El Gobierno provincial lanzó un régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria (PAV) para empleados públicos que hasta el 31 de diciembre les falten 10 años o menos para jubilarse.
La iniciativa que figura en la ley 8.836 de Modernización del Estado excluye a los docentes, personal de la Salud y de fuerzas de seguridad.
Según la información oficial que difundió el Gobierno provincial, “la medida se da en el marco del proceso de innovación, digitalización y modernización del Ejecutivo provincial que lleva adelante la actual gestión”, indicó la información oficial.
“Se trata de una herramienta que, en el actual y cambiante contexto, permite avanzar en el reordenamiento de los recursos humanos sin poner en riesgo la prestación de los servicios y optimizando el uso del erario público”, se indicó de la Provincia.
Se trata de una iniciativa que impulsan la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y el secretario General de la Gobernación, Julio Comello.
La pasividad anticipada alcanza a aquellos empleados a los que, hasta el 31 de diciembre del 2021, les restaban 10 años o menos para acceder a la jubilación ordinaria; “que gocen de estabilidad y cuyo cese de prestaciones no afectare la continuidad, la necesariedad o la calidad del servicio en las reparticiones en las que se desempeñan”.
Los agentes que se encuentran en condiciones de solicitar la jubilación anticipada son 3.110 y prestan servicios en los diversos ministerios, secretarías, agencias y organismos del Ejecutivo Provincial.
Así, los interesados podrán realizar la solicitud de manera voluntaria desde el 3 de enero y hasta el 31 de marzo de 2022 inclusive, a través de la plataforma Empleado Digital.
Quienes se acojan a este beneficio cobrarán el porcentaje de la jubilación real, dependiendo de la antiguedad. Por ejemplo. A quienes le falten cinco o menos años para jubilarse, percibirán el 70% del haber. En cambio, a quienes le falten 10 años para jubilarse percibirán el 60%.
Cada postulación será evaluada por las autoridades de la jurisdicción a la que pertenezca el agente, para evitar cualquier afectación y/o disminución de la calidad y continuidad de los servicios y prestaciones que brindan.
Luego de que se les notifique la respectiva aceptación, los empleados deberán suscribir el acuerdo de manera presencial, para lo cual oportunamente se dispondrán turnos previos.
Los agentes provinciales que reúnan los requisitos y decidan acogerse recibirán una remuneración mensual proporcionalmente acotada respecto a la correspondiente a sus cargos, categorías y antigüedades, permaneciendo, no obstante, en situación de dependencia hasta la jubilación definitiva.
Un aspecto importante del decreto publicado hoy es que no podrán generarse ascensos ni nuevas contrataciones para reemplazar a quienes opten por acogerse a la jubilación anticipada.
Reacción gremial
Los gremios estatales no se mostraron sorprendidos por la medida que impulsa el Gobierno provincial. Desde el SEP dijeron que mientras sea “voluntario” no se opondrán.
El único dirigente gremial que opinó sobre el tema fue Domingo Ovando, titular de la Unión Personal Superior (UPS-jerárquicos).
“Se trata de una decisión personal y voluntaria que pueden tomar los agentes públicos. Vamos a estar muy atentos a que sea así. Son pocos más de 3.000 quienes están en condiciones de acogerse a este beneficio. Siempre que sea voluntario, no nos opondremos, pero seguiremos de cerca el tema”, afirmó el titular del gremio que representa a los empleados jerárquicos de la administración pública provincial.
