parece destinada al fracaso. Fue la “doctrina Domingo Sesin”, el hombre fuerte del Tribunal Superior de Justicia en materia previsional, quien le puso freno en 2008. Sigue ocupando una silla en el máximo tribunal 17 años después y no hay chance de que cambie de pensamiento.
Es cierto que hay un clima de época hoy en la opinión pública que exige limitar privilegios de los estatales, pero la Justicia es inmune a esos pensamientos populares. Sesin es el autor del famoso núcleo duro por garantizarles a los pasivos: el 82%, sí; del sueldo neto, OK.
Más posibilidades
Está claro que Martín Llaryora necesita plata para consolidar su gestión con miras a 2027, y es de la idea, por ahora, de que el problema de la Caja lo tienen que afrontar quienes están en la Caja, es decir, aportantes y jubilados. Pueden subirse los aportes a los activos, como se hizo en 2024 y en 2025, con un 2%, un 3% y un 4% extras; podría transferirse a Nación un solo subsistema (se mira el de los bancarios, que es el más deficitario por jubilado), o podría traspasarse ese subsector al gremio respectivo y que fuera administrado solidariamente, como hacen los profesionales con sus (también) raquíticas cajas. Se reparte lo que hay.
Claro que hay más posibilidades para resolver el entuerto: podría ajustarse en serio el gasto público provincial para que cierre en algo el hueco de $ 820 mil millones previsto para 2026. Nada es fácil, el rojo previsional equivale a un tercio de lo que recauda Ingresos Brutos en un año y tampoco Llaryora es muy amigo de ajustar.
El problema no es exclusivo de Córdoba y van dos comparaciones como ejemplo: en 1974, había 3,91 empleados activos por cada jubilado. Hoy, hay apenas 1,71 activos por jubilado. Y no es que se estancó la cantidad de estatales, sino que aumentó (por suerte) mucho la esperanza de vida. En 1998, había 54 mil docentes en la provincia; hoy hay 81 mil: 52% más.
Pero en el ’98 había 16.300 docentes jubilados y hoy hay 42.500: 160% más. Los sistemas previsionales en su globalidad están desafiados y hay que pensar una estrategia conjunta. Lo que sí es cierto es que el laburante cordobés del sector privado, cuentapropista o informal, ya asume con sus impuestos el peso del rojo previsional de Anses, que es donde se jubilará. Es demasiado pedirle dos veces.
