En la sesión ordinaria de este miércoles, la Legislatura provincial volverá a tener como centro de la escena al legislador de Hacemos por Córdoba Oscar González, ya que el oficialismo aprobará la extensión de su licencia en la banca hasta el 31 de diciembre.
En su reemplazo asumirá la abogada justicialista de Villa Dolores Noelia Brizuela, quien se unirá al cuerpo legislativo en su carácter de legisladora suplente departamental.
Brizuela es una dirigente oficialista con afinidad política con González y una defensora de la sede del Centro Cívico Oeste que funciona en Villa Dolores, la que cosechó críticas desde el municipio de esa localidad, así como de legisladores radicales que aseguraron que esta dependencia se trata de una “municipalidad paralela”.
De hecho, que desde el bloque de Juntos UCR el legislador Marcelo Cossar ya adelantó que volverá a presentar un pedido de informe para que el Gobierno provincial dé cuenta sobre qué programas provinciales y actividades se desarrollan en esta sede gubernamental.
“Lo que se tiene que entender es que las obras que llegan no son para Oscar González o para Gloria Pereyra (intendenta de Villa Dolores), son para los vecinos, por eso cuando la Municipalidad dice que se discrimina a Villa Dolores esgrimen un discurso sin contenido porque las obras están a la vista”, había dicho Brizuela a mediados de 2021 a radio Verdad, de esa localidad
Entre la expulsión y el pedido de suspensión
El pedido de extensión de licencia que realizó el legislador González, quien el sábado pasado renunció a la presidencia provisoria del cuerpo legislativo, podría este miércoles sólo ser aprobado con los votos de Hacemos por Córdoba y de Identidad Peronista.
La bancada radical analiza plantear una cuestión de privilegio en la Comisión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión ordinaria, para que se apruebe la suspensión de González como parlamentario.
Aunque de las dos bancas de la izquierda ya adelantaron que irán por el pedido de expulsión de González atendiendo su participación en un accidente ocurrido el 29 de octubre en el caminos de las Altas Cumbres, donde falleció una docente. Encuentro Vecinal solicitará el apartamiento por seis meses.
“La semana pasada pedimos públicamente la renuncia de González y este miércoles exigiremos su expulsión de la cámara como legislador, como presidente provisorio de la Legislatura y como miembro del Jury de Enjuiciamiento”, adelantó Noelia Agüero, de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad.
“También planteamos su detención preventiva para garantizar la investigación ya que, dada la influencia de González, existiría riesgo procesal. Con este crimen vial que arrebató la vida a Alejandra Bengoa y dejó en gravísimas condiciones a dos adolescentes de 14 años, saltan a la vista los privilegios de González, el PJ cordobés y también del radicalismo y el PRO como el uso de autos judicializados, entre muchas otras prebendas”, aseguró.
También la legisladora Luciana Echevarría, de la banca MST – Nueva Izquierda, anticipó que solicitará la expulsión a través de una “cuestión de privilegio”.
“González, al igual que muchos funcionarios del Gobierno, se cree impune y eso debe terminarse. Viven llenos de privilegios y lujos, mientras la mayoría de la población sufre en carne propia las consecuencias de las políticas de ajuste que votan”, expresó Echevarría.
De acuerdo con el artículo 139°, inciso 2, del Reglamento Interno de la Legislatura de Córdoba, se consideran cuestiones de privilegio “las que afectan los derechos, reputación y conducta de los legisladores individualmente y sólo en lo que hace a su idoneidad representativa, entendiéndose por tal el conjunto de condiciones morales, intelectuales o físicas que son necesarios para el cargo y cuya ausencia inhabilitaría para su desempeño”.
