Los policías santafesinos encendieron más de una alarma en los despachos de varias gestiones.
Aquellas escenas que se iniciaron en Córdoba en diciembre de 2013 se actualizaron más que de inmediato.
Por eso, hubo reacciones rápidas en una protesta que no llegó a acuartelamiento, pero que dejó muchas situaciones abiertas.
Para Córdoba, tuvo y tiene impactos diversos. El primero alude a lo debilitado que quedó el gobernador Maximiliano Pullaro, quien cedió a todos los reclamos, incluido el de no sancionar a los rebeldes, con la duda respecto a cómo se recompone la cadena de mandos en una institución jerárquica.
Pullaro es el principal aliado del cordobés Martín Llaryora. Alguna vez, hasta imaginaron dirimiendo una candidatura presidencial por la mentada y poco transitada avenida del medio.
Después del fracaso de Provincias Unidas, ambos volvieron a ocuparse sólo de intentar retener su territorio.
Pero hay otra cuestión en los dilemas que tienen los gobernadores en su relación con el poder central que saltó por estos lados cuando se empezaron a pensar acciones que neutralizaran cualquier posibilidad de efecto contagio.
El endeudamiento
En la siesta del miércoles, con el conflicto en Santa Fe aún sin resolver, funcionarios provinciales encabezaron una reunión virtual con efectivos de las tres fuerzas de seguridad de la Provincia: la Policía, el Servicio Penitenciario y la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Allí comunicaron un “programa de alivio financiero” para que las deudas no consuman buena parte de los salarios.
El Gobierno aclaró, después, que nada tenía que ver el anuncio con lo que pasaba en Santa Fe, sino con una situación que afecta a otros sectores del Estado provincial (y a miles de familias), y que se irán produciendo anuncios similares para cada una de esas áreas.
Pero, por ahora, fue sólo para fuerzas de seguridad, y todos los que participaron del Zoom ligaron la comunicación a lo que venía del este.
También se anunciaron aumentos en los adicionales, aunque eso, en vez de generar alivio, renovó la preocupación en algunos sectores de la Policía por un direccionamiento de algunas tareas de seguridad hacia las empresas privadas que prestan servicio para particulares y para el Estado cordobés.
Pero volviendo al tema del alivio financiero, que son 60 cuotas fijas para pagar deudas con la tarjeta de crédito, es una situación de alta complejidad que viene de arrastre, pero que comenzó a evidenciarse con grados de dramatismo con el cobro de los haberes de enero en los primeros días de febrero.
Y va mucho más allá de lo que pueda pasar con la Policía. Es, claramente, un problema nacional para públicos y privados, reflejado de modo contundente en el último informe del Banco Central, con altas cifras de morosidad.
¿Dilemas sin solución?
Pero podemos tomar el ejemplo de las tres fuerzas de seguridad de Córdoba, que abarcan a unas 30 mil personas.
Deben en total a Tarjeta Cordobesa unos $ 100 mil millones, lo que arroja un promedio de $ 3,3 millones por agente, sin contar adelantos de sueldos, créditos y deudas con otras tarjetas.
El promedio salarial de las fuerzas de seguridad provincial está por debajo de los $ 2 millones, lo que pone de manifiesto la dimensión de la situación.
Como Bancor cobra las deudas que tiene con su tarjeta en la liquidación de haberes, hay muchos empleados públicos, docentes, personal de salud y efectivos de seguridad que el mes pasado cobraron casi cero.
En el Gobierno provincial sostienen que esta situación los enfrenta a una serie de dilemas.
Para ellos, la responsabilidad es de la situación nacional y la crisis económica que viene de arrastre y se agudizó con la gestión de Javier Milei. Pero los empleados culpan a la gestión provincial y no a la libertaria.
El otro tema es que si ellos socorren a los empleados públicos, otros cordobeses que tienen situaciones parecidas pueden reclamar un trato similar.
