Pese a estar ausente el tema en el discurso del gobernador Juan Schiaretti en la apertura de sesiones de la Legislatura, el reclamo de intendentes peronistas y radicales -y unos cuantos vecinalistas- para quitar el impedimento a la re reelección volverá a cobrar fuerza en el corto plazo.
El mandatario provincial no formuló ninguna mención al asunto en su mensaje ante la asamblea legislativa, pese a que un puñado de parlamentarios opositores -en soledad- le habían pedido a Schiaretti que desista de promover la reelección indefinida de los intendentes.
Con el argumento de “una baja calidad institucional”, los legisladores Marcelo Cossar (Juntos UCR) y la carrioista Cecilia Irazuzta coincidieron en solicitarle al gobernador -en la previa de su discurso- que expresara su negativa a las intenciones de habilitar la reelección indefinida de intendentes.
Esto, claramente, no ocurrió. El asunto no tuvo ninguna mención en el mensaje de 43 minutos que el titular del Ejecutivo provincial pronunció el martes en la Unicameral.
Hubo un marcado silencio en este punto clave de la “agenda de la política” que se viene en el corto plazo y que volverá a poner en escena al parlamento cordobés, luego de la polémica desatada por la ley de juego online.
Schiaretti centró su discurso en reafirmar su perfil opositor al Gobierno nacional. Así redobló su rechazo al “país unitario” que sostiene el poder central con los “privilegios” al Área Metropolitana de Buenos Aires, “en detrimento del interior profundo de la Patria”.
En agenda
Si hay un tema clave de la “agenda de la política” para este año bisagra, de cara al 2023, es buscarle la vuelta para suspender la ley 10.406 que impide los mandatos ilimitados de los intendentes y jefes comunales en la provincia.
La norma promovida por el gobierno de Schiaretti que se aprobó a fines de 2016 fija un límite de dos mandatos a las aspiraciones reeleccionistas de quienes están al frente de gobiernos locales que no poseen carta orgánica propia y que se rigen por la ley orgánica 8.102.
Hay 283 intendentes y jefes comunales -el 63% de los 427- que no podrían presentarse para un nuevo mandato en el próximo turno electoral. De ese número, la mayoría son de signo peronista, ya que solo un poco más de 50 son radicales.
Este asunto es parte del debate puertas adentro que se inició el año pasado en los dos partidos con poder territorial local, a raíz de la presión de los jefes comunales que quieren ir por un tercer mandato consecutivo.
También involucra -en menor proporción- a representaciones locales de tinte vecinalista y kirchnerista.
No obstante, esta discusión ya abrió una grieta en el seno de las fuerzas políticas entre promotores y detractores por la suspensión de la norma vigente.
En la UCR, los diputados Mario Negri y Rodrigo De Loredo ya adelantaron su oposición. A esta postura se sumaron los intendentes que comparten el espacio político con el radical evolucionista. Sus correligionarios de localidades de menor población opinan lo contrario.
Frente a este escenario, la alternativa que aparece como más viable sería introducir un cambio al artículo 7 de la ley 10.406 que tome como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019.
“A los fines de la aplicación de la presente ley, el actual mandato (…) será considerado como primer período”, dice la normativa que se aprobó el 1 de diciembre de 2016.
Costo compartido
Nadie lo admitirá en público, pero la demanda de intendentes oficialistas y opositores de habilitar la re reelección en el 2023 se encuentra en agenda para los próximos meses.
Algunas voces que conocen al dedillo los movimientos del tablero político advierten que este asunto urticante no pasará de marzo en que se trate en la Unicameral. A lo sumo, se extenderá al primer semestre.
Hay tres variables que deben alinearse para que el oficialismo avance con la decisión de “pausar” la normativa en cuestión, luego de una serie de contactos no orgánicos en los distintos sectores interesados que no dieron resultados.
Los intendentes deben materializar esta necesidad ante la Mesa Provincia – Municipios, con un pedido formal para ser trasladado a la Legislatura.
Hasta aquí, jefes comunales de distinto signo político buscaron evitar pagar el costo y sondearon a un grupo de legisladores para que sean ellos quienes “pongan la cara”. La respuesta fue tajante: la mesa institucional que los congrega debe elevar la solicitud.
El segundo elemento pasa por la oportunidad. Se buscará el momento justo para abordar el asunto “a la luz del día”, sobre la base del pedido orgánico de los intendentes. El criterio que predomina -por ahora- es no más allá de marzo.
La tercera variable está concatenada con la segunda: debe haber una expresión de “consenso amplio” para adoptar esta medida que implica un costo político demasiado alto.
Desde “El Panal” ya se envió el mensaje: los intendentes y una buena porción de la dirigencia radical deberá asumir su cuota de costo político para habilitar la re reelección de los intendentes en el 2023.
Derogar la limitación, implicaría un costo político demasiado alto. La alternativa podría ser un cambio en la ley que pasaría por la interpretación del “primer mandato”. Es una situación en espejo con lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires.
