“Tenemos que empezar a contar de cero. Acá empieza otra historia, la de una coalición que es mucho más que el peronismo”, dijo Martín Llaryora en la madrugada del lunes 26 de junio de 2023, cuando la tendencia de su triunfo provincial era irreversible.
El candidato a gobernador oficialista no pudo festejar plenamente aquel domingo por la noche. El escrutinio provisorio se demoró más de la cuenta, y el opositor Luis Juez no reconocía la derrota, que se confirmaría pocas horas después, con una ventaja de sólo 64 mil votos.
Llaryora acaba de cumplir 13 meses en el Centro Cívico. En este tiempo, tuvo marchas y contramarchas, pero dejó claro que no llegó al poder provincial para ser una sencilla continuidad de las seis gestiones peronistas anteriores. Intenta liderar un nuevo proyecto de poder.
Por eso, algunas de sus últimas medidas pusieron en guardia a la oposición y, de cierto modo, hasta al propio schiarettismo.
El gobernador dio señales concretas de que está dispuesto a impulsar un cambio profundo en la Justicia provincial.
Por otro lado, metió mano de lleno en el millonario negocio del juego: de manera sorpresiva, tres años antes de que venza el contrato, convocó a una nueva licitación de las tragamonedas (slots).
Sorpresa en Tribunales
No llevaba su firma, pero el inesperado proyecto de crear un Tribunal de Casación que presentó el legislador liberal Agustín Spaccesi fue un mensaje de Llaryora para la cúpula del Poder Judicial de Córdoba. “Cambian o yo hago cambios”, fue la encriptada advertencia, con forma de proyecto de ley que presentó el parlamentario con rótulo de opositor, que habitualmente juega para el oficialismo.
La iniciativa quedó postergada para este año. No obstante, el gobernador insiste entre sus íntimos en que “algo hay que hacer” en la Justicia provincial.
Habrá consultas y, probablemente, un nuevo proyecto más prolijo. De lo que no hay dudas es de que el gobernador no cesará en su intención de modificar el funcionamiento de la cúpula del Poder Judicial provincial.
“Martín (Llaryora) se hinchó las pelotas con las internas entre delasotistas y schiarettistas en Tribunales I. Les envió un mensaje. Si no cambian su actitud, habrá cambios”, admitió un llaryorista que conoce de primera mano los planes del gobernador para la Justicia provincial, a la que “quiere más cerca de la gente”, agregó la misma voz oficialista.
La oposición en la Legislatura tiene una mirada muy crítica sobre este debate: radicales y juecistas acusan directamente al gobernador de intentar imponer una “Justicia llaryorista”.
La creación de un eventual tribunal intermedio es un tiro por elevación al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hoy presidido por Luis Angulo, un schiarettista por amistad personal y militancia compartida con Schiaretti.
Diplomático, pero con firmeza, Angulo expuso su postura en una entrevista a La Voz. Pidió “diálogo” y “consenso” para hacer “cambios profundos” en la Justicia.
Schiaretti no se pronunció, ni lo hará sobre ninguna decisión de su sucesor, aunque no es difícil intuir que piensa lo mismo que su amigo Angulo.
Al menos es lo que dejaron trascender dirigentes cercanos al exgobernador. Los schiarettistas califican de “grotesco” el proyecto de Spaccesi, que todos creen que se gestó en el Centro Cívico.
“El gobernador hasta puede tener razón en lo que quiere modificar en la Justicia, pero los cambios importantes no se hacen a los empujones”, graficó un schiarettista.
Hagan su juego
Un mes atrás, la administración de Llaryora volvió a sorprender. A tres años que caduque el contrato de concesión de las máquinas tragamonedas, convocó a una nueva licitación.
En el año 2002, las tragamonedas fueron concesionadas a la compañía CET (Concesionaria de Entretenimiento y Turismo), conformada por el Grupo Roggio y por el empresario Miguel Ángel Caruso.
El Grupo Roggio es una compañía cordobesa histórica, con un aceitado vínculo con las gestiones peronistas. Posee el monopolio en las slots, presta el servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba (Aguas Cordobesas) y es activo participante de los proyectos de obras más grandes de la provincia, entre ellos, el cierre de la Circunvalación en la Capital ya concretado, por ejemplo.
Luego de 23 años de monopolio de la empresa cordobesa en el juego, otorgado en su momento por el gobernador José Manuel de la Sota y que en 2022 Schiaretti prorrogó por cinco años, ahora Llaryora romperá ese esquema.
Avanzará con una licitación, que con seguridad terminará con nuevos jugadores en el sustancioso negocio del juego en Córdoba.
Más allá de los detalles de la licitación, que el miércoles próximo abrirá el sobre con las condiciones técnicas, Llaryora modificará un negocio, que venía de las gestiones peronistas anteriores.
La definición de Llaryora “arrancamos de cero” intenta ser una realidad, al menos en la Justicia y en el negocio del juego.
