El despegue de los casos de coronavirus y la imposibilidad de saber hasta cuándo se extenderá el impacto de la pandemia implica que empresas de todos los sectores sigan aplicando la modalidad de trabajo remoto.
En la Provincia, pasa lo mismo. Como el Covid-19 no afloja y, peor aún, como no hay un horizonte claro en materia sanitaria (la incertidumbre es común en la gran mayoría de los países), miles de agentes seguirán trabajando bajo la modalidad home office.
Una muestra de esta decisión es la subasta electrónica que llevó adelante la Provincia la semana pasada para renovar por un año más de 1.600 licencias de software para el acceso remoto de empleados a la red de datos del Gobierno. Este número se suma a otra subasta mayor de conexiones (de casi el doble) que se materializó a comienzos de este año.
Estas licencias permiten enlazar las PC con las del trabajo a través de conexiones de redes privadas virtuales (VPN, por virtual private network), un sistema que preserva la seguridad de los datos.
“Son 1.650 licencias, la segunda tanda que se subasta este año”, explicaron desde el Ministerio de Coordinación, detallando que se trata de la renovación de conexiones que vencen en agosto. “En una subasta anterior, se renovó la mayor parte de licencias de VPN (tres mil) que vencían en marzo”, agregaron.
“Las licencias están destinadas a los diferentes ministerios para que los trabajadores continúen accediendo a los recursos de la red de datos de Gobierno de manera segura y controlada, cifrando la información entre el dispositivo y la red”, ampliaron.
Uno cada cuatro
A la decisión respecto de quiénes pueden trabajar a distancia con estas VPN se toma de manera particular en cada área. “Cada secretaría o ministerio define quiénes son los que necesitan acceder de forma remota en función de su organización y de sus necesidades”, explicaron desde la Provincia, sin detallar la proporción exacta de cuántos trabajadores están cumpliendo sus labores “presencial” y cuántos “online”.
Pero se puede hacer una estimación. En la Provincia trabajan 126.985 empleados, entre agentes de planta y contratados, según los últimos datos disponibles (de diciembre de 2020).
De estos, hay que separar a aquellos que siguen trabajando de manera presencial por pertenecer a sectores esenciales, como los 25.298 del Ministerio de Seguridad (policías y guardiacárceles) y los 12.660 del Ministerio de Salud (médicos, enfermeros).
En el caso de los 59.201 del Ministerio de Educación, muchos maestros y profesores sí teletrabajan, pero no se conectan a la red de datos de la Provincia.
Descartando también a los que forman parte del Poder Judicial (9.441) y a los del Poder Legislativo (1.545), porque ambos utilizan conexiones diferentes, y a los 306 viales, cuyo trabajo no se puede realizar online, es posible estimar que las 4.650 licencias representan alrededor del 24 por ciento de los 19.534 trabajadores restantes, la mayoría (16.972) integrantes de la llamada administración central.
De otra forma: con esta cantidad de conexiones VPN, uno de cada cuatro agentes públicos provinciales de la administración estaría en condiciones de trabajar de forma remota. Esto, por supuesto, siempre que tengan disponibilidad técnica en sus hogares, como computadora y conexión a Internet, y que las características de sus labores así lo permitan.
Bono por teletrabajo
El dato está en línea con lo que calculan en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Su secretario general, José Pihen, estima que “un 20 por ciento de la gente de la administración central está haciendo teletrabajo, aproximadamente”. De ese universo, muchos están bajo el paraguas del Ministerio de Finanzas, que ha sido el que más ha impulsado esta modalidad.
En este sentido, Pihen, también legislador provincial por el oficialismo, dice que espera que el Ejecutivo le dé el apoyo a un proyecto que presentó para que materializar una legislación provincial específica para quienes hacen teletrabajo en la Provincia. “Se niega, y sin el apoyo del Ejecutivo, no se va a tratar”, dice Pihen y agrega: “La idea nuestra es que sea un piso mínimo de garantías, que regule el respeto a la jornada laboral, porque hay casos de gente a la que llaman a cualquier hora; por otro lado, queremos un reconocimiento o compensación por los gastos extra que este tipo de trabajo supone”.
Pihen destaca lo que ocurre en Finanzas, donde “la mayoría de las reparticiones lo hace online y, por una normativa que rige sólo para la gente de ese Ministerio, reciben una remuneración adicional, como un bono, que hoy debe estar en unos 2.500 pesos”. Además, dijo que les dieron acceso a facilidades crediticias para comprar PC nuevas.
Modalidades
Los ejemplos de modalidades de trabajo no presencial son muy variados en la administración pública provincial. Como está dicho, en Finanzas, por ejemplo, la amplia mayoría lo hace de manera remota con el uso de VPN. Rentas, por ejemplo, tiene a casi todos trabajando desde sus casas conectados a la red provincial con las licencias de software que se están renovando.
No todo es color de rosa. Un empleado que trabajaba en el Panal, pero que lo hace desde su casa desde el 20 de marzo de 2020, dijo que habría que sumar más VPN para permitirles a todos “trabajar sin problemas”, sin tener que turnarse con otros compañeros que están online “en los mismos horarios para acceder a las bases de datos”.
En áreas que no deben conectarse a las bases de datos del Panal, muchos de los que trabajan a distancia usan celulares provistos por cada repartición. “Nosotros no tenemos VPN ni nada de eso, nos armaron grupos de WhatsApp y así nos comunicamos para definir qué hacemos”, contó otro empleado que trabaja en una de las áreas bajo la órbita de la administración central.
Una empleada de Finanzas, en tanto, confió que les dijeron que más allá de cuándo termine la pandemia, “vamos a seguir trabajando para siempre desde casa”.
Respecto de la continuidad o no del home office en el tiempo, desde la Provincia indicaron que no hay nada definido. “No podemos saber de antemano cómo va a evolucionar la pandemia, pero tenemos la obligación de tener todas las herramientas que garanticen que el Estado siga funcionando”, aclararon.
Además del proyecto de Pihen, hay tres iniciativas más relacionadas con la organización del teletrabajo en la Provincia.
Renuevan 4.650 conexiones a la red provincial: $ 4,4 millones
Es lo que cotizan las 4.650 licencias VPN por un año, a razón de poco más de $ 965 cada una, según el presupuesto de las subastas inversas.
