Mientras en la Legislatura de Córdoba el oficialismo provincial da por hecho que tendrá los votos para aprobar este miércoles en primera lectura el paquete presupuestario 2026, la oposición radical transita horas de tensión interna y busca en un intento contrarreloj acordar una posición unificada.
Este lunes, un grupo de legisladores radicales e integrantes del Foro de Intendentes Radicales se reunió, pero no logró llegar a un acuerdo. Una vez más los jefes comunales presionaron para que la UCR apruebe el paquete presupuestario en general y en particular.
El oficialismo provincial cuenta con 34 votos propios de Hacemos por Córdoba y algunos aliados estables, lo que le permitiría avanzar sin sobresaltos con el esquema 2026 que propone el gobernador Martín Llaryora.
Sin embargo, la expectativa estaba puesta en la postura de la UCR, que históricamente buscó ir por un voto unificado, En 2024, la mayoría del bloque aprobó el Presupuesto 2025 en general, pero hubo varios rechazos en particular.
Dentro del radicalismo hoy conviven al menos tres posiciones. Por un lado, un grupo de legisladores está dispuesto a acompañar la aprobación en general, aunque rechazarán artículos sensibles en particular: el presupuesto de las agencias, la toma de deuda autorizada y las actualizaciones previstas para el Inmobiliario Urbano y Rural.
También cuestionan el recorte de Ingresos Brutos para los comercios más chicos, medida que -aunque implica beneficios puntuales- consideran insuficiente frente a la presión impositiva acumulada durante los últimos años.
En el otro extremo están los más duros, mayormente legisladores que no fueron intendentes y que vienen sostienen desde principio de año que el Gobierno provincial impulsó un “impuestazo”.
Para este sector, votar a favor en general sería incoherente con la línea que defendieron durante todo 2025. “No estamos dispuestos a levantar la mano por un presupuesto que no corrige nada de lo que venimos señalando”, deslizó un parlamentario.
Entre ambos sectores aparece un tercer grupo: legisladores que antes fueron intendentes y que mantienen diálogo permanente con los jefes comunales del radicalismo.
Son los más permeables a las necesidades de los municipios, y también los más receptivos a los planteos del Foro, que participó del encuentro para dejar clara su postura.
Algunos intendentes ya advirtieron que “necesitan del oxígeno provincial”, y que rechazar en particular algunos artículos también podría complicar sus finanzas locales. La definición se volvió entonces más política que técnica.
Ese punto fue el que tensó la discusión. Los intendentes presionan para evitar un enfrentamiento con el Gobierno provincial y prefirieron negociar obras o partidas específicas a cambio del acompañamiento.
Los legisladores más críticos, en cambio, insistieron en que las demandas municipales deben resolverse en otra mesa y no condicionando el voto legislativo.
Hay, además, un sector que busca una salida intermedia: acompañar en general a cambio de que queden asentadas en el dictamen algunas obras reclamadas por intendentes y ciertos ajustes en la redacción del paquete económico.
Para ellos, el costo político de un rechazo total sería demasiado alto en un contexto donde varias gestiones municipales atraviesan dificultades financieras.
Las diferencias, que no lograron saldarse este lunes, volverán a discutirse este martes en una nueva ronda entre legisladores y mandatarios locales. Mientras el oficialismo quiere llegar al recinto con un panorama claro con los votos radicales, pero la UCR quiere evitar una votación partida que exhiba tensiones internas.
“Hasta el miércoles al mediodía vamos a tener novedades. Vamos a tratar de sacar una posición unificada”, adelantó uno de los referentes del bloque. La posibilidad de consenso aún está abierta, pero el margen es estrecho.
