El Gobierno nacional presentará este martes el proyecto de reforma laboral, iniciativa que busca reducir el costo empresarial, acotando las indemnizaciones y flexibilizando la jornada laboral y el otorgamiento de vacaciones.
El proyecto también apunta a recortar el poder sindical en la discusión de los convenios colectivos, buscando imponer la negociación por empresa o unidad de negocio.
Voceros oficiales confirmaron a La Voz que este martes se llevará a cabo la última reunión del Consejo de Mayo. Cerca del mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informará el contenido de la propuesta.
El Poder Ejecutivo pretende que el proyecto se debata durante el período de sesiones extraordinarias que se extenderá del 10 al 31 de diciembre. Dada la profundidad de las modificaciones propuestas y el calendario reducido por las fiestas de fin de año, la aprobación tal como la pretende la Casa Rosada luce complicada.
Diferentes voceros de la CGT ya se manifestaron en contra de los puntos centrales que han trascendido, lo cual anticipa un difícil trámite parlamentario, dado que si bien el oficialismo consiguió la primera minoría no está tan claro que pueda imponer quorum y lograr aprobaciones en iniciativas que dividen al arco político.
Indemnizaciones
Uno de los puntos más álgidos, y en el que los gremios se apalancan para dar la pelea, es la reestructuración del régimen de indemnizaciones por despidos sin causa. El objetivo es reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad a las obligaciones patronales.
Además de reducir el costo del pago resarcitorio, el Gobierno pretende que el costo final de un despido sin causa no quede atado al criterio de actualización de un juez, sino que exista un rango máximo previsto para darle previsibilidad al empresario.
La iniciativa propone que el cálculo para la indemnización se base en el salario básico, la antigüedad y otros componentes remunerativos de carácter ordinario. Se excluirían factores como las vacaciones y el aguinaldo. Tampoco se tomarían en cuenta conceptos considerados transitorios, como premios anuales o similares.
El segundo punto atado a este es la introducción del “salario dinámico”. Esto implica que se define un salario básico y luego un empleador puede otorgar sumas adicionales por productividad u otros factores. Este extra no ingresaría en el cálculo de la indemnización, lo que le otorgaría al empresario una herramienta adicional para reducir el pago, pero en perjuicio del trabajador.
Con el objetivo de aliviar la carga financiera sobre las empresas en el pago de las indemnizaciones –siempre dentro del marco de un despido sin causa–, se propone crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo será de integración obligatoria y ascenderá al 3% de las remuneraciones que sirven de base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa). Este porcentaje luego se descontará de la contribución empresarial al sistema previsional, lo cual tendrá impacto directo en los fondos que recibe el Estado para el pago de las jubilaciones.
Este nuevo sistema de cese laboral solo podrá tener vigencia en caso de un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores del sector mediante una negociación colectiva.
Otro de los puntos centrales de la reforma en el capítulo indemnizatorio es la posibilidad del pago en cuotas y con límite a los intereses sobre el capital a pagar.
De acuerdo con el texto que trascendió, el Gobierno también propone una reducción de los aportes patronales con destino a varios subsistemas de la seguridad social.
Para el rubro de “servicios y comercio”, aplicable a aquellas firmas cuyas ventas superen los límites de una empresa mediana, se prevé una disminución en la alícuota del 20,40% al 17,40%.
Para el resto de los empleadores del sector privado, la alícuota se reduciría del 18% al 15%.
Además, se establece un régimen de incentivo específico para la creación de nuevo empleo formal. Este beneficio, aplicable durante el primer año de la nueva relación laboral, prevé una reducción en las cargas patronales que incluye alícuotas más bajas para contribuciones a subsistemas de seguridad social. Estos incentivos se mantendrán vigentes durante los primeros cuatro años de inicio del nuevo vínculo laboral.
En relación con el empleo ya registrado, el proyecto estipula una reducción del 6% en las contribuciones destinadas al funcionamiento de las obras sociales a cargo del empleador, lo cual impactaría de manera significativa en las arcas sindicales.
Jornada Laboral
En lo que se refiere a la flexibilización de las condiciones de trabajo, la reforma autoriza cambios en las jornadas de trabajo y en el otorgamiento de vacaciones en forma fraccionada con un mínimo de siete días.
La iniciativa indica que las vacaciones deberán ser otorgadas entre el 1 de octubre y el 30 de abril, pero deja abierta la posibilidad a que en base a acuerdos sectoriales se modifiquen las fechas.
A su vez, se incorpora la figura del “banco de horas”. Este mecanismo habilita a las empresas a compensar las horas extraordinarias trabajadas por el empleado con el otorgamiento de “francos” o días de descanso, en lugar de realizar el pago clásico de horas extras. En cualquier caso deberá mantenerse un descanso entre jornadas no menor a las 12 horas.
Salario
La propuesta oficial permite que los empleadores paguen una parte de los salarios mediante tickets (puede ser para cualquier tipo de compra), y establece la obligatoriedad de digitalizar los recibos de sueldo. La reforma también habilita una reducción del salario en casos de disminución definitiva en la capacidad laboral, cuando el empleador reasigne al trabajador a otras tareas acorde a su nueva categoría y jornada.
Relación sindical
Con relación al modelo sindical se propone la eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos. Esto implica que los convenios ya no se renuevan automáticamente una vez que vence su vigencia.
A su vez, se dispone que un convenio de ámbito menor prevalecerá frente a otro de ámbito mayor, ya sea anterior o posterior a este. Con esta medida se busca favorecer la negociación de convenios por empresa sobre los convenios de actividad.
En este marco también se limita la realización de asambleas, aclarando que un trabajador que participa de una asamblea no está trabajando y pierde la remuneración correspondiente a ese tiempo.
La normativa también califica como “infracciones graves” aquellas acciones como el bloqueo o la toma de empresas.
El proyecto también aborda la protección sindical al determinar las dotaciones mínimas para “servicios esenciales o actividades de importancia trascendental” en caso de huelga.
Otras modificaciones al contrato laboral buscan reducir la burocracia y la complejidad para los empleadores. Uno de los puntos polémicos es la regulación de las plataformas de reparto y empleo digital, estableciendo el reconocimiento de una relación laboral formal y obligando a las empresas a registrar a los trabajadores ante la seguridad social. Los mismos trabajadores han rechazado esta opción en varias ocasiones ante intentos del sindicalismo de avanzar sobre ellos.
