En medio del conflicto que el Gobierno provincial mantiene con los gremios estatales, un capítulo de alta tensión se sumó este viernes luego de que el Gobierno provincial afirmara mediante un comunicado oficial que en algunos hospitales públicos “el nivel de ausentismo supera el 60%”.
La Provincia informó, además, que el Ministerio de Salud comenzó a implementar un nuevo mecanismo de evaluación de desempeño de los equipos de salud de cada nosocomio.
Todo está vinculado con la decisión del Poder Ejecutivo de dar de baja una cantidad de contratos que vencieron el 31 de diciembre pasado.
La caída de 1.300 contratos afectó sobre todo al sector de la salud. Esto generó una fuerte reacción de los gremios que tienen sus afiliados en los hospitales públicos, como el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), además de los autoconvocados.
De los 6.400 contratos que tenía la Provincia, 4.300 pertenecían a Salud. De allí, que el impacto más fuerte del conflicto se produzca en los hospitales.
El comunicado oficial de la Provincia se difundió la noche del jueves y generó el viernes una fuerte reacción de los gremios.
Como un modo de ratificar los datos que aparecen en el comunicado del Gobierno, el secretario de Salud de Córdoba, Carlos Giordana, aseguró que los números “son objetivos” y que forman parte de una nueva manera de medir la productividad de los agentes públicos dentro de los hospitales.
“Nosotros estamos teniendo muchas dificultades hace mucho tiempo con equipos de salud que tienen ausentismos elevados y productividad baja. Se venía utilizando una evaluación de desempeño, una evaluación subjetiva donde su superior le ponía una nota, y el agente reclamaba y terminábamos en luchas; hoy contamos con un sistema completamente informatizado dentro del área del Ministerio de Salud”, dijo el funcionario provincial.
“Ahora utilizamos parámetros de producción de los profesionales en consultorios. Viendo la cantidad de consultas que tiene, un médico en el ámbito privado atiende 20 consultas diarias, y en el ámbito público, 8″, agregó Giordana contrastando los sistemas.
Esta versión del Gobierno provincial fue rechazada de plano por el SEP. Su titular Sergio Castro aseguró que los números que difundió la Provincia “no son reales”. “Lo que sí está ocurriendo es que, violando todas las leyes laborales, la Provincia le cortó el contrato a dirigentes gremiales, incluso, algunos miembros de comisión directiva, no sólo a delegados”, aseguró el gremialista.
“Estoy preocupado porque lo que dice Giordana no es razonable. Vienen de la anterior gestión y están sorprendidos por el alto porcentaje de ausentismo. Es la falta de recursos humanos que venimos reclamando hace tiempo. Es una falta de respeto al sector de la salud”, dijo Castro.
Por su parte, desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), un gremio que no es reconocido por la Provincia para negociar salarios, Estela Giménez dijo estar “indignada” por las estadísticas que brindó el Gobierno provincial.
“Son datos falsos que nos generan mucha indignación. En la salud pública provincial, el 60% son mujeres y de ese porcentaje, el 35% está en edad reproductiva. ¿El Gobierno provincial pretende que las enfermeras no tengamos hijos? Es algo que nunca pasó con un gobernador”, afirmó la dirigente gremial.
Giordana dijo el viernes que se habían reincorporado unas 40 enfermeras que estaban cursando licencias por embarazos.
Desde este gremio denunciaron que el gobernador Martín Llaryora pretende “privatizar” la salud pública, y aluden a la designación de Ricardo Pieckenstainer como ministro de Salud.
El nuevo funcionario provincial viene de dirigir el Hospital Privado, uno de los más emblemáticos de la salud privad en Córdoba.
De todos modos, la Provincia también dice en el comunicado que convocará a una mesa de diálogo con todos los actores del sistema sanitario.
Los gremios estatales ya anticiparon que el próximo martes se movilizarán (ver aparte), pero no descartan sentarse en la mesa de diálogo que propone el Gobierno provincial.
Para que esto ocurra, exigirán que se renueve la totalidad de los contratos que vencieron el 31 de diciembre.
