Ya estaba ciego y tenía casi 100 años, pero quería volver. Llevaba dos décadas sin ver, pero quería ser presidente otra vez. Se defendía con sarcasmo: “En países como el nuestro, hay tantas situaciones complejas que hay que entenderlas a veces como un ciego y otras veces como vidente”. Su condición de anciano tampoco le parecía un impedimento.
En las calles de su pueblo, comentaban con malicia que una vez un diplomático quiso regalarle una tortuga galápago, de vida centenaria, y él rechazó el obsequio respondiendo: “Después se mueren estos animalitos y a uno le da mucha pena”. Joaquín Balaguer quería volver a la presidencia de la República Dominicana donde había gobernado siete veces, a lo largo de 24 años. Cinco menos que Gildo Insfrán. Pero lo más original era la sinceridad del movimiento político que lo postulaba para el regreso. Créase o no, el partido se llamaba “Lo que diga Balaguer”.
Quien suponga que el populismo empieza y termina en la intervención asfixiante del Estado sobre la economía, debería releer la historia. El populismo político también ha sido una constante. Con economías cerradas y dirigistas o abiertas al libre mercado, también florecieron, por derecha y por izquierda, liderazgos cuya lógica política se reduce en última instancia a depositar todo en las manos de un redentor y sostener como principal doctrina que conviene hacer lo que Balaguer nos diga.
En todo proceso político hay una batalla por las ideas dominantes. Durante los años de mayoría aplastante del kirchnerismo, articulistas como Jorge Fernández Díaz se hicieron cargo de la exigente tarea de desmontar aquellas narrativas excluyentes que el aparato de propaganda oficial pretendía imponer como verdades absolutas. Porque ese aporte al debate intelectual fue clave entonces para afirmar los valores de la república, es de particular importancia escuchar lo que está diciendo ahora sobre el nuevo proceso político iniciado en el país: en un homenaje a Mario Vargas Llosa en el diario La Nación, acaba de señalar que el gobierno de Javier Milei no debe olvidar el gen liberal que el escritor peruano siempre reivindicó. Que el liberalismo no puede (ni debe) ser reducido a una teoría económica.
La advertencia de Fernández Díaz no llega devaluada. Su opinión no es similar, por caso, a la de Martín Lousteau. El flamante presidente del radicalismo objeta del gobierno de Milei la propensión al decisionismo. Pero su trayectoria permite inferir que critica las medidas de Milei porque disiente con sus contenidos. Con la excusa de las formas.
La opinión de Fernández Díaz tampoco le reduce la exigencia republicana a Federico Sturzenegger, ideólogo del decreto de necesidad y urgencia que la gestión Milei planteó como rumbo estratégico del gobierno.
Sturzenegger hizo un trabajo ciclópeo al rastrillar en la maraña de regulaciones estatales y desactivar cada circuito donde los años de populismo fueron dejando sembradas normas que riñen con el espíritu de la Constitución de 1853. Algunos califican esta iniciativa como una revolución conservadora. Otros prefieren señalar que es un regreso a las fuentes: una restauración liberal. En ambos casos, la discusión del método (cómo aprobar la reforma) no debe ser una cuestión menor. El liberalismo es, por definición, una condición de procedimiento del individuo frente al Estado. De modo que la cristalización de la norma es un contenido en sí mismo.
Arte del buen gobierno
Hay algo en la defensa pública que Sturzenegger hace de su criatura normativa, el DNU 70, que puede ser mejorado. Para explicarlo, conviene recurrir a Juan Bautista Alberdi: “La verdadera sanción de las leyes reside en su duración”. El arte del gobierno –decía el autor de las Bases– es el arte de hacer amar por el pueblo la Constitución y las leyes. Traducido al debate actual: el rumbo favorable a las libertades explorado en el DNU 70 puede frustrarse si el Gobierno sólo explora la vía de la imposición, subestima la del consenso o se conforma con sembrar una declaración de principios efímera y testimonial.
La restauración de la idea liberal tiene que ser explicada hasta la fatiga, para que la ciudadanía la adopte por convicción. No sólo por reacción circunstancial y emotiva en contra de la devastadora experiencia populista.
En ese orden de razonamiento, tan relevante para el Gobierno como la tarea de explicar todas y cada una de las medidas que abarca el amplísimo decreto de emergencia, será gestionar en simultáneo la principal condición objetiva que determina la confianza del electorado en la administración Milei: bajar la inflación. La restauración liberal debe prenderle una vela al éxito de Luis Caputo.
Es un caso diferente al proceso reformista instrumentado por el dúo Carlos Menem-Domingo Cavallo. Entonces se implementó primero el plan de estabilización y, cuando este empezó a dar los primeros resultados favorables, se lanzó un programa de liberalización amplio. Urgido por la crisis, Milei dispuso señalar el rumbo (con el DNU 70 y las leyes de reforma del Estado) al mismo tiempo que Caputo lanzó un tratamiento acotado por ahora a la contención de las contingencias más severas de la economía quebrada que el kirchnerismo legó.
El decreto de Sturzenegger es una radiografía de cómo el populismo hizo metástasis en el sistema normativo. Pero es Caputo quien está en el quirófano. Primero debe bajar la fiebre y coagular las hemorragias. La eficiencia de lo segundo es la condición de credibilidad de lo primero.
Aunque a Milei le disguste cualquier alusión que provenga de Juan Perón o Hipólito Yrigoyen, bien puede ser de liberal sagaz admitir el realismo de algunas frases, como las que aluden al bolsillo como víscera más sensible o la importancia de las efectividades conducentes.
Son realidades que se pueden reconocer. Como ciego o como vidente.
