Aunque tienen diferencias y la reforma previsional no los impacta a todos por igual, los gremios estatales cordobeses lograron un consenso básico: embestir en los tribunales contra la reforma previsional que impulsó el gobernador Martín Llaryora.
Todo indica que esta pulseada entre los sindicatos y el Gobierno provincial terminará dirimiéndose en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba.
Será, en definitiva, el máximo tribunal de Justicia provincial el que deba determinar si la iniciativa promovida por el gobernador Llaryora –y aprobada por la Legislatura con votos oficialistas y de algunos aliados– vulnera o no derechos adquiridos.
Antes de llegar a esa instancia, los gremios intentaron frenar la reforma en las calles. El mes pasado hubo varias protestas masivas y jornadas de fuerte tensión, pero ese despliegue no alcanzó para evitar la sanción legislativa.
Más allá de las amenazas de algunos sindicatos de realizar protestas sorpresivas en festivales y eventos donde participe el gobernador, en el ámbito gremial admiten –en voz baja– que la vía judicial es el único camino que les queda para intentar voltear una reforma que responde a una movida política de Llaryora, en una apuesta para tratar de asfaltar el camino para su reelección: sacarles recursos a los jubilados de mayores haberes para reforzar los ingresos de quienes menos cobran.
De allí que el propio mandatario provincial y su círculo más cercano insistan en conceptos como “equidad” y “solidaridad” para justificar la iniciativa.
Respuesta
Desde la otra vereda, los gremios contraatacan con un argumento recurrente: el Estado provincial no ajustó sus gastos y ni los trabajadores activos ni los pasivos están dispuestos a resignar más ingresos, aun cuando en algunos sectores esos salarios y haberes sean elevados.
Para neutralizar otra de las críticas del oficialismo –la de que los gremios no protestan contra el Gobierno nacional por la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones–, las organizaciones sindicales también acordaron llevar sus reclamos al plano nacional.
Así, en una partida de ajedrez en la que nadie quiere quedar en jaque mate, el gobierno llaryorista y los gremios mueven sus piezas con la mirada en quién está del otro lado del tablero.
En el Centro Cívico, en tanto, reina la convicción de que la reforma previsional será finalmente avalada por el máximo tribunal de Justicia de Córdoba.
No está claro, sin embargo, si esa certeza se apoya en argumentos jurídicos sólidos. Por ejemplo, si existieron consultas previas de los operadores judiciales llaryoristas con el TSJ antes de avanzar con la reforma.
Lo que sí se sabe es que una iniciativa anterior –la que proponía establecer un techo de 2,5 millones de pesos a las jubilaciones provinciales, impulsada por el socialista-oficialista Matías Chamorro– tenía asegurado el rechazo por parte del TSJ.
Ahora, expectativas y ansiedades se concentran en esta reforma, cuyo desenlace volverá a jugarse en el máximo estrado judicial.
