La Unidad de Información Financiera (UIF) fue habilitada para actuar como querellante en la causa que investiga el lavado de activos del Comando Vermelho, la principal organización criminal de Brasil, con operaciones en la Argentina. La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar a un recurso de queja presentado por el organismo.
El fallo revocó una resolución previa que había impedido la intervención de la UIF y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento para garantizar su participación como parte acusadora en el expediente.
Una causa por lavado millonario
El caso tiene como antecedente una sentencia dictada el 1° de octubre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, que condenó a cinco integrantes del Comando Vermelho a tres años de prisión en suspenso y al pago de una multa de $ 720 millones.
Los condenados fueron Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira y Selma De Lima Muniz Barbosa, considerados partícipes necesarios del delito de lavado de activos.
En la sentencia, los jueces destacaron la magnitud de la maniobra y señalaron que la organización criminal blanqueó al menos U$D 520 millones de origen ilícito a través de distintas operaciones financieras.
El reclamo de la UIF y el fallo de Casación
La UIF, que preside Paul Starc, había solicitado intervenir como querellante desde las etapas previas del proceso. Sin embargo, el tribunal oral rechazó el planteo al sostener que el pedido no había sido resuelto oportunamente y que el organismo no era parte formal de la causa.
Frente a esa negativa, el organismo presentó una queja ante la Cámara de Casación, que ahora le dio la razón. En su voto, el juez Gustavo Hornos consideró que la resolución cuestionada incurrió en un error que afectó el derecho a ser oído.
“Corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por la UIF y anular la decisión que denegó el recurso de casación”, sostuvo el magistrado.
Juicio abreviado y condena sin prisión efectiva
La condena a los cinco acusados se dictó tras un acuerdo de juicio abreviado entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Como la pena fue de cumplimiento condicional, los imputados recuperaron la libertad una vez dictada la sentencia, lo que generó cuestionamientos por parte de la UIF respecto del alcance de las sanciones y la necesidad de profundizar la investigación patrimonial.
Con su incorporación como querellante, el organismo podrá impulsar nuevas medidas de prueba, proponer líneas de investigación y recurrir decisiones judiciales.
