El siniestro vial que protagonizó el legislador oficialista Oscar González con un vehículo judicializado, en un hecho en el que murió una mujer y otras dos siguen graves, repercutirá nuevamente esta semana en la Unicameral cordobesa.
Sucede que tras el escándalo político que se desató luego de que se conoció la discreción con la que se asignaban esos vehículos –en su mayoría de alta gama– se inició el proceso de devolución de los autos usados por el Poder Legislativo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Junto a ese proceso, se abrirá el debate sobre la modificación de la ley 8.550, que es la que tiene al TSJ como autoridad de aplicación para la entrega de los autos judicializados y puestos a disposición de estamentos públicos u organizaciones sociales.
Fuentes de Hacemos por Córdoba confiaron que hay voluntad del Gobierno provincial para revisar esta normativa, aprobada en 1996 durante la administración del entonces gobernador Ramón Bautista Mestre.
Desde el TSJ hicieron saber que si la decisión de la Unicameral es devolver los autos, será la Legislatura (no cada parlamentario) la que tendrá que iniciar un proceso de restitución, ya que la guarda fue autorizada a la presidencia provisoria, cargo que ocupó González hasta el sábado pasado cuando presentó la renuncia.
“Hay voluntad de revisar la norma, pero debe ser una revisión primero entre el TSJ y el Poder Ejecutivo para analizar bien la experiencia de su aplicación, y después ver cómo se la modifica. El TSJ es el único que puede ser autoridad de aplicación y puede definir qué hacer con cada vehículo penalizado”, confió uno los legisladores de Hacemos por Córdoba con llegada a la mesa chica del Centro Cívico.
Los vehículos de González
Respecto de los nueve vehículos que la Legislatura tenía asignados por la Justicia, fue la vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández, quien confirmó a La Voz que existe “la voluntad” de devolverlos.
“Es voluntad del bloque que estos autos sean devueltos y que queden a disposición de TSJ. Cada legislador deberá movilizarse en su vehículo, en el transporte público o como lo desee”, aseguró. Y remarcó: “Tiene que quedar claro que la Legislatura o los legisladores no van a recibir más vehículos”.
De este total de nueve vehículos, cuatro estaban en manos de González y otros dos habían sido asignados a los legisladores oficialistas Dardo Iturria y Miguel Majul.
En este último caso, el auto ya había sido solicitado por la Justicia (un día antes del accidente de González) para su restitución.
Los autos de la oposición
Hay otros tres vehículos que habían sido dados la Legislatura: dos en guarda a los presidentes de los bloques (Juan Jure, de Juntos UCR; y Orlando Arduh, de Juntos por el Cambio); y el tercero al legislador del PRO Darío Capitani, quien ya anunció que lo pondrá a disposición para que sea devuelto.
Además, Jure adelantó que la bancada radical presentará un pedido de informe para conocer cuántas autos habían sido entregados por la Justicia.
“Por supuesto que vamos a devolverlo, pero también haremos un pedido acerca de la asignación de todos los vehículos porque queremos saber dónde, quién y para qué fueron distribuidos. En nuestro caso, no era un auto de alta gama, y bajo ningún punto de vista para uso personal”, explicó Jure.
Arduh, por su parte, adelantó que presentó un proyecto de modificación de la ley 8.550 para impedir que legisladores, así como intendentes, puedan utilizar estas unidades.
El radical, de todos modos, puso algunas condiciones para devolver el auto que tiene a su cargo. “Lo voy a devolver con reforma de la ley… Todos los funcionarios de los tres poderes también deben hacerlo. Tenemos que reformar una ley que ya lleva muchos años y llegar a un acuerdo legislativo para volver a poner a estos autos a disposición del TSJ”, dijo Arduh.
Qué dicen las modificaciones
En las últimas horas, desde Juntos UCR y Juntos por el Cambio tomaron estado parlamentario dos proyectos que fijan cambios sobre la guarda de los autos judicializados.
La modificación de Juntos UCR, que tiene la autoría de Dante Rossi, dice que el TSJ “establecerá un sistema de individualización de los vehículos entregados en depósito y en el mismo automotor a través de una marca o señal en ambas puertas delanteras que manifieste el carácter en que fueron entregados”.
Además, que el seguro debe ser costeado por la persona designada para su guarda. Hoy lo paga el Estado.
La propuesta de Juntos por el Cambio va más allá, ya que establece que el TSJ podrá entregar los autos solo a los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social y Gobierno y Seguridad “para uso exclusivo y afectación específica... con excepción de funcionarios y o autoridades públicas de cualquier Poder del Estado”.
Esa iniciativa surgió tras críticas por el uso que algunos intendentes realizarían sobre estos vehículos.
“Se habla solo de los legisladores, pero por qué no dicen nada de los intendentes que también tienen estos autos”, se quejó un parlamentario de la oposición.
Pedidos
Por otra parte, las legisladoras María Rosa Marcone, de Encuentro Vecinal, y Cecilia Irazuzta, de Coalición Cívica-ARI, presentaron un pedido de acceso a la información pública ante el TSJ para conocer “las circunstancias que rodean la entrega de automóviles judicializados al Poder Legislativo”.
También tomó estado parlamentaria un proyecto de Luciana Echevarría, del MST – Nueva Izquierda, que solicita la expulsión de González. El legislador solicitó extender su licencia hasta el 31 de diciembre.
“Es inadmisible que después de la muerte de Alejandra (Bengoa, la docente que falleció en el accidente) y las graves lesiones sufridas por las menores que él generó, violando normas básicas de tránsito, su respuesta sea sólo pedir licencia y renunciar a la presidencia”, dijo.
Reemplazo de González
Tras la denuncia de González a la presidencia provisoria, Nadia Fernández podrá asumir como vicepresidenta de la Unicameral, tanto para sus actividades como para el desarrollo de la sesión legislativa (en caso de que el vicegobernador Manuel Calvo deba ausentarse).
Y ante el pedido de extensión de la licencia, que será aprobada este miércoles, la banca de González será ocupada por la legisladora suplente departamental, la abogada Noelia Brizuela.
