Muchas cosas seguirán. Muchas se maquillarán para que sigan intentando mostrar que no cambió. Otras tendrán algunos retoques de ocasión. Puede que haya un mínimo atisbo de modificaciones a privilegios del poder. Lo que es seguro que no sigue es la vida de Alejandra Bengoa y que las de Alexia y Marina serán completamente diferentes a las que iban a ser antes de que se les viniera de frente el auto que manejaba el legislador Oscar González.
Es lo central en esta historia. Lo irreparable. Lo trágico. Pero la colisión en el paraje Niña Paula, el sábado a la tarde, nos está revelando oscuras tramas de cómo se ejerce el poder, con algunas cosas que salen a la luz y otras que se seguirán perdiendo en los agujeros negros de la impunidad.
Los tres poderes provinciales están involucrados. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen mucho que aclarar. Las pocas expresiones que surgieron fueron de circunstancia. La coalición oficialista Hacemos por Córdoba también se llamó a silencio, pese a que quien está involucrado es uno de los dirigentes de más alto rango institucional y partidario. La oposición de Juntos por el Cambio oscila entre el silencio y la tibieza, porque rápidamente se conoció que muchos de sus integrantes también gozan de similares prebendas.
Estas son algunas de las cosas que están en duda respecto de si cambiarán o si se conocerán de manera fehaciente:
Los bolsos. La hermana de Alejandra, Laura Bengoa, narró en las últimas horas sobre la conducta de González después del choque: “No le importó lo que había pasado con mi hermana, con las chicas. Empezó a hacer sus cosas con su vehículo”. Se suma al planteo que hizo la querella, sobre una presunta alteración de la escena del siniestro, porque dos allegados al legislador sacaron pertenencias del BMW muy poco después de la colisión. Hay varios registros fotográficos de esas dos personas sacando bolsos. La duda es si semejante urgencia tenía o no que ver con el contenido de esos equipajes.
Justicia fuera de la ley. Han sido muy vagas las explicaciones desde el Tribunal Superior respecto de la discrecionalidad en la entrega de vehículos de alta gama a reparticiones oficiales. Todos son para uso de algunos ministros y legisladores. Todos los testimonios coinciden en que el propio González, como operador judicial que el PJ siempre ha tenido, se ocupaba personalmente de pedir ciertos vehículos ante los vocales del alto cuerpo judicial. Pero el tema es que el auto con patente adulterada fue entregado por la Justicia provincial cuando la causa estaba en un juzgado de Villa Dolores. En marzo de este año pasó al fuero federal porque la Justicia provincial se declaró incompetente. Está en el Juzgado Federal Número 2 de Córdoba. La custodia del auto es parte de la causa, por lo cual esta debió pasar al fuero federal. No en vano no está en el registro provincial de autos asignados. Por ende, todo indica que el vehículo en el que chocó González estaba fuera de la ley.
Tercera autoridad. González pidió sólo una licencia a su banca en la Legislatura, por dos semanas. Mientras, sigue como presidente provisorio del cuerpo; es decir, es la tercera autoridad de la provincia y segundo en la línea de sucesión. Las autoridades parlamentarias se renuevan en un mes y hasta acá no había una sola expresión de la bancada oficialista respecto de si se mantendrá en ese lugar clave, que lo ubica segundo en línea de sucesión, después del gobernador y el vice. Sólo hubo expresiones fuera de micrófono por parte de importantes funcionarios provinciales que aludieron a un paso al costado transitorio del histórico dirigente.
Alta gama. La Legislatura aprobó una declaración extremadamente lavada sobre el trágico choque. No hubo una sola señal respecto de qué harán los integrantes de ese cuerpo con los nueve vehículos judicializados, cuatro de los cuales están en poder de González, dos para otros legisladores del PJ y tres en manos de opositores, integrantes de Juntos por el Cambio. Tampoco parece estar en miras de ser revisado el régimen de rendición de viáticos, que incluye combustible y hasta el lavado de vehículos judicializados, oficiales y propios de cada legislador.
Funcionaria. El Ejecutivo provincial no emitió la más mínima consideración sobre lo ocurrido con alguien que ocupó diversas carteras en las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Tampoco comunicó qué hará con la directora del Programa del Noroeste Cordobés y coordinadora del Centro Cívico del Oeste, Cristina Vidal, después de que se hiciera público un audio de la funcionaria y pareja de González en el que celebraba el triunfo en la elección de la Cooperativa Eléctrica Mixta de Villa Dolores (Cemdo), relativizando la tragedia y diciendo que ella pretendía quedarse con el BMW judicializado.
Cemdo. La cooperativa de Villa Dolores es uno de los reductos de poder de González. De hecho, se vio afectada cuando en marzo pasado fue detenido su titular, Roberto Clavero, estrecho colaborador del caudillo, en una causa por abuso sexual. Los hechos habían ocurrido varios años antes, pero la causa se fue dilatando.
Festival de licencias. En marzo de 2000, La Voz narró cómo tres municipios le habían otorgado un carné de conductor a un ciego, fruto de los escasos controles en el proceso. Un tercio de los municipios y comunas de Córdoba sigue sin adherir a lo dispuesto por la Ley Provincial de Tránsito. Uno de estos es el que le entregó la licencia actual a González. Se trata del de Las Tapias, gobernado por una dirigente afín al caudillo peronista de Traslasierra.
