Un grupo de legisladores provinciales que representa a siete bancadas opositoras en la Unicameral cordobesa presentó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una acción declarativa de inconstitucionalidad que apunta contra el paquete presupuestario 2026 aprobado en la Unicameral a fines del año pasado, con el que se habilitó al Gobierno provincial a una toma de deuda.
Desde el arco opositor se aseguró que no se respetó que esto contara con los dos tercios del cuerpo legislativo, ya que fue avalado en la Legislatura con mayoría simple tanto en la primera como en en segunda lectura. En el PJ afirmaron que no se violó la ley máxima.
La iniciativa fue impulsada por el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda, quien ya en el tratamiento del Presupuesto 2026 había advirtió que iría a la Justicia.
A esta postura se sumaron en la presentación el presidente del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, junto con las radicales Alejandra Ferrero y Brenda Austin, como autoridades también de la bancada; además del titular del Frente Cívico, Walter Nostrala.
A este planteo del interbloque de Juntos por el Cambio también los firmaron el presidente de la bancada del PRO, Oscar Agost Carreño; Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal); Agustín Spaccesi (monobloque La Libertad Avanza); y Patricia Botta (PRO, con unibloque).
La presentación fue realizada por estos nueve legisladores el miércoles pasado al esgrimir que ni en la primera ni en la segunda lectura la aprobación contó con los 44 votos necesarios para ser sancionada con los dos tercios de los presentes.
Además de cuestionar este punto del Presupuesto General 2026, pusieron en la mirada en la resolución 24/2026 del Ministerio de Economía y Gestión Pública que oficializó la autorización para la emisión de deuda.
El núcleo de la demanda es procedimental, pero con impacto institucional, ya que los legisladores sostuvieron que la autorización para tomar deuda “no reunió la mayoría agravada”.
En la acción judicial, los legisladores fundamentaron que la Constitución provincial establece que toda autorización legislativa para contraer empréstitos o realizar operaciones de crédito público debe aprobarse con el voto de dos tercios.
En ese marco, solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que “declare la inconstitucionalidad de esos artículos y la nulidad de la resolución ministerial” que avanzó en la emisión de títulos de deuda. El 27 de enero se conoció que el Gobierno de Córdoba logró colocar deuda en el mercado externo por 800 millones de dólares y que este nuevo financiamiento, a través de la emisión de los títulos PDCAR 2035, fue a una tasa de corte del cupón de 8,6%.
Con antelación, en ambos debates en el recinto, el oficialismo defendió un superávit financiero de 282.809 millones de pesos; y aprobó por mayoría operaciones de crédito público de hasta 2.590 millones de dólares, a través de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
En general, el bloque de la UCR acompañó el paquete presupuestario, a excepción de Carlos Briner que fue por la negativa, y rechazó en particular la toma de deuda. Mientras que los bloques más duros como el juecismo, la banca de Hernández Maqueda y la izquierda no acompañaron.
A casi dos meses de este tratamiento, los legisladores demandantes dijeron en el escrito judicial que se tratan de decisiones de endeudamiento “de alcance intergeneracional” y que hubo “vulneración procedimental”.
Hernández Maqueda, impulsor de esta acción, recordó que en igual situación el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se vio impedido de tomar deuda.
“Se trata de una declaración de inconstitucionalidad para que se declare la nulidad de la colocación de deuda por 800 millones de dólares por considerarla inconstitucional. En años anteriores, el oficialismo siempre tuvo los dos tercios, pero ahora no se dio. No es un problema de fondo, sino de forma porque no se respetaron los dos tercios”, insistió.
“La forma de demostrar el compromiso contra el autoritarismo es defender cualquier avasallamiento a la Constitución que, si hoy lo hacen con la toma de deuda mañana, lo hacen con la reforma de la Constitución y que ahora está en manos del Tribunal Superior de Justicia que, si convalida esto, va a estar consolidando un régimen autoritario encordado y que está en su poder frenar para marcar un límite al poder de turno, insistió.
En la Constitución
Los legisladores tomaron como base el artículo 104° de la Constitución provincial, que hace mención a las “atribuciones de la Legislatura”.
En este punto se fija que corresponde a la Unicameral ”dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados” por la Constitución “sin alterar su espíritu”. Y en el inciso 33 hace referencia concreta a autorizar al Poder Ejecutivo “con el voto de dos tercios de los miembros presentes a contraer empréstitos”, en caso de que sea necesario.
La postura de oficialismo
Justamente, el oficialismo había salido a rebatir esta postura al asegurar que no se trataba de un empréstito y que año tras año se dieron los avales en la Legislatura para “la toma de deuda para generar obras”.
“La Constitución de Córdoba establece que para la autorización para tomar empréstito son necesarios los dos tercios de votos y doble lectura, pero no para tomar un crédito o colocar deuda que no alcanza la categoría que las Ciencias Económicas caracterizan como empréstito. Si no, cualquier toma de deuda, préstamo por parte de un municipio o una provincia requeriría una mayoría agravada y doble lectura, imposible lo que plantean”, se aseguró.
Que dijo la oposición
Gvozdenovich, jefe del bloque radical, explicó que acompañó la presentación por no resperarse la Constitución. “Estamos en contra de la toma de deuda en dólares, esta gran deuda que tomó el Gobierno provincial para los futuros gobiernos que van a venir”, expresó. “Lo consideramos inconstitucional porque en el recinto no tuvo la mayoría de los dos tercios que dice la Constitución y nosotros votamos en contra de esto”, resumió el legislador radical.
Nostrala tambié apuntó: “Esto es otra muestra de la falta de apego a la ley del gobernador Llaryora. Atraviesa todos los límites. Toma deuda sin la autorización de los dos tercios de los votos de la Legislatura como exige nuestra Constitución. Actitud propia de un gobernador de una provincia feudal que hace lo que quiere sin que nada le importe y que el cumplimiento de las leyes está para los demás, no para él”.
“La vara institucional en Córdoba está por el piso. Ojalá que la Justicia esté a la altura de las circunstancias y no al servicio del poder”, recalcó.
En la presentación, los legisladores también cuestionaron a la vicegobernadora Myrian Prunotto, en su rol de presidenta de la Legislatura, al proclamar como aprobados los artículos.
Para los demandantes, no se trató de un error formal sino de un “vicio sustancial que afecta la validez del proceso de autorización de deuda”, por lo que en la presentación argumentaron que se “convalidó la irregularidad procedimental”, y que el conflicto escaló con la resolución del Ministerio de Economía en la colocación de deuda.
A tal efecto, pidieron la invalidez de los artículos aprobados y la nulidad de la resolución administrativa.
Qué puede pasar ahora
El Tribunal deberá resolver primero si admite o no la acción y, si avanza en el tratamiento de fondo, ya sea declarar la constitucionalidad del procedimiento o invalidar los artículos cuestionados.
