El Gobierno provincial firmó esta tarde el acuerdo paritario con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). El miércoles pasado había acordado con el gremio de los jerárquicos (UPS), y el marzo pasado con los docentes (UEPC). Entre los estatales provinciales, a la gestión del gobernador Martín Llaryora sólo le resta resolver el conflicto con los empleados judiciales.
Aunque tiene algunas particularidades, el acuerdo con el SEP que conduce Sergio Castro, en líneas generales, tendrá aumentos salariales en línea con la inflación. La paritaria se extenderá hasta abril del año que viene.
Según fuentes gremiales, el SEP, el segundo gremio más numeroso entre los estatales, luego de la UEPC, con este acuerdo, a final del año se garantizó un aumento del 1,7% por encima de la inflación.
Lo concreto es que con el salario de mayo, que cobrarán en los primeros días de junio, los empleados de la administración pública, y el sector de la salud, percibirán los aumentos de la inflación de marzo (2,8%) y abril (2,5%).
Es decir, que en el próximo recibo de sueldo figurará un incremento salarial de 5,3%, remunerativo.
A partir del mes próximo, el aumento salarial será por cláusula gatillo, con la inflación que mide en Córdoba la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia.
Para el acuerdo con el SEP fue decisivo el anuncio del gobernador Llaryora, quien confirmó que reglamentará la nueva Ley de Salud (10.889).
Esto significará un aumento importante para los Equipos de Salud de los hospitales públicos, que hace varias semanas están en un estado de asamblea permanente.
De todos modos, en el salario de mayo, los profesionales de la Salud recibirán el mismo aumento que el resto de los empleados públicos (5,3%), ya que la aplicación de la nueva norma de salud llevará un tiempo para su aplicación.
Por empezar, se deberá conformar una mesa de trabajo para aplicar la ley que se sancionó en el año 2023, luego del prolongado conflicto en los hospitales del año 2022.
Aquel reclamo terminó con un incremento salarial importante que otorgó el entonces gobernador Juan Schiaretti.
Llaryora le comunicó al SEP que cumplirá su promesa de campaña como candidato a gobernador, cuando en reuniones con los gremios estatales dijo que reglamentaría la nueva Ley de Salud.
Como la aplicación de esta norma, demorará unos días, habrá que ver cuál será la situación en los hospitales, ya que otros gremios no reconocidos por la Provincia para discutir salarios, y los autoconvocados, amenazan con seguir protestando.
Luego de la firma del acuerdo por parte del SEP, los jerárquicos y los docentes, entre hoy y el lunes acordarán el resto de los gremios, con menor cantidad de afiliados, como el sindicato de Músicos, Gráficos, Casinos, Viales, Lotería, Atsa y legislativos, entre otros.
El conflicto en Tribunales
El único gremio estatal provincial que mantiene el conflicto, es la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj), que este viernes finalizó un paro de 72 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo.
En medio del conflicto con los empleados judiciales, que reclaman la equiparación con la Justicia Federal, el secretario de Trabajo de provincia, Omar Sereno, “invitó” a una mesa de diálogo al gremio, y a representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Este encuentro se realizará el próximo lunes, a las 11, en la secretaría de Trabajo provincial. Sereno hace una intento por mediar en el conflicto, pero no tiene facultad para dictar -por ejemplo- una conciliación obligatoria, ya que no hay una discusión paritaria en el Poder Judicial de Córdoba.
Hay algunas paradojas en este conflicto. Los jueces y funcionarios judiciales provinciales, desde el año 2012, tienen equiparados sus salarios con los federales.
En realidad, la equiparación no es total, alcanza al 90%. En cambio, los empleados judiciales provinciales no están equiparados a los salarios de los federales, pero sí reciben los aumentos que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este contexto, desde hace un par de año, el gremio judicial provincial que conduce Federico Cortelletti, viene reclamando esa equiparación salarial.
Días pasados, el Tribunal Superior oficializó una reestructuración del escalafón de los empleados de los tribunales provinciales.
Según el TSJ, esos cambios significaron un aumento -promedio- del 10% para judiciales provinciales. Este nuevo escalafón fue aceptado por el gremio, aunque lo consideró “insuficiente”. Sigue reclamando la equiparación con los tribunales federales.
Aunque no hay números precisos, algunas fuentes oficiales estimaron que la equiparación con los federales significaría un aporte extra del Gobierno provincial de unos 1.500 millones de pesos mensuales.
“Es imposible que el gobernador aceptar pagar esa cifra para la equiparación”, dijeron a La Voz fuentes del Centro Cívico.
El gremio de los judiciales mantuvo este viernes una asamblea extraordinaria, en la cual se acordó ir a dialogar con el TSJ, en el marco de la secretaría de Trabajo, pero ratificaron el estado de alerta y movilización.
La asamblea extraordinaria consensuó un cuarto intermedio hasta el 6 de junio, cuando se volverá a reunir para analizar los resultados de esta instancia de diálogo que convocó el secretario de Trabajo de la Provincia.
Aunque entre los afiliados al gremio y los sectores autoconvocados, el reclamo fue concreto: la equiparación, aunque sea por etapas, pero no aceptar otro ofrecimiento.
Lo concreto es que más allá de asambleas informativas, por dos semanas no habrá medidas de fuerza en los tribunales provinciales.
