En un nuevo capítulo del conflicto tras el veto presidencial del año pasado, las universidades nacionales insisten con una ley de financiamiento y la oposición vuelve a la carga en la Cámara de Diputados. El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) elaboró un anteproyecto con apoyo de sindicatos, y en paralelo se presentaron tres nuevos proyectos, impulsados por el kirchnerismo, la oposición dialoguista y la izquierda.
Las vicepresidentas de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Unión por la Patria) y Danya Tavela (Democracia para Siempre) organizaron para este miércoles a las 11 un encuentro de legisladores con rectores, sindicatos, docentes y estudiantes. La idea es presentar las iniciativas que buscan, por un lado, garantizar y actualizar el financiamiento de la educación superior, y por otro, mejorar los salarios del personal docente y no docente.
Uno de los proyectos es impulsado por Tavela, una diputada de Evolución Radical alineada a Martín Lousteau, y acompañado por diputados de Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Otra de las propuestas es de Unión por la Patria y la encabeza el cordobés Pablo Carro.
Un tercer proyecto, del Frente de Izquierda, es más amplio porque declara la emergencia presupuestaria no solo en el sistema universitario, sino también en el de ciencia y técnica. Complementariamente, Carro presentó una cuarta iniciativa para convocar a una consulta popular vinculante y obligatoria sobre el tema.
La Libertad Avanza y el PRO bloquean el debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, presididas respectivamente por José Luis Espert y Alejandro Finocchiaro. Por eso, en la oposición no descartan intentar destrabar el tratamiento en la próxima sesión de Diputados, el miércoles 4 de junio, por la vía de un emplazamiento.
La propuesta del CIN
El CIN redactó un anteproyecto al que adhieren la FUA (Federación Universitaria Argentina), CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), FEDUN (Federación de Docentes de las Universidades), FAGDUT (Asociación Gremial de Docentes de la UTN), CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), UDA (Unión Docentes Argentinos) y FATUN (federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales).
La propuesta, a la que accedió La Voz, incrementa progresivamente la inversión en educación superior, pasando del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
Uno de los puntos nodales es que garantiza anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por la variación anual del año anterior del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Asimismo, encomienda al Poder Ejecutivo Nacional convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
El anteproyecto del CIN agrega que todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente.
Hacia adelante, obliga a convocar a paritarias con una periodicidad no mayor a tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para los trabajadores.
Por otra parte, crea un fondo anual de $10.000 millones, actualizable anualmente por IPC, para generar o incrementar carreras estratégicas. Y además amplía anual y progresivamente el monto de las becas universitarias. Proponen financiar ambos puntos con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos.
El CIN advirtió, en los fundamentos de su anteproyecto, que las universidades nacionales e instituciones de educación superior atraviesan una “situación crítica e incierta” por las sucesivas prórrogas del Presupuesto Nacional, que “implican que, desde enero de 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134%”.
También denunció que “la situación salarial de docentes y no docentes es insostenible, con más del 70% de trabajadores percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza”, y añadió que “el presupuesto asignado a las universidades para el 2025 representa solo el 50% de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y de extensión”.
