Tras la presentación de un amparo por mora de La Voz, la Legislatura de la Provincia de Córdoba respondió un pedido de información pública presentado hace un mes por este medio. No obstante, la contestación eludió la mayor parte de las respuestas solicitadas.
La respuesta fue remitida este miércoles, horas antes de que venciera el plazo de cinco días que había fijado la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación para que la Legislatura “produzca informe sobre el objeto del amparo”.
Pese a que la información fue solicitada a la vicegobernadora Myrian Prunotto, la contestación del pedido de información lleva la firma de Facundo Torres Lima, el presidente provisorio de la Legislatura, en virtud de que la titular de la Unicameral se encuentra de licencia.
La Unicameral de Córdoba se negó a dar los nombres y la cantidad de contratados por legislador
En los hechos, ninguna de las preguntas fue respondida de manera plena y en algunos de los ítems directamente se negaron los datos invocando una cuestión de “intimidad” de las personas contratadas. Ni siquiera se informó la cantidad de contratados por legislador.
Por ejemplo, La Voz solicitó la cantidad de personal de la Unicameral al 31 de diciembre de cada año, desde 2000 a la fecha, con el detalle de planta permanente, contratados y monotributistas. La respuesta sólo incluye la cantidad de contratados al 11 de marzo de 2025: son 1.043 según lo informado. El personal de planta permanente asciende a 389 agentes. No se informó sobre monotributistas porque “la respuesta resulta de imposible determinación” y se afirmó que “no forman parte de la planta de personal”.
Respecto de los contratados, 159 reportan como “asistente funcional” para apoyo administrativo. Otros 884 reportan como asistentes legislativos y su función es la “asistencia parlamentaria”. En ambos casos, se distribuyen en siete categorías distintas.
Los datos históricos que habían sido solicitados para analizar la evolución desde que la Legislatura era bicameral hasta la actualidad no fueron proporcionados. Se explicó que para el período 2000 a 2005 “no existe documento que contenga la información solicitada”. Para el resto de los años, se remitió a la página de www.cba.gov.ar
Pocos datos
Los puntos principales del pedido de información de La Voz son los que apuntan a conocer nombre y apellido de los empleados contratados asignados en 2025 a cada legislador y a cada comisión. La respuesta a esos puntos fue negada con el argumento de la protección de datos de la intimidad de cada contratado.
Para llegar a esa respuesta, Torres Lima apeló a dos elementos: un supuesto planteo del Sindicato de Empleados Legislativos oponiéndose a la divulgación de los nombres de quienes se desempeñan en la Legislatura y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia en la causa del gremio Suoem contra la Municipalidad de Córdoba. En aquella ocasión el gremio municipal cuestionó que se informara el salario de cada agente asociado al nombre, al DNI y al área de trabajo y a la categoría. Ahora, en el caso de la Legislatura, la ciudadanía ni siquiera puede conocer la nómina de los contratados, y tampoco la función, ya que según indica la respuesta cursada ayer a nuestro medio, tanto el rol como el lugar donde se desempeña ese rol son acordados entre cada asistente parlamentario y el legislador del cual dependen.
El otro dato relevante que la respuesta de Torres Lima omite sin explicación alguna es cuántos contratados tiene cada legislador y cuántos se desempeñan en las comisiones. Son datos centrales frente a la sospecha de que los contratos se manejan con discrecionalidad y un criterio eminentemente político.
El interés periodístico sobre el tema surge del escándalo que rodeó la detención del dirigente peronista Guillermo Kraisman y de una empleada municipal cuando intentaban extraer un millón de pesos con un DNI de otra persona en una sucursal Bancor. La cuenta estaba a nombre de una contratada de la Legislatura de Córdoba que, al parecer, nunca había pisado la Unicameral. Tras ese episodio, la vicegobernación informó que eran más de mil los contratados, además del personal estable, pero nunca explicó a qué se dedican esos empleados ni cómo están asignados. Tampoco lo hizo ahora.
Trabajan donde diga el legislador
La Voz también solicitó información respecto del sistema de control de desempeño de los contratados: quién ejerce ese control, qué obligaciones laborales tienen y dónde cumplen sus funciones. Se trata de las respuestas más largas a la solitud de acceso a información. Torres Lima indicó –citando la reglamentación a la ley 9.880– que los 159 contratados para asistencia funcional “desempeñan funciones de apoyo administrativo de forma personal y directa a las órdenes de una autoridad de la Legislatura”.
Mucho menos precisa es la respuesta respecto de los 884 contratados como asistentes parlamentarios. “Estos realizan las tareas que le ordene el legislador, autoridad parlamentaria o bloque, en el marco de sus funciones y en virtud de la naturaleza propia del contrato”, indica Torres Lima.
Respecto al lugar donde los contratados de asistencia legislativa desarrollan sus tareas, la respuesta indica: “Pueden ejecutarse en las oficinas distribuidas y asignadas a cada legislador dentro del edificio del Poder Legislativo, o fuera del establecimiento, lo cual varía y se encuentra sujeto a los objetivos y políticas que el legislador provincial, autoridad o bloque legislativo tiene para el ejercicio de sus roles y atribuciones”.
Luego, hay una explicación que apunta al hecho de que muchos de esos contratados ni siquiera reportan en ningún momento en la Unicameral. Ese argumento hace referencia a que los roles, atribuciones y actividades de los legisladores “no se agotan en la tarea de legislar, que se desarrolla en el marco de las reuniones de comisión y en las sesiones ordinarias o extraordinarias celebradas dentro del recinto. El legislador, además, tiene como función la de representar a los ciudadanos, instituciones (públicas y privadas) y organizaciones que componen e integran el tejido social de todo el territorio de la Provincia de Córdoba (capital e interior) para lo cual debe valerse de recursos materiales y humanos que le permitan cumplir funciones fuera del edificio legislativo y en la totalidad de los distritos o departamentos que representan”.
En definitiva, de la respuesta de Torres Lima no es posible conocer quiénes son los contratados, ni a las órdenes de qué legislador trabajan, ni dónde lo hacen.
Cabe aclarar que son públicos los listados de empleados y contratados por las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación y hasta del Concejo Deliberante de Córdoba. Hay numerosas administraciones públicas que no sólo publican sus nóminas de empleados sino también sus salarios.
