La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por mayoría la sanción de suspensión y apartamiento, sin goce de dieta, del legislador en licencia Oscar González “hasta tanto la Justicia se pronuncie con sentencia firme”, tras el siniestro vial ocurrido en las Altas Cumbres en el que murió una mujer y dos adolescentes debieron ser internadas. También se acordó que no ejercerá actividades en representación del Poder Legislativo.
Sanción a Oscar González
En una sesión sumamente tensa, el oficialismo acordó con las bancadas de Juntos UCR, Juntos por el Cambio, Identidad Peronista y Encuentro Vecinal un despacho que contó con el apoyo de 62 de los 66 legisladores presentes al momento de la sesión.
Hubo cuatro votos en rechazo y cuatro legisladores ausentes que no participaron en la sesión. El acuerdo del apartamiento fue votado a las 15.13, ante la presencia de los familiares de la mujer fallecida y las menores, que observaron desde las gradas del recinto el desenlace de la sesión.
Las dos bancadas de la izquierda y el bloque de Coalición Cívica-ARI, junto con el radical Marcelo Cossar, reiteraron los pedidos de expulsión de González con duros cuestionamientos al legislador en licencia y al tratamiento de una suspensión, por considerar que hay elementos de indignidad y de inconducta suficientes para su salida definitiva, de acuerdo con el reglamento interno de la Legislatura de Córdoba.
Ya desde dos horas antes del comienzo de la sesión, hubo momentos de tensión entre los legisladores, sobre todo porque se insistió que quedara redactado en el proyecto la sanción y suspensión, y no sólo la descripción de apartamiento. En la reunión de comisión de este martes, el oficialismo había anticipado un despacho por la mayoría con el apartamiento mientras dure el proceso judicial.
Esta situación también fue modificada en una reunión en la que participaron parte de los bloques de la oposición, por lo que una vez en sesión de Labor Parlamentaria se hizo saber el acuerdo que sumaba más de 60 legisladores, en medio de los duros rechazos de los cuatro legisladores que pidieron la expulsión.
Ya en el recinto, las bancadas que fundamentaron la suspensión de González hicieron hincapié en respetar la independencia de los poderes, y en no entrometerse en las actuaciones que lleva adelante la Justicia. Aunque hubo discursos más críticos que otros, entre las bancas que apoyaron la suspensión.
“La sanción de suspensión hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en las causas judiciales vinculadas a la tragedia vial, como así también la suspensión en cualquier cargo que ejerza en nombre de este cuerpo, representa la sanción que es la consecuencia a la conducta asumida por González, la que deshonra la institución legislativa y al componente humano de este cuerpo, agravia la reputación y conducta de los miembros de esta cámara por adolecer de las condiciones humanas, morales y éticas necesarias para el cargo”, expresó la legisladora radical Verónica Garade Panetta.
Desde el radicalismo fue visto como positivo el acuerdo en el despacho por considerar que el oficialismo aceptó dejar sentada una sanción con carácter de suspensión con sentencia, y no un apartamiento hasta tanto se desarrolle el proceso judicial.
“Adherimos porque se trata de una sanción hasta que esté la sentencia firme, lo que implicará que no ocupará la banca en este cuerpo cuando creemos que han salido a la luz situaciones con esta tragedia, que se llevó la vida de una persona y le cortó sueños a dos adolescentes”, sumó María Rosa Marcone, de Encuentro Vecinal.
“No somos jueces, somos legisladores”
Desde el oficialismo, la presidenta provisoria del cuerpo, Nadia Fernández, hizo hincapié en la independencia de los poderes y en la importancia de la sanción. “No somos una justicia paralela, nunca la seremos. No somos jueces, somos legisladores. No contamos fueros”, dijo Fernández.
“Estamos acá para atender la Constitución Provincial y Nacional... no podemos caer simplemente en el discurso fácil, sería irresponsable apartar así a un legislador”, insistió.
Los que pidieron la expulsión
Los discursos más duros se dieron por parte de las tres legisladoras que desde hace ya varios días plantean que González debía ser expulsado. “La suspensión no representa una sanción ante semejante impunidad. Los cordobeses ya no toleran más que la política, que debería estar a su servicio, esté inmersa en un sistema de privilegios para pocos”, expresó Cecilia Irazuzta, de Coalición Cívica-ARI.
“El legislador González ha demostrado indignidad para formar parte del cuerpo legislativo y, como consecuencia, debe ser expulsado. Ello debe ser determinado en un proceso justo y con celeridad, y no a través de uno exprés que aparenta esconder bajo la alfombra la realidad de los hechos”, agregó.
Luciana Echevarría, de MST-Nueva Izquierda, realizó una enumeración de inconductas, como la obtención de la licencia, el uso de autos judicializados y las declaraciones juradas de bienes por parte de González.
“Quedó claro el desprecio por la vida y el ciudadano, el uso de los privilegios, tener impunidad, pero que les quede claro que se si hunde González, se hunden varios. No esperaba otra cosa de ustedes. Me dan asco”, dijo Echevarría.
“Los tiempos de la Legislatura no son los tiempos de la familia... Vamos a seguir pidiendo la expulsión, en las calles, donde sea porque queremos memoria, verdad y justicia por Alejandra, Alexa y Marina, no nos vamos a cansar de estar en las calles”, advirtió Noelia Agüero, de Izquierda Socialista – FIT Unidad.
“Humildemente pienso que le asiste a este cuerpo al que pertenezco el deber de dar una clara señal a la sociedad acerca de las responsabilidades que le caben a cada uno de los funcionarios públicos, sabiendo que los poderes del Estado deben estar siempre al servicio de los ciudadanos, y no a la inversa”, sumó Cossar.
El enojo de la familia
Al término de la sesión, los familiares de la docente fallecida y de las menores internadas cuestionaron la aprobación de la suspensión.
“Esto es la nada misma porque sigue siendo legislador. Denunciamos que Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba se convirtieron en el frente mugroso de impunidad y corrupción. ¿Así creen que van a representar al pueblo?”, se preguntó Gustavo Álvarez, papá de una las adolescentes.
