Las causas que involucran a oficiales de la Policía de Córdoba siguen sumando detenidos y complican a quienes fueron hasta hace muy poco integrantes de la conducción de la fuerza policial.
En las últimas horas, se conoció que cayó un antiguo integrante de la Policía, José Marcelo Saggio, en una causa por extorsión que es conexa a las acusaciones que pesan sobre el exsubjefe Alejandro Mercado.
Mercado afronta dos procesos penales. El más conocido es en el que está acusado de facilitar la venta de celulares y neumáticos robados. Es la causa conocida como galería Norte.
Está preso junto a otros dos policías y los integrantes del denominado clan Monge, viejos conocidos de la comercialización de objetos robados.
La otra causa, también instruida por el fiscal Enrique Gavier, se activó la semana pasada con la detención de siete policías, incluido el propio jefe de la división Delitos Económicos Diego Martinelli, y otros integrantes de esa repartición.
El fiscal sospecha que integraban una banda, liderada por Mercado y Martinelli, para dar protección a grupos de falsificadores de dinero, apuestas clandestinas y vehículos de dudosa procedencia, entre otras cuestiones.
Ya no parece tratarse de episodios aislados, sino más bien de una cuestión estructural. En el pabellón en el que están alojados los miembros de las fuerzas de seguridad en Bouwer, hay divisiones casi enteras de la Policía en las celdas.
Un uniformado que fue hace unos días a hacer un allanamiento a ese pabellón contó que se encontró con los camaradas de la división en la que se había desempeñado hasta hace un tiempo.
Y más sorprende que no son oficiales o suboficiales de bajo rango sino de la más alta jerarquía, como el caso de Mercado, que había sido designado por la actual gestión como subjefe después de haber liderado el Departamento de Investigaciones.
En su momento, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, justificó ese ascenso en una recomendación expresa de un grupo de fiscales.
El ministro omitió contar que si bien algunos fiscales elogiaron a Mercado, hubo otros, como el propio Gavier, de Delitos Complejos, que le advirtieron de cosas muy poco transparentes en el accionar del grupo que rodeaba a quien fue nombrado subjefe.
En ese contexto, hay otros fiscales inquietos por el excesivo protagonismo del funcionario político en los procedimientos que ellos ordenan a las fuerzas policiales.
“La Policía es auxiliar de la Justicia, no el ministro, que no tiene rango policial. Los allanamientos y ese tipo de procedimientos los ordena un fiscal a la fuerza, lo cual no habilita a participar a un miembro del gabinete”, explicó un veterano funcionario judicial, y citó el caso concreto de Alejo Paredes, quien fue primero jefe de la Policía y luego ministro de Seguridad.
“Paredes iba a los procedimientos cuando era jefe de Policía, pero jamás lo hizo como ministro”, completó el fiscal de Instrucción.
La bomba de las cárceles
Hay otros ruidos internos que involucran a Quinteros, en especial la tensión que tiene con el ministro de Justicia, Julián López.
De López depende el más que desbordado Servicio Penitenciario y le cuestiona a su par de Seguridad, entre otras cosas, algunas detenciones masivas en temas de alto impacto (por caso, “naranjitas”) que agravan aún más el desborde de las cárceles.
Mientras los responsables de la Policía y del Servicio Penitenciario no coordinan su accionar, el gobernador Martín Llaryora parece estar mucho más inclinado hacia el ministro de Seguridad.
Los presidios de Córdoba son una bomba de tiempo y hay toda una discusión en el Gobierno respecto de si declarar o no la emergencia carcelaria.
Mientras, avanza la investigación en la megacausa sobre corrupción en las cárceles cordobesas, al mismo ritmo que genera preocupación en las más altas esferas del poder por el alcance de esas pesquisas.
