La asamblea de productores de la Sociedad Rural de Río Cuarto insistirá con que el aumento del impuesto Inmobiliario Rural no pase el 172,5%, es decir, 16,5 puntos por debajo del incremento bruto fijado por la Provincia, aunque hubo posturas para rechazar por completo esa suba.
Al mismo tiempo, demandó que la Dirección Provincial de Rentas (DGR) institucionalice formalmente el diferimiento en el pago de la cuota única, dilatada para mayo, y que se devuelva el 10% por el pago de contado, más el 30% de rebaja si el contribuyentes es cumplidor.
La deliberación fue atentamente seguida desde El Panal, es más, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, viajó a Río Cuarto y estuvo disponible anoche en el Centro Cívico para volver a dialogar con la Mesa de Enlace provincial y con la Asociación de Consorcios Camineros para exponer la postura de la provincia.
En esa cartera se consideró que era “innecesaria” la presencia del funcionario en la asamblea de la Rural en razón de que “ya venimos hablando”, se argumentó. Ese diálogo continuará hasta donde sea necesario, prometieron esta noche en el Panal. “Ellos dicen que se juntan con dirigentes, no con productores”, replicó el presidente de la entidad convocante, Heraldo Moyetta.
En la sede gubernamental se insiste en la permanente predisposición de la Provincia para abordar la problemática agropecuaria, desde el reclamo para eliminar las retenciones nacionales, pasando por obras de infraestructura y la carga tributaria propia.
En un cruce radial en FM Gospel con Moyetta, Busso insistió en que el 98% de la recaudación conseguida por la Provincia con el inmobiliario Rural vuelve en infraestructura a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA).
Explicó, en esa línea, que de acuerdo con el índice de precios mayoristas del sector agropecuario, la actualización debería haber alcanzado el 189% pero el Gobierno dispuso topear en 172,5% (con excepción de las mejoras) y diferir la diferencia para el año próximo.
Precisamente, al redondear lo hablado en la asamblea, Moyetta apuntó que se pedirá que el gravamen no supere el porcentual mencionado, aunque hubo productores que pidieron que evite pasar la inflación del año pasado: 117,8%.
El famoso 10% menos
Busso viene remarcando, asimismo, los beneficios conocidos, como por ejemplo, que el impuesto vence sin actualizar en mayo o que para aquellos casos donde se demuestren dificultades económicas, habrá un diferimiento por 6 meses, sin interés.
En cuanto al 10% de rebaja eliminado para el pago de contado, la Provincia está dispuesta a conversar, pero con la advertencia de que de algún modo necesita recuperar la inflación que se produzca hasta mayo. De lo contrario se perdería equidad frente al resto de los contribuyentes que no tienen ese plazo como opción.
También detalló que en la comparación que realizan los productores del sur sobre los montos de los cedulones aparece una confusión central. “La determinación del impuesto bruto del año 2024, que es lo que en definitiva la Legislatura define, es el impuesto bruto, el impuesto es uno solo, es bruto, es lo que determina”, agregó.
Hay dueños de campo que, equivocadamente, comparan el neto que pagaron el año pasado (por ejemplo, con la quita por el pago en cuota única) con el bruto que les aparece para este año en Rentas, explicó.
Acalorada y con visitas
Mientras tanto, en la asamblea realizada en la Rural riocuartense, con una significativa presencia de productores, resonaron los reclamos, con fuertes críticas a los montos del impuesto y a la gestión oficial.
La deliberación estuvo marcada también por la asistencia de legisladores e intendentes de fuerzas opositoras, entre ellos el presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovich. También, el titular del bloque radical de la Cámara de Diputados de la Nación, Rodrigo De Loredo, con un enfervorizado mensaje.
“Acá vinimos a laburar, a escucharlos a ustedes, para eso nos pagan”, afirmó casi sobre el cierre. “Este es un aumento salvaje, ilegal, confiscatorio”, remarcó. “Un zarpazo inmobiliario”, dijo, y los instó a judicializar el pago, aún cuando el resultado fuera incierto, reconoció.
Un tema de la asamblea fue que algunos legisladores radicales avalaron el Código Tributario votado el 28 de noviembre pasado. Lo hizo notar el experimentado ruralista Néstor Roulet. De Loredo se defendió diciendo que algunos legisladores “usan el nombre de mi partido” y prometió un proyecto específico para tirar abajo el “impuestazo”.
Patricio Killmurray, presidente de Cartez, aclaró que la cuota única podrá pagarse hasta mayo con las quitas correspondientes; también señaló que el sector espera respuesta para una devolución del 10% por pago de contado y una mayor claridad en la página de Rentas. Desde la provincia afirman que esa quita no tiene sentido porque la vigente es mayor.
En la asamblea no se produjo una votación final entre los asistentes. Mientras Moyetta decía que el pedido era topear el aumento en el 172,5%, hubo productores que afirmaron que en realidad lo que salió del encuentro fue el “rechazo” al incremento por encima de la inflación del año pasado. La dirigencia agregó que se continuará conversando con el Gobierno.
Hasta ayer, pagaron el inmobiliario Rural unos 15.000 titulares de cuenta, en parte porque no son pocos los que abonan por débito automático.Según fuentes oficiales, entre todos los pagos, inmobiliarios Urbano y Rural, ingresaron casi 700 mil, unos 20 mil por hora.
