Antes de que el gobernador Martín Llaryora decidiera aplicar una nueva reforma al sistema previsional provincial, un ministro de su gabinete vociferó un diagnóstico personal que ahora, con los cambios propuestos, cobra más sentido. Sin cuidado de las formas, lo expuso días atrás. “Tenemos –dijo– un problema grande en la gestión: nos putean todos. Nos putean los docentes, los médicos, los policías y los jubilados. No podemos seguir así”.
Llaryora ocupó buena parte del posoperatorio que aún transita, tras la intervención por una hernia, para “cranear” los cambios que desde la próxima liquidación de haberes implementará la Caja de Jubilaciones para unos 116 mil pasivos cordobeses.
Con un nivel de discrecionalidad y flexibilidad para modular el alcance de las modificaciones que llama la atención para una normativa sensible como esta, la reforma apunta a dos grandes objetivos. Por un lado, reducir parte del déficit del sistema que financian todos los cordobeses, cifrado hoy en un tercio del gasto total. Por otro, generar un esquema algo más “distributivo”, con una pirámide más chata.
Quiénes pagan el ajuste
El criterio central que plantea Llaryora en privado –y que sus voceros defienden en público– es que quienes más ganan como agentes activos de la administración pública sean quienes proporcionalmente más aporten para sostener el sistema. Y, como contrapartida, se les garantice la jubilación futura.
Ese grupo está compuesto por quienes perciben ingresos superiores a tres millones de pesos. En ese umbral trazó la línea la Provincia. Serán los perdedores de la reforma.
Lo mismo ocurrirá con los pasivos de ese segmento, que verán reducidos sus haberes por efecto de que el salario de los activos recibirá el impacto de un mayor aporte previsional. Estos podrán pagar hasta un 8% extra, el máximo que estipula la nueva escala.
En esa pecera están los magistrados, parte de los judiciales, los bancarios, los municipales de la Capital, los afiliados a Luz y Fuerza, las autoridades del Ejecutivo y los legisladores. Son unos 20 mil aportantes; alrededor del 10% de los más de 190 mil empleados públicos.
“Es la primera vez que una reforma jubilatoria no perjudica a todos. Hay algunos que tendrán que aportar más –los de mayores salarios– y otros que se verán beneficiados. Pero en realidad, todos ganan, porque quienes más van a aportar se aseguran que cobrarán cuando se jubilen”, repite Llaryora para defender las medidas.
En los días previos, el Gobierno dejó trascender la idea general de la reforma, pero el gobernador se reservó los detalles hasta este miércoles. Incluso se ensayó la posibilidad de fijar un tope para los haberes más altos, alternativa que finalmente quedó descartada por no superar el filtro judicial.
Con todo, Llaryora avanzó con una receta poco innovadora: sin discusión previa y con el factor sorpresa que caracteriza a cualquier proyecto en el que hay perdedores.
“Es cierto que algunos van a perder, pero son quienes más déficit nos generan”, admite el gobernador, mientras defiende que la nueva “tablita” de aportes “no es confiscatoria”, como sostienen los gremios más afectados. “No tememos que se judicialice”, asegura, aunque remarca que no realizó aún consultas formales a la Justicia.
Beneficiados y discrecionalidad
Del lado de los ganadores (básicamente, médicos, docentes, policías y el SEP) están los pasivos que cobran hasta $ 1,3 millones. Ese universo de unos 53 mil beneficiarios –algo menos de la mitad del total–, alcanzará el anhelado 82% gracias a un adicional no remunerativo.
No será, sin embargo, un haber móvil: no estará atado al salario de los activos, sino a la discrecionalidad del gobernador.
En esta nueva reforma, Llaryora se arroga amplias facultades para ecualizar, a gusto y piacere, topes, umbrales y porcentajes. No es una novedad. Ya lo hizo cuando fue intendente de la Capital. Acumular opciones y márgenes de maniobra para futuras negociaciones es una marca registrada de las gestiones del sanfrancisqueño. El gobernador justifica esa amplitud en dos variables abiertas: el devenir del acuerdo con la Nación en la Corte y la evolución de la economía.
Los días de Schiaretti
La última reforma jubilatoria la ejecutó Juan Schiaretti en 2020, cuando transitaba su tercer mandato no consecutivo en la Provincia.
Ya entonces, Schiaretti era considerado un paciente de riesgo. Días atrás, el exgobernador se sometió a una operación en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, una decisión que hoy es celebrada por su entorno.
Desde la semana pasada está en Córdoba y se recupera de forma satisfactoria. Camina por las inmediaciones de su casa y visita a viejos amigos del barrio.
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de sobresaltos. Durante la intervención en la que le reemplazaron la válvula aórtica hubo momentos de extrema zozobra. Una complicación grave y repentina obligó a los profesionales a colocarle un doble stent para frenar una hemorragia invasiva en la arteria femoral, un cuadro que hizo temer lo peor.
El exgobernador no asumirá su banca de diputado hasta el año próximo. Priorizará su salud. La política, por ahora, deberá esperar.
