El gobierno de Javier Milei logró el aval del FMI para que el ministro Luis Caputo consiga otro megaendeudamiento “salvador” y el viernes anunció que en febrero la inflación fue del 2,4%. El Presidente logra cumplir sus objetivos estratégicos, pero se hunde cada vez más en el pantano al que ingresó hace un mes por su vinculación con la criptoestafa $Libra. Lo siente con particular dureza en el Congreso, donde naufragan sus principales iniciativas; en los mercados, que degluten las reservas que quema el Banco Central, y en las encuestas. La semana pasada lo empezó a sentir también en la calle.
El gobierno de Martín Llaryora también dio pasos importantes en materia de gestión esta semana. Transformó en una causa política de alcance nacional la obsesión del peronismo cordobés por la obra pública: lanzó la licitación para concluir la autopista de la ruta 19; obtuvo aval nacional para el financiamiento de parte de esa obra y de otro tramo del acueducto que traerá agua desde el Paraná, y exhibe en casi todas las áreas de su gestión la idea de un Estado presente, que es la antítesis del discurso libertario. Con eso disimula el aval permanente a Milei en los temas cruciales.
Pero como el Presidente, el gobernador también enfrenta sus principales problemas de estos días en el Poder Legislativo.
La Unicameral es un hervidero, por la deriva del escándalo que protagonizó el dirigente peronista Guillermo Kraisman cuando quiso cobrar el sueldo que la Legislatura de Córdoba le había depositado a una contratada que dice que nunca supo que la legisladora Nadia Fernández había solicitado su designación como asistente parlamentaria, a pedido de Kraisman.
Se trata de la confirmación de una práctica que se sospecha desde hace décadas y generó una nueva detención de Kraisman, que es un sospechoso de siempre: unas semanas antes había sido demorado por robar bondiola en un supermercado. Ahora, preso y más complicado judicialmente, lanza a través de sus abogados mensajes amenazantes a los políticos que pretenden desconocerlo.
La Unicameral podría haber limitado el daño de semejante escándalo si daba señales claras de que ese era el único caso de defraudación que estaba apañando. En cambio, el peronismo optó por poner bajo sospecha a los 1.043 contratados que dice tener, al negarse a difundir sus nombres. Como negar información pública es gratis, hasta niega que haya monotributistas en las filas de los empleados sin función ni espacio en el edificio legislativo, y todos prefieren mirar para otro lado.
Es esa negativa la que parece confirmar que son muchas más las cosas que no deben conocerse del manejo de los contratos de la Legislatura. ¿Qué prácticas se pretende ocultar, más allá de las que se le imputan a Kraisman? ¿La designación de hijos, cónyuges o amantes? ¿Los sueldos que se reparten entre varios punteros? ¿La deleznable costumbre de quedarse con una parte del sueldo de la persona a la que se acomoda como contratada? ¿O la de no decirle que tiene un contrato a su nombre y quedarse con el sueldo entero?
Todo eso forma parte de las sospechas históricas sobre los puestos legislativos. Pero esta Unicameral es diferente a todas las que la precedieron: es la primera vez que el peronismo no tiene mayoría propia y debe obtener el acompañamiento de miembros de bancadas opositoras. Los cargos fueron la primera moneda de cambio en cada sesión difícil.
El uso del pasado “fueron” no apunta al hecho de que ya no se negocien apoyos por contratos, sino al hecho de que posiblemente ya no haya sesiones difíciles para el oficialismo: el cambio de reglamento votado en la última sesión establece un virtual bloqueo a cualquier iniciativa opositora que incomode a Hacemos por Córdoba.
El problema era la Legislatura
Llaryora asumió convencido de que sus mayores problemas políticos estarían en el Tribunal de Cuentas en manos del juecismo. Pero tras 15 meses de gestión, hoy es obvio que la Legislatura en manos de la vicegobernadora Myrian Prunotto es la que le genera los principales problemas.
Los ingentes esfuerzos del Panal para lograr los apoyos estratégicos estables de Karina Bruno (PRO), Graciela Bissoto (UCR) y Agustín Spaccesi (libertario) no garantizan el control político de un cuerpo legislativo que no reconoce en Prunotto la autoridad que el proyecto cordobesista le asignó. El problema no es que el radicalismo la desconozca, sino que entre buena parte de los legisladores peronistas ocurre lo mismo.
En los últimos días, en medio de la mayor crisis dentro de la Unicameral, la opción fue una licencia para la vicegobernadora. En el largo año transcurrido antes de esta crisis, la ausencia de Prunotto en las sesiones fue lo más habitual. En lugar de conducir el Poder Legislativo, ofició de embajadora del cordobesismo en los actos protocolares de todo el mapa provincial.
La tarea política quedó principalmente en manos del titular del bloque oficialista, Miguel Siciliano, y del presidente provisional de la Legislatura, Facundo Torres Lima. En algunas sesiones especialmente críticas para el peronismo, tuvieron la asistencia del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, tanto en el recinto como en la tarea de “convencer” a intendentes para que incidieran sobre los legisladores opositores. Esta dinámica es clara en el bloque del radicalismo. El juecismo está a salvo porque casi no tiene intendentes: sólo obedece a Luis Juez.
No obstante, hay lógicas mucho más poderosas que las de la política: la de los cargos es la principal. Es la disponibilidad de más cargos –puestos mejor rentados que los contratos polémicos de los asistentes parlamentarios– la que explica que la oposición que fue votada como Juntos por el Cambio haya terminado fragmentada en seis bloques que le permiten al peronismo controlar todas las comisiones. La decisión de conformar bancadas separadas obedece a la búsqueda de la mayor cantidad de autoridades de bloques y cargos posible. Nadie puede mirar para otro lado.
