Pasan y pasan las elecciones y sus campañas. Se mantienen, emergen, desaparecen actores, pero un tema sigue ahí, más vigente, más central que nunca: el financiamiento de la política.
En esta etapa electoral, estalló un escándalo que remite a anteriores campañas. Es el que involucra a José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Es acusado por sus adversarios de haber recibido, en 2019, financiamiento de un empresario investigado por la Justicia de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y narcotráfico.
Más allá de que sea una acusación fundada en datos o una operación de campaña, las aclaraciones del candidato acusado no convencen hasta ahora ni a sus propios pares libertarios. Y en un contexto incierto por todos lados, se reinstala fuerte un debate que debería darse en serio y fuera de las pasiones de la lucha electoral.
El mundo sigue discutiendo cómo se financian las campañas y la política en general. En Argentina, donde la corrupción y la narcocriminalidad tienen una incidencia alta, el fenómeno adquiere otras dimensiones.
La necesidad de una ley más seria, exhaustiva y rigurosa en materia de financiamiento de campañas se torna cada vez más imperiosa. Pero no sólo nadie parece estar en condiciones de liderar el debate y el tratamiento, sino que tampoco se percibe que haya espacios políticos con cierta representación que tengan alguna autoridad para hacerlo.
Un importante empresario con negocios con el Estado, en varios de sus niveles y desde hace años, comentaba días pasados en una mesa informal que mientras exista este marco normativo en Argentina se seguirán sucediendo los escándalos de corrupción que sacuden a cada administración que pasa por los gobiernos locales o de la Nación.
Los aportes narco lejos están de ser una novedad. De las fuerzas medianas para arriba, ni una sola ha quedado sin ser rozada por escándalos livianos o sustentados en profusa documentación.
Pero es obvio que el impacto es mayor para quien se proclama como una alternativa para superar ese tipo de vicios. Y está más que bien que así sea.
Por Córdoba
La cuestión es que cada campaña abre universos oscuros relacionados con el dinero.
Más allá de los aportes privados de empresas o particulares con actividades lícitas o ilícitas, que inexorablemente reclamarán luego de la elección sacar más de lo que pusieron, el tema sigue siendo la actividad pública como fuente de recursos para hacer campaña.
No estamos hablando del desequilibrio antirrepublicano que implica usar las estructuras del Estado en función proselitista, sino de cómo los gobernantes se apropian de dinero de manera ilegal para la caja de la campaña.
Hay algo que salta a la vista en cada período proselitista y que podemos ver con mucha claridad en esta campaña cordobesa: quienes gobiernan o gobernaron en los últimos tiempos tienen a mano recursos desproporcionados en relación con el resto de los competidores.
La ley que intentó equiparar y transparentar las campañas con la asignación gratuita de espacios en radio y televisión ha quedado obsoleta: hoy existe una amplia variedad de plataformas y soportes por donde hacer comunicación proselitista.
Fuera de esos espacios cedidos por la Dirección Nacional Electoral, la disparidad es más que evidente. Y la cancha se inclina con palmaria claridad hacia el lado de quienes están gobernando o gobernaron hasta hace poco en cada distrito.
Por ende, bien se puede colegir que el paso por la gestión pública permite hacerse de recursos que no están disponibles para todos.
Con una particularidad en esta elección cordobesa: en la muy amplia oferta electoral de 18 listas para disputar nueve bancas, se observan estéticas muy parecidas en avisos de distintas fuerzas políticas. Y hay proveedores que en voz baja admiten haber sido contratados por un solo agente para varias campañas.
Es como que alguien no sólo tiene para hacer campaña para sí, sino también para otros.
