En una reunión que encabezarán Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer, los legisladores de la Unión Cívica Radical definirán si votarán a favor de la candidata propuesta por Martín Llaryora para el Tribunal Superior de Justicia, Jessica Valentini; la radical que desde hace cinco años ocupa distintos cargos en el esquema del peronismo provincial y que fue designada por el propio Llaryora al frente de la Oficialía Mayor (escribanía) de la Municipalidad.
Alejandra Ferrero, quien ejerce la simbólica presidencia del “interbloque” de Juntos por el Cambio en la Legislatura, adelantó qué opinión llevará a la cumbre: “Yo estoy a favor de que el Tribunal Superior de Justicia no debiera estar politizado”, dijo, aunque aclaró que será orgánica a la decisión que se tome
En declaraciones a Voz y voto –que se emitirán este sábado por El Doce–, Ferrero dijo que aunque Valentini “tiene su génesis, su paso por el radicalismo, hace cinco años que se encuentra trabajando para el cordobesismo, es funcionaria del cordobesismo”.
“Hay muchas opiniones en contra de la politización del Tribunal Superior de Justicia, que se impregne otra vez de política. Es el Tribunal Superior de Justicia, es nuestra cabeza del Poder Judicial la que debiera estar despolitizada, integrada por miembros independientes”, dijo Ferrero.
La legisladora radical negó que esté abierta una negociación entre su partido y el Gobierno provincial para completar las vacantes en la cúpula de la Justicia provincial. Cómo se recordará, con los movimientos hechos por Llaryora resta designar a un fiscal General adjunto y a un Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, el nuevo organismo que se pondrá en marcha en el Poder Judicial. En el juecismo sospechan que la negociación sí existe.
En ese sentido, Ferrero recordó que “el radicalismo tiene un antecedente en la Legislatura” cuando rechazó la creación del Ministerio de la Defensa. “Seguir ensanchando el Estado en contra de un mandato popular, que es achicar, que es eliminar gastos, también debe ponerse sobre la mesa de análisis porque creo que ese fue el fundamento más importante” al momento de votar en contra del nuevo organismo judicial.
El radicalismo se prepara para otra pelea en la Legislatura: bloquear que el próximo defensor Público de la Defensa –Pablo Bustos Fierro– se siente en el Consejo de la Magistratura. “Voy a impulsar un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura para equilibrar los poderes, porque se incrementaría la incidencia del Ejecutivo en el organismo”, dijo Ferrero, quien remarcó que con la actual conformación del Consejo de la Magistratura la oposición no tiene representación.
“En el Consejo de la Magistratura hay un solo legislador por la mayoría y siete miembros que responden al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, y uno solo que presenta a la academia”, es el argumento.
La tensión con el juecismo
Aunque Ferrero haya expuestos las críticas a la designación de Valentini, no está claro qué posición asumirá el pleno del radicalismo, fragmentado en dos bloques en la Unicameral. En cambio, el Frente Cívico de Luis Juez ya fijó postura y rechazará el pliego de la actual funcionaria municipal. Esto se suma al primer cortocircuito entre los aliados, cuando los juecistas rechazaron el presupuesto y provincial y la UCR lo votó a favor.
–¿El Gobierno metió una cuña en la unidad de la oposición que se partió en la votación por el Presupuesto 2025?
–No, el interbloque está unido. Siempre sostuvimos que intentaríamos votar juntos cuando esto no nos fracture. Nosotros (la UCR) tenemos 13 legisladores exintendentes con una mirada territorial de gestión. No es la misma mirada que se tiene desde la Capital, de alguien que no tiene una gestión, nuestros intendentes sostienen que como herramienta de gobernabilidad hay que dar el presupuesto al Gobierno y después hay que controlarlo.
Pese a esta explicación, Ferrero deslizó que desconfía que los intendentes recibirán más recursos en 2025, tal como prometió el Gobierno provincial cuando convocó a los jefes comunales a firmar un nuevo acuerdo federal que contempla un punto más de coparticipación.
“Tengo serias dudas –dijo Ferrero–. En el acuerdo federal se promete un 1% más (de coparticipación) para los municipios, pero también se le saca de cada fondo que ellos crearon. Por ejemplo, en el fondo de seguridad, que se conforma con el 4% del impuesto inmobiliario, que es coparticipable, se lo queda el gobierno y no lo redistribuyen a los intendentes vía coparticipaición. Lo mismo pasa con el fondo para desequilibrio de la caja, el fondo para cooperativas, el fondo de lucha contra el fuego”.
De esta manera, la legisladora radical insistió con sus críticas por el “modelo discrecional en el reparto de recursos públicos” de Llaryora. “Este Gobierno provincial es especialista en la discrecionalidad y ha afinado la ingeniería para que nadie sepa qué pagan el cedulón; no se sabe concretamente cuánto se paga porque siguen manejando el coeficiente de equidad inmobiliario de manera tal que no se tocan las bases imponibles, pero la gente no entiende porque paga casi más del doble respecto del año pasado”, se quejó.
Agregó: “Desarrollaron una sofisticada ingeniería con la cual mantienen un oscurantismo y siguen descentralizando organismos de manera tal que el 60% de la obra pública en Córdoba no es auditada; o la Apross que durante ocho años no presentó balances y reduce las atenciones. Estamos todos sensibilizados con lo que pasó con el Pami, ¿y acá en Córdoba qué pasa con la Apross?”.
Ficha limpia
La legisladora radical celebró el “cambio de criterio” del peronismo provincial que ahora sí votaría a favor de la “ficha limpia”, un proyecto con el que insiste la oposición desde hace varios años.
Ferrero adelantó que el colectivo de Juntos por el Cambio votará a favor de la ley porque se trató de una de las “banderas de la campaña” de Luis Juez en 2023.
“Tenemos otros reclamos, como eliminar un fuero anticorrupción que implica un gasto en dos fiscalías en las que entran 20 demandas por mes, la mayoría por cohechos de la Policía Caminera sin que se haya sancionado en 20 años a ningún funcionario por corrupción; mientras que en una fiscalía con competencia ordinaria tiene alrededor de 2.000 causas por mes”, dijo Ferrero.
“Tenemos dos fiscales que están sentados y que podrían estar colaborando con la investigación de los delitos de Córdoba”, es el argumento de la oposición para sostener la necesidad de reconvertir el fuero Penal Económico en fiscalías comunes.
