La reforma laboral será incorporada a la “ley bases” como un nuevo capítulo, lo que significa un avance en la negociación con el radicalismo, encabezado por el diputado nacional Rodrigo de Loredo.
No solo se contempló el proyecto de la UCR, sino también las propuestas del PRO y Hacemos Coalición Federal.
De todas maneras, una de las principales novedades es que el proyecto no incluirá el artículo impulsado por el radicalismo para eliminar las contribuciones solidarias a sindicatos. Aunque, sí le pondrá límites a su cobro por parte de los gremios.
Las contribuciones “solidarias” de parte de los trabajadores no afiliados a ningún gremio son una de las bases del financiamiento de los sindicatos de todo el país.
¿Qué dice?
En el DNU dictado por Javier Milei (el capítulo laboral está frenado por la Justicia) se le ponía límites a la cuota solidaria ya que establecía que solo se podía descontar del sueldo si existia “un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”.
Pero ahora, el borrador agrega que “sólo se podrá descontar a los trabajadores no afiliados si hay consentimiento expreso de ellos” y aclara que “esta autorización podrá ser revocada”.
“En ningún caso los empleadores estarán obligados a retener cuotas, aportes o contribuciones y depositar importes a más de un sindicato”, agrega.
Y advierte: “Los trabajadores no afiliados podrán oponerse a la retención de dichos conceptos, comunicando su voluntad explicita en los supuestos de superar el 2% de su remuneración mensual bruta o resultar superiores a los exigidos a los trabajadores afiliados, en dicho caso la retención deberá efectivizarse hasta su concurrencia; pretender su exigibilidad sin especificar plazo alguno en su aplicación, o cuando éste excediera de 1 mes, contado desde la fecha de la celebración o renovación del convenio colectivo que la dispuso; no garantizar beneficios concretos y reales a los trabajadores no afiliados por el período de vigencia”.
Otros puntos
De todas maneras, y entre otros puntos, el proyecto buscará aprobar una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en actividades que son consideradas “servicios esenciales”; y la penalización de las asambleas que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas.
También el Gobierno incluye en la “ley bases” medidas que van contra la ultraactividad de los convenios colectivos (principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo).
Además, se quiere considerar “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.
Aunque el nuevo proyecto tiene muchas similutudes con el capítulo laboral del DNU (frenado por la Justicia), también presentó diferencias. Por ejemplo, propone reducir de 8 a 6 meses el período de prueba de los trabajadores.
Otra de las caraceterísticas del proyecto en la “ley bases” es que se mantiene la habilitación para negociar en forma colectiva (siempre que empresarios y sindicalistas acuerden) de un sistema de indemnizaciones distinto al actual, y que tenga como modelo el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
