Un nuevo informe del Iaraf advierte que si se reformara el actual esquema de coparticipación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cada provincia tuviera que fijar su propia alícuota para mantener sus ingresos actuales, la mayoría debería aplicar una carga superior al 21%.
En términos concretos, 18 de las 24 jurisdicciones del país, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, necesitarían elevar la presión impositiva sobre el consumo para sostener los recursos que hoy reciben vía distribución automática de Nación, dice el economista Nadin Argañaraz.
El estudio parte de un análisis teórico que no pretende sugerir medidas específicas de política, sino explorar escenarios posibles ante una hipotética descentralización total del IVA. Tampoco incorpora consideraciones vinculadas a la factibilidad técnica o a la administración tributaria, sino que se concentra en el impacto neto sobre los ingresos de cada jurisdicción si el régimen cambiara.
Argañaraz toma como punto de partida una recaudación base de $100 de IVA. Desde allí, compara tres escenarios: el primero, la situación actual con coparticipación; el segundo, una división fija entre Nación (10%) y provincias (11%); y el tercero, una estructura mixta con Nación manteniendo su alícuota del 10% y las provincias ajustando la suya hasta igualar los fondos que hoy reciben por coparticipación.
Es en este tercer escenario donde se observan los mayores desajustes. Bajo ese supuesto, la carga total del impuesto se dispararía por encima del 21% en tres cuartos del país.
El caso más extremo sería el de Catamarca, que requeriría una alícuota combinada del 81,4%. Le siguen Formosa, con 56,5%, y La Rioja, con 52,9%. Valores de ese orden no solo resultarían imposibles de implementar en la práctica, sino que también generarían distorsiones económicas profundas entre regiones.
El informe de Iaraf subraya que este ejercicio pone en evidencia los fuertes desequilibrios fiscales que existen entre las provincias argentinas. También muestra cuán dependientes son muchas de ellas de los fondos que transfiere el gobierno nacional a través del régimen de coparticipación.
Según Caputo, la Nación retendría aproximadamente un 9% del actual 21% del IVA, mientras que las provincias definirían el porcentaje restante.El ministro argumenta que este esquema incentivaría a las provincias a reducir sus alícuotas para atraer empresas, lo que podría generar mayor actividad económica y, en consecuencia, aumentar la recaudación.
La discusión sobre una reforma del sistema tributario y la distribución de recursos entre Nación y provincias es tan antigua como compleja.
La Constitución reformada en 1994 estableció la obligación de sancionar una nueva ley de coparticipación, pero en más de tres décadas eso nunca ocurrió.
En ese contexto, cualquier intento de avanzar en la descentralización del IVA, o en una mayor autonomía fiscal provincial, enfrenta obstáculos tanto políticos como técnicos.
Lo que deja claro el informe es que los cambios en el sistema de coparticipación no son meramente contables. Tocar la distribución del IVA implicaría revisar de manera integral la arquitectura fiscal del país y afrontar una negociación profunda sobre los recursos y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
