Las últimas medidas para mejorar el nivel de ingresos anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, ponen en jaque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dado que comprometen la meta clave de déficit fiscal de 1,9% del PBI.
Además, aún está pendiente una nueva actualización de las tarifas eléctricas que debía regir desde el 1° de septiembre, pero sobre la que aún no hay definición.
De acuerdo a lo anunciado pocas semanas, el FMI realizará una nueva revisión en noviembre y de su aprobación depende un desembolso de U$S 2.500 millones que calzan con vencimientos de U$S 691 millones en noviembre y U$S 923 millones en diciembre, a los que se deben sumar unos U$S 600 millones de obligaciones con otros organismos multilaterales.
Pero la aprobación de ese giro depende del cumplimiento de las pautas fijadas en el Staff Report publicado el 25 de agosto. Con una trampa: en ese documento no se fijaron las fechas de la auditoría lo cual deja abierta la incógnita ya que Argentina podría elegir nuevo presidente en un eventual balotaje el 19 de noviembre.
Por lo tanto, puede suceder que el actual gobierno no cumpla con las metas acordadas y las consecuencias las pague la nueva administración.
“El anuncio de la suba del mínimo no imponible de Ganancias tendrá un costo fiscal de alrededor de 0,2% del PBI en el último trimestre del año. La medida, que se llevará adelante por decreto, alejará aún más al gobierno de la meta de déficit fiscal primario con el FMI, que ya se venía incumpliendo”, alertó el economista Eugenio Martí de la Fundación Libertad y Progreso ante la consulta de este medio.
El economista calculó que “el déficit primario será incluso mayor que el del año pasado; claramente a contramano de lo que estipulaba el programa con el Fondo” y aseguró que superará el 2,5%”.
Por su parte, la consultora Aurum calculó que la decisión de eliminar el impuesto a la 4ª categoría para asalariados deja un bache fiscal anual del 0,6% del PBI.
Dado que la Argentina no tiene posibilidad de acceder al mercado voluntario de crédito, ese faltante debiera ser cubierto con emisión, que equivaldría a un 11% de la base monetaria, de acuerdo a lo estimado por Aurum.
En síntesis, la suma decisiones anunciadas por el gobierno van a contramano de lo firmado hace apenas 18 días.
El párrafo más sustantivo del documento decía: “Para alcanzar el déficit fiscal primario acordado de 1,9% del PIB este año sigue siendo esencial apoyar la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se centran en reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones”.
Respecto de la actualización de tarifas eléctricas, la decisión aún está pendiente. A pocos días de conocerse lo firmado con el FMI, la secretaría de Energía, Flavia Royón, había admitido que se estudiaría el impacto de la devaluación sobre los costos de generación de electricidad para trasladar el ajuste proporcional sólo a los segmentos de más altos recursos a los que ya se les habían retirado los subsidios.
Pero esa decisión aún no fue informada y queda entre los “asteriscos” en la lista de compromisos que el gobierno firmó con el FMI.
Sectores kirchneristas comenzaron mostrar su beneplácito con las últimas medidas adoptadas por el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) porque entienden que es una forma de mostrar distancia del FMI.
Ante consultas puntuales de este medio sobre el actual cuadro de situación el FMI eligió no responder.
No obstante, se descuenta que los técnicos del organismo están monitoreando el Estado de las cuentas públicas y conocen los desvíos.
En una semana se conocerá el déficit fiscal de agosto, dato clave para proyectar el cierre del año. Hasta julio, el desequilibrio era de $ 2,2 billones contra un rojo anual permitido de $ 3,2 billones.
Con estos números, Massa se comprometió a una reducción real del gasto en 11% entre septiembre y diciembre en coincidencia con el período más exigente en materia fiscal y en plena campaña electoral.
Sobre la eliminación de Ganancias la explicación oficial se apoya en que se financiará con el nuevo impuesto PAIS que grava importaciones y el aumento del consumo que generará este mayor flujo de dinero en la economía.
Sin embargo, las dudas surgen porque el impuesto PAIS es un tributo transitorio hasta alcanzar una adecuación del mercado cambiario y la eliminación del impuesto será de característica permanente.
En el cálculo anual, con los valores nominales de hoy, el costo fiscal de la eliminación de Ganancias es de $ 1 billón.
De octubre a diciembre la norma se aplicará vía decreto por facultades delegadas, pero habrá que ver qué suerte corre en el Congreso Nacional ya que Ganancias es un impuesto coparticipable y las provincias dependientes de esos ingresos ya comenzaron a alzar la voz.
