La responsabilidad penal del legislador Oscar González en el fatal choque que protagonizó hace ocho días en las Altas Cumbres aún debe ser determinada por la Justicia. El peronismo cordobés intentó durante una semana hacer valer la presunción de inocencia del presidente provisorio de la Legislatura en términos absolutos y sostenerlo como si nada le hubiera pasado como tercera autoridad de la Provincia.
Ayer, sábado, finalmente, se impuso el más elemental sentido común: más allá de las responsabilidades penales que determinará la investigación judicial, no puede la tercera autoridad de la Provincia exhibir semejante desprecio por las normas viales que la propia Unicameral establece para todos los habitantes de Córdoba.
Y mucho menos hacerlo a bordo de alguno de los cuatro vehículos judicializados de alta gama que el Tribunal Superior de Justicia le cedió para su uso.
El anuncio de la renuncia del legislador a la presidencia provisoria de la Unicameral fue casi a la misma hora en que una semana antes la Policía informara sobre el siniestro vial que le costó la vida a Alejandra Bengoa y que causó graves secuelas en dos adolescentes.
En el medio, Hacemos por Córdoba atravesó una de las peores semanas en 23 años en el poder y, lo que es peor, tardó mucho más que los cordobeses en advertir la gravedad de los hechos.
El Gobierno provincial no percibió el riesgo político que implicaba ese choque trágico rodeado de irregularidades, privilegios políticos evidentes y sospechas precedimentales tales como la probable alteración de la escena del siniestro.
A las 48 horas de esa tragedia vial, el peronismo reunió a la dirigencia más granada de toda la provincia en un exaltado acto de lanzamiento de la candidatura a gobernador de Martín Llaryora. Fue un debut traumático.
A esta altura, son muchos los oficialistas que consideran que ese acto debió ser suspendido y que la renuncia de González a la presidencia provisoria de la Unicameral debió ocurrir mucho antes de que la oposición se animara a reclamarla.
El bloque de Juntos UCR –que el miércoles había votado un lavadísimo proyecto de “pesar” por las víctimas del choque– pidió el viernes pasado la renuncia de González como autoridad del cuerpo. Y también exigió que este tome licencia sin goce de sueldo, lo que ayer finalmente terminó ocurriendo.
No está claro que ese pedido opositor haya molestado a Hacemos por Córdoba: más bien ayudó al oficialismo a “convencer” a su hombre fuerte de la Legislatura de dar un paso al costado.
El dueño de Traslasierras
El PJ pierde a su principal negociador legislativo y no está claro aún cómo lo reemplazará. Pero pierde, además, al dirigente de mayor efectividad en todo el interior provincial.
Hacemos por Córdoba proyectaba recuperar con González la intendencia de Villa Dolores y ahora ya asume que esa misión será doblemente complicada: su pareja, Cristina Vidal –última candidata del peronismo– también quedó expuesta por un audio en el que confesó que había tenido ganas de quedarse con la BMW que terminó dada vuelta luego de chocar en las Altas Cumbres.
Son muchos los peronistas que empiezan a advertir que el poder no es sólo beneficios. La gestión, punto fuerte del liderazgo de Juan Schiaretti y también principal activo de Llaryora como candidato a sucederlo, es el motor de la construcción de Hacemos por Córdoba, pero también puede volverse un freno político de potencia: el peronismo observa con pavor una peligrosa dinámica en la que se vuelven cada vez más cortos los intervalos entre un escándalo y el siguiente.
Para peor, la norma es que son golpes autoinfligidos por torpeza, por descontrol o por puro acostumbramiento al poder: la oposición no hace más que recoger los dividendos políticos.
Y lo hace a medias, porque no hay un candidato que capitalice los desaciertos del oficialismo, dado la pulseada infinita entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo.
El peronismo podría haber pasado horas mucho más complicadas si no hubiera sabido propiciar la oposición que tiene.
La reacción hubiese sido infinitamente más cruenta en términos políticos si Hacemos por Córdoba no hubiese compartido con los radicales Juan Jure y Orlando Arduh y con el legislador del PRO Darío Capitani el privilegio de usar autos de alta gama, con gastos cubiertos por todos los cordobeses y sin siquiera identificarlos con un cartelito que indique que fueron asignados por el Poder Judicial. Hay dirigentes políticos que ocultan su patrimonio; este episodio nos muestra a un grupo que ocultaba que los vehículos son ajenos y los exhibía como propios.
El control del Tribunal Superior de Justicia sobre esa flota se comprobó laxo en extremo. El supuesto registro público y exhaustivo de vehículos judicializados cedidos para uso público o de bien público tenía casi 3.500 unidades el jueves, y el viernes eran mil unidades menos.
La Justicia desconoce para qué se usan los vehículos y además avala que circulen cientos de unidades “mellizas” de esa concesionaria tumbera que siempre reserva el tope de gama para lo más encumbrado de los tres poderes del Estado.
Esa Córdoba no tiene nada que ver con las publicidades de Hacemos por Córdoba: los cordobeses se dieron cuenta mucho antes que el Gobierno.
