Argentina tiene casi 200 regímenes previsionales especiales que explican más de la mitad del gasto en jubilaciones. En la mayoría de los países, estos beneficios son excepcionales y representan menos del 10% del total.
Uno de los puntos clave para empezar a solucionar el problema del sistema previsional argentino es terminar con la enorme cantidad y variedad de regímenes de excepción, coinciden Idesa y Cippec.
Este último, dice en su informe que, idealmente, un sistema único nacional permite administrar mejor los riesgos vinculados con los ciclos económicos o de mercado laboral y los cambios demográficos, así como posibilita que sea más efectivo en cuanto a las políticas distributivas.
Sin embargo, también el Cippec entiende que es importante reconocer que deben tenerse en cuenta la heterogeneidad de la población, sus perfiles sociodemográficos y las historias laborales, lo que lleva a que necesariamente existan “situaciones excepcionales”.
El problema es que cuando en la mayoría de los países, los sistemas previsionales mantienen un régimen general con amplia cobertura y algunos pocos esquemas distintos para casos particulares, en la Argentina, son mucho más que la excepción.
Comparemos. En los países de la Unión Europea –y en general en toda América latina– hay esquemas especiales para algunos funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas o trabajadores de sectores con tareas que pueden definirse como arduas o riesgosas.
Salvo en Brasil, Grecia y Polonia, los regímenes especiales representan menos del 10% del sistema previsional, según el Cippec.
“En la Argentina, por el contrario, estos esquemas explican más del 40% del total de beneficios, y cerca del 55% del gasto total”, agrega.
En Idesa, el informe “¿Fin de las moratorias? Qué hacen otros países con quienes no completaron sus aportes” dice que “la urgencia no debe tapar lo importante” y que “es indispensable iniciar un proceso de ordenamiento integral del sistema previsional”. Esto incluye, para el Instituto que preside el economista Jorge Colina, “revisar los regímenes especiales, abordar la alta litigiosidad, repensar las pensiones derivadas que generan casos de doble cobertura y revisar las cajas provinciales no transferidas”. También entienden que habría que “establecer mecanismos de ajuste automático que permitan adaptar el sistema a los cambios demográficos y laborales”.
Respecto de los regímenes especiales, el informe del Cippec destaca la necesidad de revisar los casi 200 existentes, que en general perciben ingresos “mucho mayores” que los del régimen general, pese a ser financiados en parte por el resto del sistema o por recursos del tesoro.
La propuesta plantea suspender la creación de nuevos regímenes, mantener aquellos que sean indispensables bajo reglas claras de financiamiento y avanzar hacia la integración de los restantes al esquema general, respetando y premiando los aportes adicionales que se hayan realizado.
Edades y ajuste
En términos generales, como Idesa, el Cippec plantea la creación de una prestación básica universal similar a la Puam actual financiada con rentas generales, y una prestación proporcional relacionada en la historia completa de aportes. Financieramente, los investigadores creen que el costo sería similar al actual para personas con 30 años de aportes e ingresos promedio, pero más equitativo.
En cuanto a la edad de retiro, para mejorar la sostenibilidad a mediano y largo plazo, la propuesta es igualar gradualmente las edades mínimas legales por género, generar incentivos para posponer la jubilación y establecer mecanismos de actualización de la edad de retiro por aumento de la expectativa de vida.
Respecto de la movilidad, tema discutido si los hay, la idea es vincular los ajustes a las variaciones del IPC, con una periodicidad variable según la inflación, e incorporar ajustes anuales por salarios reales (en un porcentaje).
También se propone un ahorro previsional voluntario. En este caso, apunta a regular un esquema complementario al régimen general, con incentivos fiscales para el ahorro de largo plazo.
