Leandro, el menor de los hijos de Lázaro Báez, fue enviado a juicio oral por la desaparición de una millonaria cantidad de lana de oveja, la cual se encontraba inmovilizada por una inhibición general de bienes. Si es declarado culpable en este nuevo proceso, Leandro Báez podría enfrentar la prisión, dado que ya arrastra una condena previa de tres años de cárcel en suspenso por la causa de “la ruta del dinero K”.
El proceso judicial estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo tribunal que lleva adelante la mediática causa Hotesur/Los Sauces.
Detalles de la acusación y el valor del cargamento
Leandro Báez está acusado de haber vendido 249.793 kilos de lana que debían permanecer inmovilizados. El cargamento de lana en cuestión estaba valuado en casi 1.498.758 dólares estadounidenses. La maniobra, según la Justicia, se llevó a cabo entre los años 2016 y 2018, período en el cual Leandro Báez se desempeñaba como apoderado de la empresa Austral Agro SA.
La causa salió a la luz durante el juicio por “La ruta del dinero K”. La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó inicialmente a Leandro Báez y al contador César Andrés por el delito de administración infiel agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. El fallo fue apelado por la defensa de Báez, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, pero la Cámara Federal ratificó los procesamientos en julio del año pasado.
Complicidad y ocultamiento de información
La jueza sostuvo que tanto Leandro Báez como el contador César Andrés “tenían pleno conocimiento de las medidas cautelares que afectaban a la firma”. La Justicia acusa al hijo menor de Báez y al contador de la familia. Según el fallo de la Cámara Federal, Leandro Báez se valió de la “colaboración indispensable” del contador público César Gerardo Andrés, quien es señalado como coordinador de la operatoria comercial de la firma. Andrés habría “obstaculizado la obtención de información contable de la sociedad” cuando fue requerida por los veedores judiciales y, posteriormente, por la interventora judicial Susana Inés Santrasola.
El informe de la interventora, Santrasola, expuso que, según “comentarios de la zona, la lana fue vendida en negro no a los proveedores habituales y trasladada sin guías a nombre de Austral Agro, probablemente de alguna estancia vecina que actuó como facilitadora”. En su momento, Leandro Báez acusó a la abogada de su padre, Elizabeth Gasaro, de vender la mercadería en el mercado negro.
Una nueva condena por esta maniobra dejaría a Leandro Báez en una situación similar a la de su padre, enfrentando la prisión. Aunque mantenía contacto, Leandro Báez se mantuvo alejado de su padre, Lázaro Báez, desde hace años, según sus propias declaraciones en diversas entrevistas recientes.
