Analistas de deuda soberana ignoraron el cambio de rumbo económico de la Argentina y mantuvieron la calificación del país en una categoría marginal que le impide recibir flujos financieros de los grandes inversores globales.
La decisión golpea a la administración libertaria que esperaba un mínimo respaldo de la comunidad financiera.
La empresa MSCI dejó al país en la categoría “standalone”, lo que significa que los títulos de deuda soberana están en una tercera categoría, muy lejos de ser sujetos de inversión de los grandes flujos financieros.
Además, la compañía tampoco anunció una posible revisión de la situación de la Argentina en 2026, lo traslada un eventual cambio a 2027.
Uno de los factores más importantes para dejar al país en una categoría marginal es que aún perduran restricciones para el libre flujo de capitales. Si bien el gobierno liberó el cepo para minoristas, aún existen restricciones para empresas e inversores que resultan insalvables para los calificadores.
En las últimas semanas, se había generado un clima favorable a la posibilidad que la compañía que controla JP Morgan aceptase el análisis para revaluar la calificación de la Argentina. El nuevo esquema económico y la convicción del gobierno de mantener una hoja de ruta en sintonía con los mercados financieros eran las razones que sustentaban la expectativa.
Pero en una comunicación del 19 de junio MSCI dio una señal de que no estaban dadas las condiciones para revisar a Argentina. En ese documento advirtió que el país no contaba con “los requisitos mínimos de liquidez” en los flujos financieros y que sus mercados se mantienen “actualmente parcial o totalmente cerrados a los inversores extranjeros”.
De esta manera enfrío toda expectativa de que el país pase de “standalone” a mercado de “frontera” y mucho menos aún a “emergente”.
Una mejora en la calificación le hubiera permitido entrar en la consideración de inversores globales (que tienen restricciones para poner dinero en países con mala calificación) y recibir fondos por hasta U$S 1.000 millones en bonos y acciones.
El traspié ya venía siendo calibrado por el Ministerio de Economía nacional, dado que sus funcionarios se abstuvieron de pronunciarse sobre la decisión de MSCI pese a diferentes consultas.
Por otro parte, queda claro que la comunicación de la empresa socava el discurso oficial de la total salida del cepo cambiario, dado que pone sobre la mesa las restricciones que aún pesan sobre las empresas.
Si bien no es condicionante, la noticia no es buena para Córdoba que en esta a las puertas de una doble operación financiera con una emisión de deuda por U$S 800 millones a 2032 y una y una oferta de recompra anticipada de los bonos que vencen en 2027, por un total en circulación de poco más de U$S 516 millones.
Esta operación se hubiese aceitado con una mejora en la calificación de la deuda del país, más allá de que en particular la provincia mantiene una nota alta (AA-).
Revisión del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) inició hoy una revisión clave del último programa con la Argentina, de cuya aprobación depende un desembolso de U$S 2.000 millones.
La misión técnica que comenzó a trabajar en el Ministerio de Economía está encabezada por Bikas Joshi, es el vicejefe del caso argentino, área a cargo del venezolano, Luis Cubeddu.
Las principales variables del programa fueron sobre cumplidas por el gobierno, a excepción de la acumulación de reservas. No obstante, se descuenta que el informe será positivo y que la recomendación final será la aprobación de esta primera auditoria.
Cabe recordar que esta revisión corresponde al programa de Facilidades Extendidas (EFF) que se aprobó el 11 de abril por U$S 20.000 millones en total, y no tiene nada que ver con la deuda de U$S 45.000 millones cuyos vencimientos corren sin ningún tipo de refinanciación, al menos por ahora.
El EFF en curso tiene como principal objetivo que el país normalice su situación financiera y pase a estar en condiciones de volver al mercado de capitales para refinanciar los vencimientos con privados y destinar los nuevos recursos destinados al pago de la deuda contraída en 2018.
