El mercado laboral argentino arrastra una profunda crisis que deja a más de la mitad de los trabajadores en la informalidad y con empleos precarios. Esta realidad se mantiene estable desde hace años.
En este escenario, la reforma laboral aparece como una pieza clave dentro de un paquete más amplio de cambios que impulsa el Gobierno. Su objetivo es aliviar trabas históricas y crear condiciones más favorables para el empleo registrado, aunque por sí sola no alcanza para revertir un problema tan extendido. Para que ese proceso sea sostenible, también es necesario revisar el esquema de asignaciones sociales y la forma en la que influyen en la decisión de registrarse.
Mercado laboral y asignaciones familiares
En Argentina hay 19 millones de ocupados urbanos. De ese total, sólo seis millones, es decir, el 32%, son asalariados registrados en empresas privadas. Otros 3,5 millones (18%) trabajan en el sector público. El resto, que representa la mitad de los trabajadores urbanos, se reparte entre empleados no registrados y cuentapropistas.
La evolución de los últimos años muestra la magnitud del problema. Desde 2012, el empleo urbano aumentó en cuatro millones de personas, pero apenas el 5% de ese crecimiento correspondió a asalariados privados registrados. En cambio, el empleo público explicó el 20% del aumento, los monotributistas el 25% y la informalidad el 50%.
Uno de los factores que empujan a que gran parte del crecimiento del empleo se dé en la informalidad es el impacto de las asignaciones familiares. Estos beneficios, que buscan brindar ingresos a las familias con hijos, funcionan de manera muy distinta para trabajadores formales e informales, y terminan influyendo en la decisión de registrarse o no.
Las asignaciones familiares incluyen la Asignación por Hijo para quienes están registrados; y para quienes no lo están, la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con otros complementos alimentarios. En los sectores de menores ingresos, esta diferencia se vuelve determinante. Por ejemplo, un trabajador registrado con un hijo menor de 3 años recibe $ 60 mil por Asignación por Hijo. En cambio, si ese mismo trabajador opera en la informalidad, accede a $ 120 mil de AUH, $ 52 mil por la tarjeta alimentar y otros $ 45 mil por complemento alimentario. En total, accede a $ 217 mil al mes por hijo, casi cuatro veces más que si fuera informal.
Para un trabajador de ingresos bajos, y para una microempresa que no puede absorber diferencias tan grandes, este desbalance se convierte en un incentivo claro a permanecer fuera del sistema. Y cuando se combinan estos beneficios con cargas sociales que rondan el 50% del salario de bolsillo, la formalización se vuelve aún más difícil.
Cómo revertir la informalidad
Para avanzar hacia una formalización real, se necesita un enfoque integral. Por un lado, es clave mejorar el diseño de los beneficios sociales y nivelar las prestaciones por hijo entre trabajadores formales e informales de menores ingresos, aun si aumenta el costo fiscal.
Por otro lado, es necesario revisar el funcionamiento de la seguridad social. Hoy, quienes no llegan a los 30 años no tienen garantizada una jubilación, lo que desalienta el esfuerzo de aportar cuando los ingresos son bajos. Flexibilizar ese requisito y garantizar que cada año contribuido tenga impacto real en la jubilación sería un incentivo fuerte para registrarse. A esto se podrían sumar prácticas que ya funcionan en otros países, como en Uruguay, donde ante una ausencia por enfermedad no imputable al empleador es la seguridad social la que cubre el costo. Esto reduce el riesgo para las empresas y vuelve más accesible la formalización.
También es necesario aliviar la carga sobre las microempresas, que hoy concentran gran parte de la informalidad. Establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales permitiría bajar costos sin generar un impacto fiscal elevado, porque se focaliza en emprendimientos muy pequeños. Además, permitirles negociar acuerdos propios y desvincularse de convenios sectoriales rígidos les daría un margen de acción que hoy no tienen.
La reducción de la informalidad no resolverá por sí sola el déficit previsional, pero es un paso ineludible. Para que eso ocurra, la reforma laboral debe integrarse con cambios en el sistema de asignaciones y en la seguridad social, de modo que todos los incentivos apunten en la misma dirección. Solo con un esquema coherente que reduzca cargas, ordene reglas y haga viable la formalidad se podrá recuperar empleo de calidad en el país.
