Luego del rechazo de la asamblea general docente a la última propuesta del Gobierno provincial, el gobernador Martín Llaryora instruyó a sus funcionarios para seguir dialogando con la cúpula de la UEPC. Aunque en el Centro Cívico reconocen que “es imposible” evitar el paro docente de 48 horas, programado para el 22 y 23 de julio.
Mientras se mantiene el conflicto con los docentes, la Provincia avanza en la negociación con los otros nueve gremios estatales, a los cuales se les venció el acuerdo paritario, el 30 de junio pasado.
“Ya dijimos que la última propuesta salarial a la UEPC es lo máximo que puede comprometerse a pagar la Provincia. Ahora, dentro de esos límites económicos, si se pueden reforzar algunos puntos que les pueden interesar más a los docentes, estamos dispuestos a seguir negociando”, aseguró uno de los miembros del gabinete llaryorista que participa de la discusión paritaria con los estatales.
Durante las dos semanas del receso invernal que arrancó este lunes, los funcionarios provinciales seguirán dialogando con la UEPC para tratar de “construir” otra oferta que pueda ser aprobada por la asamblea provincial docente.
Más allá de que hubiera una mejora en el armado de otra oferta, los docentes están en receso y será imposible implementar el período de consulta en las escuelas, para luego llevar el mandato a la asamblea provincial.
En este contexto, los funcionarios llaryoristas ya asumen que habrá otros dos días de paro, por lo cual se concretará la octava jornada sin actividades en las escuelas, desde que arrancó el ciclo lectivo en marzo pasado.
Aunque ningún funcionario lo admitirá, la concreción de las dos jornadas de medida de protesta también será una estrategia de desgaste: con el salario de julio que se cobrará el 1 de agosto, se les descontarán tres días de paro a los aproximadamente 33 mil docentes que adhirieran al paro del 24 de junio, y muy probablemente se sumen al venidero del 22 y 23 de julio.
A esos descuentos se le sumará el del fondo Fosaet para la Apross, que significan 3.850 pesos por cada carné de la obra social estatal de los familiares de los afiliados docentes.
Si se tiene en cuenta que un día de paro significan entre 30 y 40 mil pesos, de acuerdo a nivel salarial, los descuentos en julio irán entre los 120 y 200 mil pesos para los docentes que menos ganan y que adhirieran los tres días, sumando además los descuentos para la Apross.
Para la Provincia, estos descuentos terminarán horadando la adhesión a los paros. El último paro del 24 de junio, la UEPC informó que la medida de fuerza tuvo un acatamiento del 80%.
Sin embargo, en el Gobierno provincial manejan otros números concretos: el descuento de la jornada no trabaja fue del 52,36%. Este dato –según la visión del Centro Cívico– trata de mostrar que está mermando la adhesión a los paros.
¿Cuáles son los puntos que el Gobierno podría mejorar, respecto a la última oferta que fue rechazada?
Reforzar la mejorar los ingresos y reconocimiento de los cargos jerárquicos. También sería un modo de comprometer más a las directoras, directores y vices en cada escuela.
No habría una mejora en cuento a la cláusula gatillo, es decir, cobrar el 100 por ciento de la inflación del mes anterior.
Desde la Provincia remarcan que un punto de aumento porcentual a los estatales tiene un impacto de 1.800 millones de pesos mensual.
Tampoco se tocaría la propuesta de “recuperación salarial”, que estipula el pago de 20 mil pesos no remunerativos en junio; 30 mil en julio, 40 mil en agosto y 50 mil en septiembre.
El compromiso que la última cuota de 50 mil pesos de septiembre, pasará a ser remunerativo en octubre.
Clima político
Desde el Centro Cívico insisten con denunciar una supuesta “politización” del conflicto docente.
El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, lo dice con todas las letras. “Si la conducción de la UEPC dijo de manera pública que era una propuesta aceptable en este contexto económico, eso indica que la oposición liderada por dirigentes de izquierda lograron torcer la voluntad de la asamblea docente. También hay que decir que más allá de la representación por cantidad de delegados, hubo 15 departamentos que votaron aceptar la propuesta. La mayor conflictividad está en las grandes ciudades, donde la oposición es más fuerte”, describió el principal negociador del gobernador Llaryora con los gremios estatales.
Para el Gobierno, la campaña para las elecciones de delegados escolares, también se coló en discusión salarial con los docentes.
Entre septiembre y octubre, en la UEPC se elegirán más de 5.000 delegados escolares, que es la base del gremio.
En esas elecciones, en la mayoría de los establecimientos escolares se enfrentarán la lista Celeste que es oficialismo a nivel provincial, y el resto de las fuerzas opositores, en muchos casos liderados por la agrupación de izquierda Unidad desde las Escuelas que conduce la delegación Capital y aspira a mejorar su inserción en el interior provincial.
Lo concreto es que los funcionarios provinciales seguirán dialogando con la conducción de la UEPC para tratar de armar una nueva propuesta.
Aunque desde la Provincia aclaran, “con el mismo impacto fiscal” de la anterior oferta que fue rechazada.
Otras negociaciones
Desde la semana pasada, el secretario General de la Gobernación viene teniendo reuniones con el resto de los gremios estatales, a los cuales se le venció el acuerdo paritario a fines del mes pasado.
Las negociaciones comenzaron con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el otro gremio más numeroso, después de los docentes.
La propuesta será similar a la de los docentes, con sus puntos fundamentales: cláusula gatillo por inflación y un pago no remunerativo para recuperar lo que los salarios perdieron en los tres primeros meses del año.
Entre los gremios hay particularidades. Por ejemplo, el SEP acepta las sumas fijas no remunerativas porque tiene mayor impacto en los salarios más bajos.
Mientras que el gremio de los jerárquicos (Unión Personal Superior) rechaza esta estrategia y exige aumentos porcentuales. Este sindicato que conduce Domingo Ovando reclama una deuda salarial de casi el 10% de diciembre pasado. Hasta amenazó con llevar el reclamo a la Justicia.
En el Gobierno creen que llegarán a un rápido acuerdo con el resto de los estatales. No esperarán que haya acuerdo con la UEPC, aunque habrá una cláusula de “igual tratamiento” que especificará que si a los docentes hay mayor aumento porcentual, se tendrá que trasladar al resto de los sectores.
